Por Juan Carlos Sánchez Magallán
Justicia y dignidad nacional impulsan la acción judicial interpuesta por el Estado mexicano en la Corte de Boston, Massachusetts, Estados Unidos, al estar miles de mexicanos enlutados por el asesinato de sus familiares a causa del brutal tráfico ilícito de armas que fabrican las principales armadoras de Estados Unidos y que, sin control alguno, distribuyen y venden las casi 10 mil tiendas instaladas a lo largo de la frontera del río Bravo.
El uso de armas está regulado en nuestro país y corresponde al personal autorizado de las instituciones su permisibilidad para el desempeño de sus tareas; como lo es proteger a la población. El uso de la fuerza y de las armas de fuego sólo deben emplearse bajo este principio.
Felipe Calderón y sus impresentables colaboradores tomaron la irresponsable decisión de declararle la guerra al crimen organizado y acordaron, en lo oscurito, programas de colaboración, como el Rápido y furioso, con el Departamento de Justicia del vecino país.
Así, se multiplicaron los grupos delincuenciales; creció la extorsión, el secuestro, la tortura y las desapariciones forzadas. Ahí están las fosas clandestinas y las miles de víctimas que han sobrevivido a los horrores de la violencia ejercida por los cárteles de la droga, donde los sicarios gozan de un mejor armamento y de más alto poder que el de la Guardia Nacional, las policías estatales y municipales. Los homicidios fueron 9 mil en 2004 y pasaron a 36 mil en 2020.
Las armas ilegales son un negocio altamente lucrativo, anualmente ingresan a México medio millón, y se aseguran siete de cada 10. Sólo este mercado negro significa 250 mdd.
En 20 años las 100 principales empresas armamentistas han facturado ventas por más de cinco billones de dólares.
Amnistía Internacional sostiene que 15 mil millones de balas se fabrican cada año, cantidad suficiente para asesinar dos veces a todos los habitantes del mundo. Las estadísticas muestran que a diario 500 personas mueren a causa de la violencia producida por los ocho millones de armas fabricadas que salen al mercado (pistolas pequeñas y automáticas, revólveres, metralletas, fusiles de asalto y ametralladoras ligeras) sin incluir los AR15 (cuernos de chivo), los AK47 y los poderosísimos Barrett que atraviesan vehículos blindados.
Por increíble que parezca, al Consejo de Seguridad de la ONU lo integran los países más importantes que fabrican armas: EU, Rusia, Francia, China y Reino Unido. Sólo estos cinco concentran el 75% de la producción y venta de armas en el mundo. Según el último informe quincenal del Instituto Internacional de Investigación para la Paz de Estocolmo (SIPRI)
No es casual que China, Rusia y Estados Unidos no hayan suscrito el Tratado Internacional vigente sobre el comercio de armas de 2014, que contiene las normas básicas de su comercialización y su regulación restrictiva para su transferencia y exportación, e inobservado, pues la comercialización sigue en aumento violando la normativa del derecho internacional humanitario, pudiendo ser eventos constitutivos de posibles crímenes de guerra al tipificarse crímenes múltiples, consecuencia del daño directo e indirecto ocasionado por las prácticas negligentes de estas empresas.
La demanda mexicana pretende frenar el mercado ilícito a nuestro país, disminuir el poder de fuego de los grupos criminales y una indemnización por los daños causados por los 17 mil asesinatos, que puede alcanzar el 2% del PIB de México, situación que será definida por el tribunal.
Largo es el camino de la demanda, sin embargo, nuestro país ya ganó al evidenciar e instalar este amoral tema del comercio de armas ilegales en la agenda internacional y por las obscenas utilidades que obtienen las empresas propiciadoras de violencia y muerte en México y el mundo, ¿o no, estimado lector?
