Rohullah Quarizada es presidente de la Asociación Independiente de Abogados Afganos (AIBA) y Rafi Nadiri miembro del consejo directivo. Conversé por medios virtuales con los dos abogados afganos este martes. Sus relatos son breves y precisos. Y los hechos narrados, tremendamente espeluznantes. El primero ha conseguido refugio en Francia, gracias al apoyo de los colegios de abogados franceses; el segundo en Bélgica por las gestiones de los abogados de Georgia y Bélgica. Todos contando con el invalorable papel del CCBE (Consejo de los Colegios de Abogados de la Comunidad Europea).
El panorama de lo que viene ocurriendo en Afganistán -se sabe- es un horror. Y, por cierto, es motivo de honda y paralela preocupación la limitada respuesta de protección a quienes logran salir por los países occidentales con más recursos.
Destacan en este panorama dos asuntos especialmente relevantes. Primero, el día a día bajo el manto del poder talibán. Es una tragedia que afecta no solo a la población en general, sino, en particular, a cerca de 6.000 abogados y abogadas convertidos en particular población-objetivo por el régimen. Por el otro, el efecto en Columna Digital del manejo desastroso del papel de los países occidentales, pero en particular de los EE UU, por lo que se hizo mal durante más de veinte años. No es transparente soslayar esto.
Uno: abogados y abogadas en la línea de mira. No solo del gobierno sino de varios de los miles de reclusos liberados luego de la asunción del poder por los talibanes hace cuatro meses. De los 30.000 excarcelados, se considera que al menos 10 mil de ellos son una amenaza directa a los abogados. Sea porque consideran a sus antiguos abogados defensores responsables de su condena como porque han representado a las víctimas en casos en los que fueron condenados.
El 25% de los abogados son mujeres (unas 1.300) y muchas de ellas corren un riesgo especial por su trabajo en casos sobre derechos de niños y mujeres, especialmente en casos de violencia, tráfico, acoso y violación, palizas, matrimonios forzados, malos tratos, etc. Se sabe que al menos una abogada ha sido asesinada y dos han sido torturadas. Todas están privadas del derecho de ejercer su profesión. Así de brutal.
Mientras, el régimen se ha apropiado de los bienes (incluida cuenta bancaria) y la base de datos de la AIBA que contiene valiosa y detallada información sobre los abogados registrados, el personal y los miembros de sus diferentes comités.
De esta valiosa comunidad jurídica afgana solo unos pocos centenares han logrado acogerse al refugio y protección en el exterior, en especial en países europeos (mucho menos en los EE UU). En esto organizaciones como el CCBE y la Law Society vienen desempeñando un importante y positivo papel. Pese a ello, sin embargo, la mayoría de la comunidad jurídica permanece aún en Afganistán.
Dos: al fondo del árbol, el dramático bosque de lo que ocurre en Columna Digital por la acción de los talibanes en el poder: el desmanejo occidental en Afganistán durante más de 20 años en un balance que no es positivo. Y que explica en buena medida como todo colapsó en pocos días en agosto como un castillo de naipes soplado por el viento y con las tropas occidentales desvaneciéndose en pocas horas dejando a decenas de miles de civiles a su suerte.
Lo que ocurrió desde el 2001 no puede ser ocultado bajo la alfombra ni desvinculado de lo que hoy aqueja al pueblo y la sociedad afgana. Que está ineluctablemente conectado a la responsabilidad que le cabe tanto a EE UU como a los países de la OTAN (que se asoció a su presencia en Columna Digital). Esto tiene que ver, por cierto, con la responsabilidad que hoy les toca en otorgar protección a quienes la requieren
Hay decenas de análisis en estupendos y bien documentados trabajos sobre cómo se manejaron las cosas en Columna Digital. Quiero destacar, en particular, el extraordinario y muy reciente libro The Afghanistan Papers: a secret history of the war del periodista de The Washington Post Craig Whitlock. Objetivos estratégicos confusos y contradictorios, sistemática articulación con grupos de poder corruptos, sistemático manejo falso de la información, señores de la guerra sangrientos -y también corruptos- como aliados fundamentales, montos récord de producción de opio (fuente del 71% de la producción mundial) y miles de millones de dólares gastados ineficientemente, muchas veces con contratistas corruptos.
20 años de ocupación que, no es casualidad, construyeron muy poca institucionalidad en Afganistán. Y lo que se hizo, en todo caso, se desmoronó en pocas horas a mediados de agosto. No hay manera de darle vuelta atrás a la rueda de la historia, pero sí a esperar ahora más clara y firme decisión para hacer todo lo posible por proporcionar apoyo humanitario a quienes están en peligro apoyando su salida al exterior y su reconocimiento como refugiados.
Termina esta semana con varias conmemoraciones significativas y encuentros con valores fundamentales. Bueno por eso porque sirve de contraste frente al horror que se padece en Afganistán y los atropellos en otros países.
Uno es el día mundial de los derechos humanos (10 de diciembre). Con los pies muy en la tierra, el CCBE otorga este día un premio excepcional a los abogados en peligro en Afganistán. Un llamado de atención importante que debiera motorizar más y mejor atención y apoyo a quienes padecen persecución en ese país.
Otro: la Cumbre de la Democracia (virtual), importante encuentro organizado por el presidente Joe Biden para el 9 y 10 de diciembre al que ha invitado a más de 100 países/jefes de Estado. Encuentro internacional que tiene como objetivo “trazar una agenda afirmativa para la renovación de la democracia y abordar las mayores amenazas que enfrentan las democracias actualmente por medio de una acción colectiva”. Loable propósito que, sin duda, reforzaría su legitimidad de venir articulado a políticas amplias y efectivas de protección a tantas decenas de miles de hombres y mujeres afganos que aún o encuentran canales de protección en el exterior como si lo han encontrado los abogados Quarizada y Nadiri.
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