El expansionismo territorial ha sido, históricamente, una de las expresiones más claras de la fuerza ejercida por los Estados al margen —o en tensión— con el derecho internacional. Frente a esta lógica de poder, el derecho internacional público ha construido, a lo largo de los siglos, un entramado normativo destinado a garantizar la estabilidad de las fronteras, el respeto a la soberanía y la solución pacífica de las controversias. El caso de Groenlandia es un ejemplo paradigmático de esta confrontación entre la legalidad internacional y las pretensiones políticas de corte expansionista.
Desde el punto de vista jurídico, la pertenencia de Groenlandia a Dinamarca no es una cuestión abierta ni ambigua. Su fundamento descansa en una sólida cadena de antecedentes históricos y tratados internacionales. El Tratado de Kiel, firmado el 14 de enero de 1814, marcó el primer gran hito al transferir, tras las guerras napoleónicas, los territorios noruegos bajo dominio danés —incluida Groenlandia— a la Corona danesa. Posteriormente, el Convenio de Estocolmo de 1819 y el Convenio de Copenhague de 1924 reafirmaron y consolidaron este estatus jurídico, delimitando de manera clara los derechos de soberanía sobre el territorio.
La controversia con Noruega, que intentó cuestionar la soberanía danesa sobre Groenlandia Oriental, fue dirimida de forma definitiva por la Corte Permanente de Justicia Internacional en 1933. En su fallo, el tribunal estableció que Dinamarca había ejercido actos continuos, pacíficos y efectivos de soberanía, criterio central en el derecho internacional para la adquisición y conservación del territorio. La litis fundamental se resolvió así en favor de Dinamarca, cerrando jurídicamente cualquier disputa sobre la propiedad de Groenlandia.
En el contexto contemporáneo, Groenlandia se encuentra, además, bajo el paraguas de protección de la Unión Europea, a través del artículo 42.7 del Tratado de la Unión Europea, que consagra una cláusula de defensa mutua. Esto implica que cualquier agresión contra un territorio europeo activa un deber de asistencia colectiva. En términos estrictos de derecho internacional, Groenlandia no es un territorio disponible para la negociación unilateral ni para la presión política externa.
Sin embargo, esta arquitectura jurídica ha sido abiertamente desafiada por Donald Trump, cuya visión expansionista desconoce tratados, fallos internacionales y principios básicos del orden jurídico global. Su amenaza de retirar el apoyo financiero estadunidense a la OTAN si Europa defiende Groenlandia coloca a los aliados europeos frente a un dilema inédito: ceder ante la presión o sostener el sistema de legalidad internacional que les ha garantizado estabilidad durante décadas.
La historia demuestra que este tipo de expansionismo no es nuevo. EU consolidó su crecimiento territorial mediante la apropiación de más de la mitad del territorio mexicano tras la guerra de 1846-1848, culminada con una indemnización simbólica de 15 millones de dólares, bajo presión militar y en un contexto de profunda asimetría de poder. Texas, California, Nuevo México, Arizona, Nevada, Utah y partes de Colorado fueron incorporados tras una cadena de eventos que incluyó la abolición de la esclavitud en México y la resistencia de colonos esclavistas en Texas. Desde una lógica estrictamente política, podría argumentarse que si hoy se desconocen tratados y fallos internacionales, también deberían revisarse esas cesiones territoriales históricas.
El conflicto actual revela, además, una contradicción interna en la política de Trump: mientras amenaza con imponer aranceles de hasta 25% a los países que respaldan a Groenlandia, ignora el impacto directo de estas medidas sobre los consumidores estadunidenses. El aumento de precios, la inflación y la pérdida de poder adquisitivo son costos que recaen en su propia base electoral, en un contexto en el que enfrenta procesos electorales clave y el riesgo real de perder la mayoría en el Congreso.
El expansionismo, lejos de fortalecer a los Estados, erosiona la legalidad internacional, debilita las alianzas y termina por afectar a las sociedades que dice proteger. Groenlandia no es sólo un territorio estratégico: es una prueba viva de si el derecho internacional sigue siendo un límite efectivo al poder o si el mundo regresa a la lógica del despojo legitimado por la fuerza. ¿O no, estimado lector?
