La situación de las trabajadoras del hogar en México sigue siendo preocupante, a pesar de los avances en la legislación que buscan asegurar sus derechos laborales. Según recientes informes, únicamente el 3% de estas trabajadoras está inscrito en algún sistema de seguridad social, un dato alarmante considerando que la Ley Federal del Trabajo (LFT) establece la obligatoriedad de proporcionarles este beneficio.
Las trabajadoras del hogar, que se encargan de tareas fundamentales en los hogares, incluyendo el cuidado de niños, personas mayores y la limpieza del hogar, han sido históricamente marginadas en términos de derechos laborales y protección social. La falta de acceso a la seguridad social no solo impacta su bienestar individual, sino que también refleja una realidad socioeconómica en el país, donde la informalidad y la desigualdad persisten.
A pesar de la reforma que reconoció formalmente a estas trabajadoras como integrantes del sector laboral en 2019, los esfuerzos para su inclusión en el sistema de seguridad social no han tenido el impacto esperado. Las barreras culturales, las condiciones económicas de las familias y la falta de información siguen dificultando su registro en estas prestaciones. Además, la percepción de que la labor del hogar no es “un trabajo de verdad” continúa vigente, desestimando la importancia de su contribución a la economía.
Los datos también revelan que, en un contexto donde el trabajo en el hogar se ha intensificado, especialmente tras la pandemia de COVID-19, la necesidad de garantizar seguridad social para estas trabajadoras es más urgente que nunca. La inclusión en el sistema de salud, la posibilidad de acceso a pensiones y otros beneficios son cuestiones que no solo deben ser planteadas como un derecho, sino también como una cuestión de justicia social.
La falta de garantías para las trabajadoras del hogar pone de manifiesto las desigualdades de género presentes en el mercado laboral. La mayoría de estas trabajadoras son mujeres, muchas de las cuales provienen de contextos de vulnerabilidad y precariedad económica. Sin una red de protección adecuada, se ven expuestas a riesgos laborales, abusos y explotación.
Es imperativo que tanto el gobierno como la sociedad civil tomen medidas más efectivas para garantizar que estas trabajadoras accedan a la seguridad social. Aumentar la concienciación social sobre su valor y su papel en la economía es crucial para cerrar la brecha de desigualdad que aún existe. Las políticas públicas deben enfocarse en eliminar los obstáculos que impiden su registro y proporcionar programas de educación y difusión que informen tanto a empleadores como a trabajadoras sobre sus derechos.
La realidad de las trabajadoras del hogar es un reflejo de un sistema que aún tiene mucho camino por recorrer para alcanzar la equidad. Abordar esta situación no solo es una cuestión de cumplimiento legal, sino de reconocer y valorar la dignidad del trabajo que realizan, lo cual es fundamental para construir una sociedad más justa e inclusiva.
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