La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, ha dado un paso significativo hacia la reforma de las pensiones de altos funcionarios al anunciar que el próximo lunes 23 de febrero enviará al Congreso una propuesta de reforma constitucional. La iniciativa busca establecer un tope en las pensiones de exservidores públicos de confianza, con la expectativa de generar un ahorro de aproximadamente 5,000 millones de pesos, que se destinarán a programas de bienestar social.
El planteamiento centra su atención en la modificación del Artículo 127 de la Constitución, con el objetivo de que, de ser aprobada, ninguna pensión de exfuncionarios pueda sobrepasar el 50% del salario que recibe el presidente de la República. Actualmente, se han documentado casos donde exfuncionarios reciben pensiones mensuales que ascienden hasta un millón de pesos o 300,000 pesos a expensas del erario público. La mandataria enfatizó la necesidad de erradicar este tipo de privilegios, afirmando: “en un gobierno que busca eliminar privilegios no podemos seguir pagando altísimas pensiones con recursos del pueblo”.
Es importante resaltar que la reforma, en caso de ser concretada, no tendrá carácter retroactivo; es decir, no se verá afectado el monto que ya reciben los actuales beneficiarios de pensiones excesivas. Sin embargo, aquellos que actualmente perciben montos superiores al nuevo límite, estimado en alrededor de 70,000 pesos mensuales, sufrirán ajustes en sus ingresos una vez que la modificación entre en vigor.
La consejera jurídica del Ejecutivo, Esthela Damián Peralta, detalló que la iniciativa pretende incluir a otros organismos descentralizados, empresas estatales, fideicomisos públicos y la banca de desarrollo, sustentándose en principios de austeridad republicana y responsabilidad financiera. Asimismo, Sheinbaum mencionó que la iniciativa no alterará los derechos de trabajadores amparados por contratos colectivos, especialmente aquellos pertenecientes a sindicatos de empresas productivas del Estado.
Durante una conferencia de prensa, se abordaron las posibles objeciones legales a esta reforma, y la presidenta aseguró que, al tratarse de una modificación constitucional, no deberían prosperar posibles amparos en contra de la misma, dejando el tema en manos de las instancias judiciales.
El anuncio ha suscitado reacciones positivas en el Senado. Ignacio Mier Velazco, presidente de la Junta de Coordinación Política, expresó su apoyo al planteamiento, destacando que la reforma busca cerrar una brecha de desigualdad evidente entre los altos funcionarios y el resto de los trabajadores del Estado. Mier Velazco aseguró que la medida responde a una necesidad de rectificar la situación que representa un “sangrado” para las arcas del país.
Por su parte, Ricardo Monreal Ávila, líder de la bancada de Morena en la Cámara de Diputados, también mostró su respaldo a la reforma, subrayando que es un asunto fundamental en la vida pública de México y que es imperativo regular estas pensiones millonarias que son pagadas por el pueblo.
La introducción de esta reforma constitucional para topar las pensiones de exfuncionarios no solo representa una respuesta a la crítica situación económica, sino que también busca fomentar la equidad y la justicia social en un país donde la desigualdad sigue siendo un reto importante. El camino hacia la aprobación de la reforma se vislumbra como un paso significativo en la agenda política de la administración de Sheinbaum, en línea con el principio de un gobierno que busque ser más austero y responsable con los recursos públicos.
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