¿Entienden la mayoría de los alcaldes el desafío de la inseguridad en el estado, notoria ésta como crimen organizado, extorsiones, amenazas, robos, etc.? Yo creo que muchos no y otros hacen como que no. La participación de los alcaldes en las tareas de seguridad se presenta como factor clave. Pero, ¿hasta dónde están involucrados los presidentes municipales? ¿Existen esquemas de coordinación efectivos con autoridades estatales y federales? ¿O, como lo señaló ayer nuestro diario, son algunos de ellos puntos estratégicos para la delincuencia?
Por su cercanía con la población, los municipios son fundamentales para:
Detectar los focos rojos de inseguridad.
Implementar acciones de prevención (iluminación, patrullajes locales, mejores condiciones sociales).
Facilitar coordinación con fuerzas estatales y federales.
Participar en instancias de toma de decisión (mesas regionales/mesas estatales de seguridad).
Legalmente, se han fortalecido sus obligaciones. Las reformas a la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública obligan ahora a los presidentes municipales a participar en las mesas estatales y regionales de Seguridad.
En diciembre de 2024, los alcaldes electos de Cuernavaca, Tepoztlán y Huitzilac acordaron con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del estado colaborar en prevención del delito mediante mesas regionales.
También se han realizado reuniones de seguimiento con alcaldes de la Primera Región de Morelos (Jiutepec, Emiliano Zapata, Yautepec, etc.), para coordinar acciones preventivas como “Escuela Segura”, “Mujeres Constructoras de Paz” y “Patrulla Juvenil”, entre otros programas.
El gobierno estatal ha desplegado esas mesas en las siete regiones del estado con participación municipal, estatal y federal, buscando operar de forma cercana con los municipios. También se han realizado operativos interinstitucionales de alto impacto en coordinación con municipios, fuerzas estatales y federales.
Con las nuevas reformas legales, hay mayor obligación formal de que los alcaldes asistan a mesas regionales/estatales de seguridad.
A pesar de esos avances, la coordinación no está libre de críticas ni problemas. Algunos de los retos detectados son muy patentes en detalles como que el Secretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana de Morelos, Miguel Ángel Urrutia, haya reconocido que de los 36 alcaldes sólo 10 han participado regularmente en la mesa de seguridad del estado. Esto sugiere que la obligación legal o los llamados a la coordinación enfrentan barreras de voluntad política, capacidad institucional o quizás de presión sobre los alcaldes.
La realidad es que algunos alcaldes enfrentan amenazas, intimidaciones o extorsiones, lo que limita su capacidad de acción. Un ejemplo: el transporte público sufre extorsiones y en Ayala hubo ataques al domicilio de la alcaldesa.
También se han documentado investigaciones en curso contra alcaldes por presuntos nexos con criminales. Por ejemplo, los alcaldes de Cuautla y Atlatlahuacan están bajo investigación por una presunta reunión con un líder criminal.
Hay voces que señalan que el “Mando Coordinado Policía Morelos” no ha sido verdaderamente eficaz, porque los municipios no están plenamente integrados o apoyados, o porque la coordinación es más declarativa que operativa.
Se acusa además de que algunas acciones son anuncios más que acciones de terreno, sin seguimiento ni efectos medibles en los municipios que más lo necesita.
Al revisar los datos, se puede concluir que sí hay mecanismos establecidos para coordinar mesas regionales, leyes que obligan, reuniones interinstitucionales y operativos conjuntos. Pero la coordinación real —es decir, aquella que produce cambios tangibles en niveles de inseguridad en municipios— parece estar limitada por varios factores como la participación irregular de alcaldes, pues no todos asisten o participan con el mismo compromiso.
Existe desigualdad institucional y de recursos, ya que algunos municipios no cuentan con fuerzas policiales locales fuertes, capacitación, presupuesto suficiente o infraestructura adecuada.
Se da una presión directa del crimen organizado, que actúa como factor de inhibición o de riesgo para autoridades locales. Hay una falta de seguimiento y evaluación pública de las acciones acordadas en mesas de seguridad, y no se encuentra en todas las notas cuál es el despliegue específico municipal, los resultados locales, etc.
Los alcaldes tienen un rol clave en la seguridad local con atención al vecino, prevención, detección de alertas y colaboración con autoridades superiores.
En Morelos ya existe un marco legal y organizativo para coordinar reformas legales, mesas regionales y estatales, y operativos interinstitucionales. Sin embargo, la eficacia de estas coordinaciones depende mucho de la voluntad política de los alcaldes, de los recursos municipales con que cuenten, de su capacidad operativa local y de que los alcaldes quieran, como deben, actuar sin miedo y no estar comprometidos con la delincuencia, cosa de la que se les acusa a menudo.
Por eso, para fortalecer la coordinación sería necesario tomar medidas más drásticas, además de mejorar la asistencia y compromiso formal de todos los alcaldes con las mesas estatales y regionales de seguridad; así como hacer algo casi imposible por la situación del estado, que es garantizar recursos y apoyo institucional a los municipios más vulnerables. Y, sobre todo, establecer mecanismos transparentes de rendición de cuentas y evaluación pública de los resultados municipales y regionales.
La experiencia hasta hoy es que hay varios que no entienden bien qué pasa y otros a los que se les acusa de estar metidos en el negocio con el crimen; pero sólo son rumores y supuestas investigaciones. Es necesario que las autoridades locales sean claras y transparentes, para que se pueda llegar a una coordinación adecuada que acabe con el flagelo de la inpunidad en que vivimos. ¿No cree usted? .
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