El presidente brasileño, Jair Bolsonaro, lleva años presumiendo de que en su Gobierno no ha habido casos de corrupción. El discurso de mano dura contra los corruptos, que incluyó el fichaje estrella del juez Sérgio Moro como ministro de Justicia, era uno de los principales vectores de movilización de su base electoral, sobre todo en sus primeros años de mandato. No obstante, los hechos auguran que esa bandera quedará algo desgastado de cara a las elecciones de octubre próximo.
El último revés se produjo la semana pasada, cuando el exministro de Educación Milton Ribeiro fue detenido por sospechas de corrupción en la distribución de fondos públicos. Bolsonaro, que cuando surgieron las primeras informaciones llegó a decir que ponía “la cara en el fuego” por Ribeiro, esta semana matizó: “No tenemos ninguna corrupción endémica en el gobierno, hay casos aislados que aparecen y buscamos soluciones”.
Todo empezó en el mes de marzo, cuando la prensa brasileña sacó a la luz unas grabaciones comprometedoras: Ribeiro, que además de ministro es pastor de la Iglesia Presbiteriana, mantenía una reunión a puerta cerrada con otros pastores evangélicos sin cargos en el Gobierno. Los pastores Gilmar Santos y Arilton Moura pedían liberar fondos públicos de la educación para determinados municipios. Actuaban haciendo lobby en el Gobierno a cambio de dinero. Un alcalde llegó a decir que, además de dinero, uno de los pastores le exigió un kilo de oro para conseguir los recursos.
El exministro es investigado por corrupción pasiva, abogacía administrativa, tráfico de influencia y prevaricación. Es el cuarto ministro de Educación que deja la cartera durante el Gobierno Bolsonaro; desde 2019, todos los que pasaron por el ministerio protagonizaron algún tipo de polémica.
La semana pasada, el exministro y los pastores denunciados fueron arrestados y puestos en libertad al día siguiente por orden judicial. El comisario que lleva el caso, Bruno Calandrini, afirmó en un informe de la Policía Federal que el exministro sabía que iban a registrar su residencia y que “supuestamente” había sido informado por una llamada del presidente Bolsonaro. Más tarde, apareció una grabación telefónica en que el exministro le comentaba a su hija que Bolsonaro le había alertado de la operación policial.
La mención al presidente hizo que el caso saltara al Tribunal Supremo Federal. La jueza Carmen Lúcia pidió a la Fiscalía que estudie si hay que abrir una investigación dado el “cuadro de gravedad incontestable”. No sería la primera vez que Bolsonaro es acusado de interferir en la independencia de la Policía Federal. La acusación más sonada fue del propio Moro, que dejó de forma estrepitosa el Gobierno afirmando que Bolsonaro quería controlar la cúpula de la Policía Federal para proteger a su familia, sobre todo a uno de sus hijos, el senador Flávio Bolsonaro, enredado en un caso de blanqueo de dinero.
Desgaste electoral
En paralelo a la vía judicial, el escándalo del ministerio de Educación también avanza en el terreno político: el líder de la oposición en el Senado, Randolfe Rodrigues, se apresuró a reunir los apoyos necesarios para instalar una comisión legislativa de investigación. Consideró que hay indicios suficientes para pensar que los “tentáculos del caso llegan al Palacio de Planalto (la sede del Gobierno)”.
La petición ya está sobre la mesa del presidente de la Cámara Alta, Rodrigo Pacheco, que podría darle luz verde en los próximos días. En caso de que salga adelante, la comisión podría convertirse en una bomba de relojería para el Gobierno en plena campaña electoral, con incómodos interrogatorios diarios retransmitidos en directo en televisión.
El efecto del escándalo en la opinión pública aún es incierto, pero llega en el peor momento para Bolsonaro, que necesita remontar a marchas forzadas si quiere tener opciones de desbancar a Lula da Silva en las elecciones presidenciales de octubre. Según la última encuesta del instituto Datafolha, divulgada a finales de junio, en un segundo turno entre los dos el líder de la izquierda tendría el 57% de los votos, frente al 34% de Bolsonaro.
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