Patricia Tobón Yagarí (Jardín, 42 años) es uno de los rostros más visibles de la inédita participación indígena en el Gobierno de Gustavo Petro. Abogada constitucionalista, la directora de la Unidad para las Víctimas procede de la comunidad embera chamí –uno de tantos pueblos golpeados por el conflicto armado que Colombia busca extinguir– y vivió sus primeros años en el resguardo de Karmatarrúa, en el departamento de Antioquia. Viene de ser la más joven entre los 11 miembros de la Comisión de la Verdad, surgida del acuerdo de paz con la extinta guerrilla de las FARC, que entregó su esperado informe final el pasado junio. El documento, entre otras, reconoce que los pueblos étnicos han sufrido la violencia de manera desproporcionada.
“La guerra se dio principalmente en lo rural, y muchísimas personas lo vivimos”, dice Tobón Yagarí en su nuevo despacho en el occidente de Bogotá, cerca del aeropuerto El Dorado, un enorme y desangelado edificio por el que peregrinan diversos grupos de víctimas. Le tocó ver el territorio indígena ocupado por grupos armados, personas que se fueron a la guerra para nunca volver y comunidades enteras confinadas por las minas. “En Colombia las víctimas no se miden por un hecho victimizante sino por múltiples hechos victimizantes”, suele explicar. Decidió ser abogada porque era una necesidad para su comunidad.
Cuando llegó en agosto a dirigir la Unidad –surgida en 2012 de una ley sobre víctimas y restitución de tierras– se encontró con un “rezago monumental” de incumplimientos. Algunos informes señalan que se necesitarían más de 90 años para reparar integralmente a las víctimas del conflicto armado. “Podemos contribuir a que las brechas de ese rezago disminuyan”, dice sobre un equipo de trabajo volcado sobre el terreno. “La unidad va a cumplir su función de ser el eje articulador de la política de víctimas, llevando a las diferentes instituciones del Estado nacional a esos territorios”, promete. “Adecuarse a las necesidades del territorio es un ejercicio que nos han pedido a todas las entidades del Estado. Es el reto grande que tiene este Gobierno. Vamos a cumplirle a las víctimas”.
En las cifras oficiales se cuentan 9.379.858 víctimas registradas, de las cuales la inmensa mayoría, el 91%, son víctimas de desplazamiento forzado. La mayoría también se encuentra en situación de pobreza. Ese número no se reduce, por el contrario, aumenta debido a que el conflicto resurge, se lamenta la funcionaria.
De su mano llega también una nueva sensibilidad a la entidad. “Soy indígena, he trabajado toda mi vida en favor de las víctimas en muchos territorios donde no hay Estado, donde el Estado han sido las propias comunidades, las organizaciones indígenas, afrodescendientes, campesinas, de derechos humanos y la iglesia, donde han sido los liderazgos comunales quienes han tenido que intentar resolver, con lo que pueden, la realidad que padecen”, rememora sobre su currículo, que incluye el proceso de escucha profunda de la Comisión de la Verdad. “Por muchos años hice el seguimiento de las órdenes que los jueces daban a las entidades, e hice anotaciones sobre el incumplimiento de esta entidad, de la Unidad para las Víctimas, y observaciones de la ausencia de los enfoques de trabajo de la ruralidad, del enfoque étnico, de género”, detalla.
Eso va a requerir una transformación para abrirse a la ruralidad, a los enfoques de género, a lo étnico y a la implementación del acuerdo de paz. Una de sus grandes tareas, afirma con convicción, es que la Unidad se ponga al día en el cumplimiento de las órdenes judiciales, de la Contraloría y la Procuraduría, así como articular a la entidad con el Sistema Integral para la Paz, surgido del acuerdo con las FARC, pero también con el de Justicia y Paz, que salió del proceso con los paramilitares, y con todo lo que se debate ahora mismo en el marco de la paz total que persigue este Gobierno.
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Tobón Yagarí es también la funcionaria de más alto nivel que ha llegado hasta el Alto Andágueda, en el departamento de Chocó, el territorio de donde salieron desplazados por la violencia muchos indígenas embera empujados a la mendicidad en ciudades como Bogotá. En noviembre llegó a esa comunidad, a la cabeza de medio centenar de funcionarios de distintos ministerios, con el propósito de resolver el problema crónico del desplazamiento. El retorno de los embera fue también el motivo del primer acuerdo alcanzado en la mesa de negociación del Gobierno con la guerrilla del ELN en Caracas.
Las protestas de los embera que llevan dos años en asentamientos en Bogotá desembocó en una batalla campal en el centro de la capital en octubre. Entonces se inició un diálogo entre el Gobierno y los indígenas, en el que ha estado muy involucrada. “Una de las grandes conclusiones de esas reuniones es que era necesario poder dialogar con el ELN sobre el retorno de los embera, y garantizar que ellos pudieran de verdad estar en sus territorios”, cuenta. El eventual regreso depende de apaciguar el conflicto. “El nuevo Sistema Integral de Atención a las Víctimas se abre a un proceso de articulación conjunta con el alto comisionado de Paz, con el Ministerio de Defensa, porque hay muchos territorios confinados”, agrega. “La paz no puede significar otra cosa que recuperar para esas poblaciones la posibilidad de reconstruir sus proyectos de vida”, enfatiza.
“La política de paz total busca que el alto comisionado de Paz, en aquellos territorios donde hay conflicto armado, dialogue con esos grupos”, explica Tobón Yagarí con un tono pausado. “La Unidad para las Víctimas trabaja para que a esos territorios llegue el Estado, articulado para atender a esas víctimas. Entonces, uno de los asuntos primordiales también en este diálogo es que en esos lugares realmente cambie la situación, y el Estado pueda llegar”. Se refiere a una oferta institucional concreta que incluya vías, salud, educación, vivienda o agua potable. “La necesidad es tan grande que vamos a tener que trabajar también modelos comunitarios de cooperación de estas mismas obras”, concede.
La directora de la Unidad de Víctimas hace parte de los nombramientos que han roto el techo del poder indígena en Colombia. Se suma a Leonor Zalabata, defensora de derechos humanos arhuaca de la Sierra Nevada de Santa Marta, que se desempeña como embajadora de Colombia ante la ONU en Nueva York, y al director de la Unidad de Restitución de Tierras, Giovani Yule, de la comunidad nasa del Cauca. “La Comisión de la Verdad abrió un espacio muy importante de participación y escucha a los étnicos”, valora Tobón Yagarí. “Eso permitió también visibilizar y generar una conciencia pública de que los pueblos étnicos son sujetos de construcción de paz, que tienen propuestas y capacidades de ayudar a construir un país distinto”.
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