El Tribunal Supremo de España ha dado un plazo de cinco días al Gobierno para que entregue la lista nominal de 163,020 personas afectadas por la suspensión cautelar del derecho al voto bajo la conocida 'ley de nietos'1, 2, 3.
El alto tribunal advierte que, si no se cumple el requerimiento, podrá imponer multas coercitivas de hasta 1,000 euros a los ministros responsables y deducir testimonio para exigir la responsabilidad penal correspondiente1, 2, 3. La orden se produce en el contexto de un proceso electoral convocado y tras la suspensión cautelar del voto para los descendientes de exiliados beneficiarios de la ley1, 3.
Lo que había pasado: El 22 de octubre de 2026, el Tribunal Supremo ordenó al Gobierno revisar los expedientes de nacionalizados por la 'ley de nietos' para que pudieran votar en las próximas elecciones y advirtió sobre consecuencias legales si no se cumplía la orden (Supremo exige revisar expedientes de nacionalizados por 'ley de nietos' para votar).
Qué exige el Tribunal Supremo
El Tribunal Supremo ha requerido al Gobierno que remita la lista nominal de las 163,020 personas afectadas por la suspensión del derecho al voto a la Sala de lo Contencioso-Administrativo, a la Junta Electoral Central y a la Oficina del Censo Electoral1, 2, 3. La Sala subraya que la Administración conoce la identidad de todas estas personas, ya que ha tramitado y resuelto sus expedientes, y considera incomprensible que aún no se haya facilitado la relación nominal solicitada1, 3.
El plazo para entregar la información vence el 28 de octubre de 2026, a las 15:00 horas, y el tribunal advierte que la falta de cumplimiento podrá acarrear una multa de 1,000 euros a los ministros responsables, reiterable hasta la completa ejecución de la orden, así como la posible deducción de testimonio para exigir responsabilidad penal1, 2, 3.
Advertencias y consecuencias para los afectados
El Supremo ordena que, al enviar la documentación electoral a los inscritos en el Censo de Electores Residentes Ausentes (CERA) bajo la 'ley de nietos', se incluya una advertencia expresa: la inclusión en el censo no garantiza el derecho al voto1, 3. Solo podrán votar quienes cuenten con certificación acreditativa de su condición de descendientes de exiliados en los términos establecidos por la ley1, 3.
Según los informes recibidos por el tribunal, hasta ahora se han revisado 31,390 expedientes y se han expedido 91 certificados que acreditan el exilio de los ascendientes1. La Sala considera que la situación actual genera inseguridad jurídica y operativa, afectando la estabilidad del censo electoral y poniendo en riesgo el ejercicio del derecho de sufragio de los afectados1.
Reacciones y recursos legales de los afectados
El despacho de abogados del exjuez Baltasar Garzón ha presentado ante el Supremo un incidente excepcional de nulidad en nombre de tres ciudadanos españoles que han visto suspendido su derecho al voto por la 'ley de nietos'2. El recurso alega la vulneración del derecho fundamental de participación política, así como del principio de igualdad ante la ley y la tutela judicial efectiva, argumentando que la suspensión del derecho de sufragio activo solo puede imponerse de forma individualizada y justificada, nunca en masa2.
El despacho sostiene que la suspensión afecta a extranjeros inscritos en el CERA pero no a quienes han adquirido la nacionalidad por la misma vía y no están inscritos en dicho censo, lo que consideran discriminatorio2. El Supremo deberá pronunciarse sobre esta petición de nulidad en los próximos días2.
Debate interno en el Tribunal Supremo
La magistrada Alicia Millán ha reiterado su voto particular en contra de las medidas adoptadas, señalando que afectan de manera fundamental la estabilidad del censo electoral y generan inseguridad jurídica1. Millán sostiene que estas circunstancias son incompatibles con los principios de certeza, estabilidad y regularidad que deben regir todo proceso electoral democrático1.
Por qué importa en España
La decisión del Tribunal Supremo afecta directamente a 163,020 personas, en su mayoría descendientes de exiliados, que han visto suspendido su derecho al voto bajo la 'ley de nietos'1, 3.
Fuentes
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Datos basados en información reportada originalmente por Europa Press.
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