Mientras buena parte del Consejo de Ministros discute los métodos y los contenidos que deben prevalecer en la reforma laboral en marcha, se difunde el informe del Monitor de la Desigualdad, de CaixaBank, que apunta a un aumento en el índice de Gini y evidencia de forma rotunda la insuficiencia de las políticas destinadas a paliar la desbocada desigualdad en España. Más de un cuarto de la población, un 27%, está hoy en riesgo de pobreza o exclusión. Significa que los menguados ingresos que antes daban para vivir al día a uno de cada cuatro españoles hoy no dan ni siquiera para terminarlo. A la espera de los datos oficiales del INE, los expertos predicen que la pandemia ha cronificado esta patología.
¿Cuál es la magnitud del problema?
La magnitud del problema está sobre todo detrás de las cifras: el drama humano se abate de nuevo sobre quienes menos resistencias acumuladas, materiales e inmateriales, poseen. Las cifras encogen el corazón porque en ellas hay centenares de miles de familias sin remedio a la vista. El Gobierno ha impulsado numerosas medidas de ayuda, entre ellas un potente amortiguador como han sido los ERTE, y sin embargo el problema no cede y los datos siguen siendo escalofriantes.
El ingreso mínimo vital fue bienvenido pero llegó tarde, se ha gestionado mal y no ha alcanzado a cuantos debiera hacerlo. La desigualdad está hoy en los mismos niveles de hace 20 años, así que es improbable que en esa población afectada pueda crecer motivación o afán de logro alguno, emparedada entre la Gran Recesión y la abrupta irrupción de la crisis de la pandemia, justo cuando algunos pudieron empezar a vislumbrar un futuro mejor.
La brecha ha crecido
Porque quienes menos tienen, tienen menos cada vez, y ese poco se adelgaza peligrosamente, en particular entre jóvenes, mujeres, población con menor cualificación profesional y economía sumergida. Según el Banco de España, a finales del año pasado los ingresos del 10% más rico eran más de ocho veces superiores que los del 10% más pobre. La brecha se mantiene con el doble de parados en España que la media europea, mientras que la presión fiscal, según datos de Eurostat, sigue entre cinco y seis puntos por debajo del entorno, con una política social que favorece a pensionistas y clases medias antes que a rentas bajas y jóvenes, según ha señalado repetidamente el FMI.
“La respuesta acertada y rápida” a esta brecha que reclamaba el Consejo Económico y Social en su último informe iba destinada a reducir el impacto de la pandemia en los más pobres, pero no está siendo rápida ni acertada. Las consecuencias destructivas de la pandemia y la reducción de la brecha son razones de peso para reconsiderar la cultura fiscal española y asumir políticamente que el único instrumento para revertir la desigualdad de forma eficaz pasa por aumentar la presión fiscal: la desigualdad crónica es hoy la lacra más dañina de la sociedad española. Solo los impuestos permiten potentes políticas sociales y redistributivas, y España sigue por debajo tanto de la presión fiscal media de Europa como de la que le corresponde como Estado social y democrático de derecho.
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