La propuesta de la Comisión Europea al Consejo para que se suspenda la entrega de 7.500 millones de euros procedentes de los fondos comunitarios a Hungría ante la falta de garantías contra prácticas corruptas supone un importante salto cualitativo en el gobierno europeo por tres razones. Es la primera vez que el Ejecutivo comunitario activa una drástica herramienta de lucha contra la corrupción creada para defender el Estado de derecho en aquellos países con una deriva autoritaria, redimensiona la tormentosa relación entre el Gobierno nacionalpopulista de Viktor Orbán y la UE y, en tercer lugar, constituye un aviso a navegantes ante escenarios políticos de otros socios.
El organismo que preside Ursula von der Leyen ha solicitado la congelación del 65% de tres programas pertenecientes a los fondos de cohesión, invocando el mecanismo de condicionalidad, que legitima esta medida si el receptor no puede garantizar que el dinero va a emplearse de manera correcta y transparente. La Comisión no lo ha hecho por sorpresa. Desde el pasado abril, ya activó esta cláusula y desde entonces está negociando con Orbán la instauración de una serie de normas de carácter legal y técnico que garanticen el adecuado destino del dinero. Budapest se comprometió a adoptar 17 medidas concretas que hasta el pasado domingo se habían quedado en el cajón de las promesas incumplidas. Tampoco Bruselas ha actuado sin fundamento. La Comisión ha constatado “irregularidades sistemáticas” en la contratación pública, en su mayoría con fondos europeos. Solo entre 2.014 y 2020, Hungría recibió 27.200 millones de euros —aproximadamente el 60% de su inversión pública— y la situación es como mínimo escandalosa: la Comisión ha constatado que alrededor del 50% de los concursos públicos en Hungría solo tienen un postor. Y, finalmente, la Comisión no actúa de forma temeraria, porque dispone del aval jurídico de Tribunal de Justicia de la UE desde el pasado febrero.
No es exagerado afirmar que desde el inicio de su segundo periodo como jefe del Ejecutivo en 2010, Orbán ha promovido un régimen iliberal —el Parlamento Europeo ha calificado oficialmente al país como “un régimen híbrido de autocracia electoral”—, ha minado de forma sistemática el proyecto de construcción europea con el bloqueo de decisiones —como la adopción del tipo mínimo del 15% para el Impuesto de Sociedades en la UE— y ha acabado convertido en un punto de referencia de la ultraderecha eurófoba en todas las democracias continentales.
La UE no es un mero club económico sino un proyecto federal y democrático antagónico de los planes nacionalistas de una extrema derecha en ascenso que tiende a culpabilizar a Europa de las dificultades locales. Ese mecanismo ha funcionado en Suecia, donde la formación ultraderechista y eurófoba Demócratas —el engaño hasta en el nombre— ha obtenido el 20% de los votos, es la segunda fuerza en el Parlamento de Estocolmo y reclama un “papel central” en un país históricamente identificado por su tolerancia y bienestar. La misma amenaza se cierne sobre Italia, donde Giorgia Meloni lidera Hermanos de Italia y encabeza las encuestas con un discurso nacionalpopulista a duras penas ocultado tras declaraciones moderadas con el objetivo de tranquilizar a los mercados. La pertenencia a la Europa democrática implica obligaciones, de fondo y de procedimiento, que refuercen su cohesión social y garanticen su sistema de libertades.
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