La Fiscalía General de la República (FGR) ha intensificado su investigación sobre un esquema de lavado de dinero que involucra a la empresa Maquiladora de Lubricantes y su conexión con altos funcionarios, incluida la familia del Gobernador Samuel García. En el centro de esta trama se encuentra un pago de 15 millones de pesos por servicios profesionales a uno de los despachos fiscalistas de García, su padre y su medio hermano. La empresa, con acciones de Jesús Ricardo Puente Díaz, un empresario coahuilense detenido el 28 de mayo en Nuevo León, se ha convertido en el foco de atención por operaciones sospechosas y por ser parte de una serie de transacciones presuntamente ilícitas.
El día de su captura, la FGR catalogó a Puente como “petrofacturero”, un término que despierta preocupación debido a su implicancia en delitos económicos relacionados con productos petroleros. Entre los meses de noviembre de 2021 y marzo de 2022, GMA Firma Jurídica expidió ocho facturas a nombre de Maquiladora de Lubricantes, sumando un total de 15 millones 059 mil 957 pesos. Este ingreso se posiciona como el sexto de mayor volumen para el despacho fiscalista en cuestión, lo que agrava las sospechas sobre la regularidad de estas transacciones.
A medida que avanza la investigación, se ha emitido una segunda orden de captura contra Puente, quien se enfrenta a cargos relacionados con la delincuencia organizada y operaciones con recursos ilícitos. La FGR ha vinculado su participación en un esquema más amplio de lavado de activos, sugiriendo que su empresa forma parte de una red más compleja que afecta la integridad económica del país.
Además de Puente, la ofensiva judicial ha llevado a expedir órdenes de captura para otros individuos considerados prófugos, incluidos Carlos Alberto Velázquez Nieto y Karina Melissa Guerrero Rodríguez. Estos arrestos están motivados por la supuesta colaboración en un esquema diseñado para ocultar el origen ilícito de bienes procedentes de delitos en el sector de hidrocarburos.
Dentro de esta amplia pesquisa, se están investigando las operaciones financieras de varias empresas vinculadas a Velázquez, incluyendo Distribuidora Industrial Fronteriza y Energética Carvel. La FGR ha indicado que Velázquez, quien también ejerce como accionista y representante legal de Energética Carvel, ha estado en el centro de este entramado, aunque se ha beneficiado temporalmente de una suspensión de amparo que le protege de arrestos.
Gobernando en un ambiente donde la corrupción y el lavado de dinero son realidades complejas, la administración de García se enfrenta a un reto crítico. La FGR sigue investigando a fondo las operaciones sospechosas en un esfuerzo por desmantelar este posible red de complicidad, con el objetivo de restaurar la confianza pública en las instituciones del país. A medida que el caso avanza, permanecerá en la mira de la opinión pública, recordando que la justicia se impone no solo en los tribunales, sino también en la percepción ciudadana de la ética y la transparencia gubernamental.
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