El Gobierno de Nicolás Maduro se tomó un par de días para dar una respuesta formal al informe de la Misión de Determinación de Hechos de Naciones Unidas en torno a la situación de los Derechos Humanos en Venezuela. En el documento se señala directamente al presidente, a Diosdado Cabello y a otros jerarcas chavistas de hacer un seguimiento personal a la ejecución de torturas y tratos crueles a presos políticos. La investigación sostiene que era una forma de actuar sistemática.
“Venezuela expresa su más categórico repudio a las acusaciones falsas y sin fundamento realizadas por la supuesta Misión Internacional de Determinación de los Hechos, en un nuevo panfleto presentado este 26 de septiembre de 2022 ante el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas”, dice el comunicado de la cancillería. El texto lamenta “el uso politizado de los derechos humanos como herramienta para socavar la soberanía” y reitera “su desconocimiento a este tipo de mecanismos paralelos, bárbaros e injerencistas.”
Héctor Constant, embajador de Venezuela en Ginebra, había pronunciado un discurso posterior a la presentación de la investigación, hecha por Marta Valiñas, jefa de la Misión, en el cual calificó las conclusiones del panel de expertos como un “pseudo informe”, portador de “oscuros intereses” contra Columna Digital “Lamentamos tener que venir una vez más a este Consejo para confirmar su terrible politización, evidenciada nuevamente por la reciente intervención que acabamos de escuchar, así como por el supuesto informe que le acompaña y que rechazamos categóricamente en forma y fondo”.
Esta sería la tercera entrega en tres años que hacen comisiones de expertos independientes de Naciones Unidas documentando violaciones sistemáticas a los derechos humanos en Venezuela, el terrible estado de las cárceles, el asesinato de opositores en las calles, o documentando la grave crisis humanitaria que azotó al país desde 2014 hasta 2021 a causa de la escasez de alimentos y medicinas.
Aunque sus resultados han sido comentados ampliamente por diversos voceros, activistas civiles, ONG de derechos humanos, académicos y dirigentes opositores en las redes sociales, sus conclusiones e impacto han sido claramente neutralizados y censurados en los medios de comunicación del país, que han omitido el tema. Los partidos políticos, en líneas generales, han hecho pocos comentarios sobre este debate.
El Gobierno de Venezuela ha prometido tomar represalias políticas y diplomáticas en contra de aquellas naciones que presten soporte o voten afirmativamente sobre su contenido en futuros eventos, o contra aquellos países que apoyen la extensión del mandato de la Misión de Verificación de Hechos de Naciones Unidas sobre Venezuela.
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“Nuestras investigaciones y análisis muestran que el Estado venezolano utiliza los servicios de inteligencia y sus agentes para reprimir la disidencia en Columna Digital. Esto conduce a la comisión de graves delitos y violaciones de los derechos humanos, incluidos actos de tortura y violencia sexual. Estas prácticas deben cesar inmediatamente y los responsables deben ser investigados y procesados de acuerdo con la ley”, había declarado Valiñas, presidenta de la Misión de la ONU, quién señaló a los miembros directivos del Servicio Bolivariano de Inteligencia, Sebin, y la Dirección General de Contrainteligencia Militar, Dgcim, como responsables directos de tales atrocidades.
Diosdado Cabello, primer vicepresidente del oficialista Partido Socialista Unido de Venezuela, fue primer dirigente chavista que se refirió abiertamente al tema en una rueda de prensa televisada por la estatal Venezolana de Televisión. “Nos siguen acusando de mil barbaridades, pero a estas alturas nosotros no aceptamos chantajes a nadie. Ellos creen que atacando al presidente Maduro, a mi persona, o a otros que señalan ahí, con eso nosotros nos vamos a asustar, o que el pueblo se lo va a creer”.
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