Por Teodoro Lavin León.
México se encuentra en una coyuntura trascendente y compleja. A los problemas inherentes a la interrupción del crecimiento económico se han sumado los provenientes de la pandemia del Covid-19, el incremento de la violencia y la polarización en el ámbito político. Esta última ha sido alimentada por el enfrentamiento de visiones disímbolas sobre el desarrollo nacional y por la confrontación electoral. De cara a este contexto, queda en suspenso la pregunta sobre el inminente proceso electoral: ¿aliviará o potenciará la tensión social que vivimos?
La confrontación de ideas es consustancial a la vida democrática y las condiciones propias para su ejercicio deben ser sostenidas en el marco del Estado de Derecho. Quienes hemos vivido el proceso de transición a la democracia electoral presidiendo los organismos electorales en las entidades del país conocemos de las presiones, amenazas, restricciones presupuestales provenientes del poder o de los actores políticos, hacia los árbitros electorales o los órganos jurisdiccionales. La intensidad de la retórica descalificadora actual surgida desde los ámbitos del poder federal y las entidades federativas es inédita. Vemos con profunda preocupación el cauce tomado por la discusión pública sobre la materia electoral.
Es imperativo asumir que las reformas electorales iniciadas en 1977 fueron una reacción del Estado mexicano ante el descrédito del régimen político, que llegó al extremo de múltiples asesinatos entre militantes de la oposición. Si bien es cierto la reforma electoral de 2014 fue una regresión contra el sistema federal, principio fundacional de la República desde la Constitución de 1824, el profesionalismo y empeño de los servidores públicos de las instituciones electorales ha permitido la alternancia en los poderes federales y locales de forma legal, legítima y pacífica.
La autonomía constitucional otorgada al Instituto Nacional Electoral y a los organismos electorales de las entidades federativas es una piedra angular del proceso democrático de nuestro país. Pretender extinguir o subsumir al Instituto Nacional Electoral en otro poder del Estado es una regresión antidemocrática. Sin duda alguna, la normatividad y el desempeño de los órganos pueden ser mejorados y para lograrlo se requiere un diagnóstico de la funcionalidad sistémica de las normas y de las instituciones, para tener claro el rumbo de las reformas.
Consideramos un acto de responsabilidad republicana llamar a los actores políticos a la mesura y la serenidad, pero, sobre todo a la responsabilidad política, para mantener avances democráticos que han permitido transitar de un régimen autoritario a uno donde las libertades se han ampliado y permitir a la sociedad, sin manipulación ni engaño, expresarse en las urnas en favor de la alternativa de gobierno que considere más idónea para enfrentar los delicados problemas del país. De ello depende nuestra paz social.
Expresidentes de Institutos Electorales de las entidades Federativas
Aguascalientes: Enrique González Aguilar; Baja California: Juan González Godínez; Campeche: Celina Castillo Cervera; Chihuahua: Julio Cesar Santacruz Favela; Distrito Federal: Javier Santiago Castillo; Durango: Alejandro Gaitan Manuel; Guerrero: Ceferino Cruz Lagunas; Hidalgo: José Luis Lima Morales; Jalisco: José Luis Castellanos González; Morelos: José Teodoro Lavín León; Oaxaca: Cipriano Flores Cruz; Nuevo León: Eduardo Guerra Sepulveda; Puebla: Alejandro Necoechea Gómez; Quintana Roo: Rosa Covarrubias Melo, Carlos Roman Soberanis Ferrao; San Luis Potosí: Juan Dibildox Martínez; Sonora: Olga Grijalva Otero; Tabasco: Martín Rueda de León Castillo; Veracruz: Salvador Martínez y Martínez, Carolina Viveros Garcia; Zacatecas: Juan Francisco Valerio Quintero; Yucatán: Ariel Avilés Marín
Por Teodoro Lavin León
