En un acontecimiento significativo para el mundo laboral, el Senado de la República ha aprobado de manera unánime una reforma constitucional que establece una reducción de la jornada laboral a 40 horas semanales. Este avance legislativo representa el primer paso de un extenso proceso que busca modernizar una normativa que ha permanecido inalterada durante más de un siglo. Aunque la iniciativa ya ha ingresado a la Cámara de Diputados, su implementación está sujeta a un recorrido legislativo prolongado.
El 11 de febrero marcó un hito cuando los senadores decidieron avanzar con esta iniciativa. Ahora, se espera que los diputados dediquen aproximadamente 15 días para analizar el tema y programen la votación en pleno entre el 24 y 25 de febrero. Este dictamen, que modifica el apartado A del artículo 123, no podrá entrar en vigor de inmediato. Dada su naturaleza constitucional, requerirá la aprobación de ambas cámaras federales y, posteriormente, la ratificación por al menos 17 congresos locales antes de ser enviado al Ejecutivo Federal.
Una vez que la propuesta llegue a la presidencia, la titular del Ejecutivo, Claudia Sheinbaum Pardo, deberá publicarla en el Diario Oficial de la Federación (DOF). Sin embargo, esto no indica que las 40 horas se implementen de manera instantánea; aún será necesario continuar el debate legislativo para enmendar la Ley Federal del Trabajo (LFT), lo que resultará crucial para definir el proceso de adaptación a esta nueva normativa.
La razón para modificar la LFT es evidente. Aunque la reforma constitucional establecerá un nuevo límite de 40 horas semanales, no especifica cómo se llevarán a cabo las reducciones gradual y operativa. Por ello, los detalles sobre el periodo de preparación para los empleadores, el registro electrónico obligatorio sobre el tiempo de trabajo y las adaptaciones necesarias para sectores con jornadas especiales aún deben tratarse en la legislación secundaria.
Un aspecto relevante es que la reducción de horas de trabajo no debe traducirse en una disminución de salarios ni de prestaciones para los empleados. Bajo el nuevo marco, las horas extraordinarias estarán reguladas, limitando a 12 horas semanales con un máximo de cuatro al día y pagando con un 100% adicional al salario ordinario por las primeras 12 horas extra. En caso de superarse este límite, las horas deberán pagarse con un incremento del 200%. Además, se prohibirá el trabajo extra para menores de 18 años.
Para evitar un impacto inmediato en la economía y facilitar que las empresas se adapten a esta nueva normatividad, la reducción se implementará de forma gradual comenzando el 1 de enero de 2027. Aunque la Constitución menciona meramente los años, será la LFT la responsable de detallar el calendario de reducción.
El periodo de preparación para la adecuación de las empresas se extenderá desde el 1 de mayo al 31 de diciembre de 2026, durante el cual la jornada laboral se mantendrá en 48 horas. Posteriormente, las reducciones se llevarán a cabo de la siguiente manera:
– 1 de enero de 2027: la jornada se reduce a 46 horas.
– 1 de enero de 2028: regresará a 44 horas.
– 1 de enero de 2029: se establecerá en 42 horas.
– 1 de enero de 2030: finalmente, se alcanzarán las 40 horas.
Este marco legislativo no solo tiene implicaciones para los trabajadores, sino que también busca asegurar condiciones laborales más justas y equilibradas. La discusión sobre la reforma a la LFT y su implementación será esencial en los próximos meses, marcando un cambio inevitable en el panorama laboral del país.
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