Al aeropuerto de Barcelona le aprietan las costuras. La instalación cerró el año 2019, el último ejercicio antes del batacazo pandémico, sumando 52,6 millones de usuarios, al borde de su capacidad estimada en unos 55 millones de viajeros. Pero los planes de Aena, participada en un 51% por el Estado, para llevar a cabo una ambiciosa ampliación que elevaría el techo hasta los 72 millones de pasajeros han topado con un frente opositor que esgrime razones medioambientales para evitar verter más cemento en una zona especialmente sensible del Delta del Llobregat.
Pero el plan de Aena afecta a un espacio protegido. Se trata de la laguna La Ricarda, incluida en la Red Natura 2000. Cualquier actuación sobre este espacio protegido obliga a contar con permisos de la Unión Europea. Además, pese a las compensaciones ofrecidas por los promotores, este es el principal argumento de peso para frenar una intervención que lleva aparejada una inversión de 1.700 millones de euros y la previsible creación de más de 80.000 puestos de trabajo directos, según un estudio encargado por Aena a investigadores de la Universidad de Barcelona (UB). La oposición de ecologistas y la indecisión del Govern amenaza con echar al traste la operación, que debería contar con la luz verde antes de septiembre de este año. Esa es la fecha límite para que Aena presente su plan de inversiones quinquenal al Gobierno, que aprobará el Consejo de Ministros tras el verano.
Aena plantea alargar 500 metros una de las pistas del aeródromo para desahogar el campo de vuelo e impulsar las cifras de operaciones y de viajeros. Lo defiende como una operación clave para consolidar Barcelona como un hub internacional, una base de operaciones para que las aerolíneas operen sus vuelos entre Europa y, básicamente, Asia y América.
Lluís Sala fue durante más de una década jefe de operaciones del aeropuerto de Barcelona y estuvo al frente de la puesta en marcha de la terminal T1. “Lo primero que hay que tener claro es qué aeropuerto se quiere”, advierte. “Desde hace 25 años se está pidiendo un aeropuerto con el mayor número posible de conexiones, pues hay que tener capacidad para atraer a las compañías que pueden ofrecer ese tráfico”. Sala manifiesta que “si el aeropuerto quiere crecer y garantizar su futuro la ampliación de la pista es necesaria”. Su dictamen no esconde que hay un conflicto con la protección del entorno natural y que debe ser resuelto: “Todos estamos concienciados con el cambio climático. Pero, ¿por qué hay que pensar que no pueda ser compatible con mejorar la infraestructura?”, se pregunta. Sonia Corrochano, directora del aeropuerto, rehúye que exista una disyuntiva e indica que los beneficios económicos y el impacto en el medio ambiente “deben ser compatibles en la ampliación”.
