La mañana en que pidió a sus seguidores que marcharan hacia el Capitolio, Donald Trump era consciente de que muchos estaban armados. Se lo dijo la policía. Aquel 6 de enero de 2021, intentó ir con ellos a interrumpir la sesión del Congreso. Cuando se lo impidieron agentes del Servicio Secreto por cuestiones de seguridad, se enfrentó a ellos. Después vio por televisión desde la Casa Blanca cómo miles de personas asaltaban el Capitolio, sin hacer nada. Cuando le dijeron que la turba quería “ahorcar” a su vicepresidente, contestó: “Se lo merece”. Estos detalles fueron revelados por Cassidy Hutchinson, una asesora que trabajaba a pocos metros del Despacho Oval, en televisión ante la comisión especial para investigar aquellos hechos. Es el último y más explosivo testimonio en una comisión que durante el mes de junio ha desnudado por completo cualquier posible justificación de la actuación de Trump, y al personaje mismo, retratado por su propio círculo de confianza como un mentiroso aislado y desquiciado.
La investigación del Departamento de Justicia ha provocado ya más de 800 detenciones y más de 300 condenas. Para acusar a Trump o a su entorno por estos delitos, la Fiscalía necesita pruebas de que su intención era lanzar a la turba armada contra el Capitolio y que no se trató de un suceso espontáneo. Aunque la comisión aún no ha decidido si referir sus hallazgos a la Fiscalía, ese es exactamente el relato que ha logrado establecer en las seis sesiones televisadas. No hay margen para la confusión: todo lo sucedido desde la derrota electoral formaba parte de un plan para no entregar el poder, liderado por Trump pero sostenido en apoyos dispersos que espoleaban al expresidente. La batalla legal, desacreditada por más de 60 juzgados, fue pergeñada por tres asesores (John Eastman, Peter Navarro y Rudy Giuliani). En el plano político, un grupo de republicanos esparcieron sin pudor las mentiras sobre las elecciones. Y finalmente, en el día señalado, supremacistas violentos (Proud Boys y Oath Keepers) lideraron una sublevación armada ejecutada por miles de acólitos que acudieron a Washington convocados por Trump. Varios de estos personajes clave intentaron obtener un perdón presidencial de Trump en los días posteriores para blindarse ante la justicia. No puede haber mayor admisión de culpa.
Todos los implicados eran conscientes de que no había base alguna para disputar el resultado electoral. En otro momento inaudito, el fiscal general de Trump, William Barr, declaró que el supuesto robo electoral era “una patraña”. La propia hija y asesora del expresidente, Ivanka Trump, estuvo de acuerdo en que no hubo fraude. Lo mismo le dijeron abogados de la campaña, abogados de la Casa Blanca, su jefe de campaña y su especialista en datos electorales. En palabras de Barr, el presidente “no estaba interesado en los hechos reales”, solo en las voces del grupo de conspiradores que le doraron el ego irresponsablemente hasta poner contra las cuerdas la propia democracia. Casi todas las preguntas están ya contestadas. Falta que actúe la justicia.
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