Los ataques de la vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner, contra fiscales y magistrados han subido de tono después de que el martes fuese condenada a seis años de cárcel por corrupción e inhabilitada de por vida a ejercer cargos públicos. Tras la sentencia los kirchneristas preparan un contraataque en las calles: el lunes se movilizarán en el centro de Buenos Aires mientras la vicepresidenta participa en una reunión del Grupo de Puebla, el foro integrado por líderes de la izquierda latinoamericana.
Los gestos de apoyo a Kirchner y las críticas al Poder Judicial se han multiplicado entre ministros, legisladores, gobernadores y alcaldes peronistas. “Ahora toda la sociedad va a tener que hacerse cargo de este problema que tenemos: la mafia judicial que decide sobre nuestras vidas”, declaró la senadora Juliana di Tullio este miércoles en rueda de prensa. Di Tullio recordó que la condena judicial estuvo precedida por dos hechos de violencia contra Kirchner: en marzo su despacho en la Cámara Alta fue atacado a pedradas y en septiembre intentaron matarla a las puertas de su casa.
Asimismo la contracara de la ofensiva kirchnerista contra la Justicia han sido los numerosos mensajes de apoyo lanzados desde las filas opositoras. Aplauden un “fallo histórico”, que por primera vez ha condenado a una vicepresidenta en ejercicio, y al que consideran un gran paso contra la impunidad.
Sin éxito en su reforma
Kirchner, primero como presidenta, entre 2007 y 2015, y después como vicepresidenta, desde 2019, ha intentado sin éxito reformar el sistema judicial. Hace dos años, el último proyecto presentado por el Ejecutivo argentino buscaba diluir el poder de los doce jueces federales de Comodoro Py, sobre los que recaen los juicios por presuntos delitos perpetrados por políticos. El texto presentado ante el Congreso proponía una gran reorganización y ampliación de la justicia federal penal, que implicaba el nombramiento de 23 nuevos magistrados.
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Datos basados en información reportada originalmente por elpais.com.






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