El 15 de enero de 2026, se marcó un hito en la lucha por la igualdad sustantiva en México con la publicación de una reforma que abarca 17 leyes, destinada a reforzar las políticas en esta materia y a regular las funciones de la Secretaría de las Mujeres. Esta reforma incluye modificaciones a la Ley Federal del Trabajo (LFT), centradas en promover un entorno laboral libre de violencias y discriminaciones hacia las mujeres.
Uno de los cambios más significativos se encuentra en el artículo segundo de la LFT, donde se establece que las normas laborales están diseñadas para fomentar un trabajo digno en un entorno que respete plenamente los derechos humanos. Por su parte, el artículo tercero, que previamente reconocía el derecho al trabajo como fundamental, ahora enfatiza que debe realizarse en un clima sin discriminaciones y violencias.
Particularmente destacable es la modificación al artículo 16, que obliga a las empresas a colaborar para mantener entornos laborales sin discriminaciones o violencias hacia las mujeres. Esto significa que los empleadores tendrán la responsabilidad de capacitar a su personal en la prevención de la violencia de género, un paso crucial hacia un ambiente laboral más seguro e inclusivo.
El artículo 56 también ha sido reformado para recalcar que las condiciones laborales no solo deben basarse en la igualdad sustantiva entre géneros, sino que deben asegurar la ausencia de violencia y discriminación en todas sus formas. Este avance es particularmente relevante, considerando que, según la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, hasta octubre de 2025, la tasa de participación económica de las mujeres fue del 45.6%, con una ocupación femenina de 24.4 millones.
Sin embargo, el panorama laboral sigue siendo desafiante. La Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH 2021) reveló que tres de cada diez mujeres han enfrentado discriminación o violencia en sus lugares de trabajo en algún momento de sus vidas. Las formas más comunes de violencia incluyen conductas discriminatorias, violencia sexual, psicológica y física; estas manifestaciones provienen mayoritariamente de compañeros de trabajo o jefes.
Un informe del Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México (COPRED) señala que el embarazo es la principal causa de discriminación en el ámbito laboral, con un 12.9% de los encuestados expresando su reticencia a contratar a mujeres embarazadas o con hijos pequeños. Así, es vital garantizar que el ejercicio del derecho al trabajo, que es fundamental para la obtención de ingresos y el acceso a otros derechos, se lleve a cabo en un entorno sin violencia ni discriminación.
A pesar de estos avances, aún hay áreas que requieren atención. La ratificación del Convenio 190 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en 2022 fue un paso significativo, pero la legislación laboral aún no se ha armonizado completamente con sus disposiciones. Definiciones claras sobre violencia laboral y acoso, así como protocolos con carácter preventivo, siguen siendo temas por resolver.
El exhorto a que los empleadores capaciten a su personal es sin duda un avance, pero la efectividad de las reformas dependerá de una supervisión y verificación rigurosas del cumplimiento. Además, es crucial proporcionar directrices efectivas para asegurar que las capacitaciones sean relevantes y atiendan adecuadamente los problemas identificados.
Aunque queda mucho por hacer, es innegable que estas reformas representan un progreso significativo hacia la creación de espacios laborales más justos y libres de violencia. Con un enfoque continuo en la implementación y mejora de las políticas, México avanza hacia una sociedad más equitativa para todas las personas.
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