Mientras los restos del fiscal Marcelo Pecci regresan este viernes a su natal Paraguay, las investigaciones por su asesinato, ocurrido el martes 10 de mayo en la playa de Barú, a 45 minutos de Cartagena, continúan en ambos países y en Estados Unidos. Las hipótesis sobre los autores materiales e intelectuales siguen siendo amplias, pero todas guardan relación con su trabajo como fiscal antidrogas y especializado en crimen organizado. Una de ellas apunta a que lo habrían seguido desde Columna Digital del sur, según el ministro del interior de Paraguay, Federico González. “Son varias las líneas de investigación, hay avances que no podemos señalar, pero estamos por buen camino”, dijo a Caracol Radio. Lo que sí parece descartado es que el sicario fuera colombiano.
La búsqueda de los sicarios que se desplazaron en una motoski para cometer el homicidio ha llevado a las autoridades a analizar movimientos “migratorios de los vuelos previos y posteriores desde Paraguay”, así como a verificar la lista de las personas que estaban en los hoteles y lugares donde estuvo Pecci junto a su esposa, Claudia Aguilera, quien espera un bebé. Varios viajeros paraguayos fueron entrevistados por las autoridades colombianas, pero no capturados.
A cinco días del hecho, se sabe que el hombre que disparó el arma no es de nacionalidad colombiana, mide 1.74 de estatura y tiene acento caribeño, como aseguró el director de la Policía de Colombia, el general Jorge Vargas. También, que junto al otro sicario alquiló la moto acuática por 200.000 pesos durante 30 minutos, pero la usaron entre 7 y 13 minutos.
“Bordearon la playa hasta el lugar, bajaron, ejecutaron, volvieron, fueron a un aparcadero que estaba detrás del lugar de las motoski y se fueron por una ruta (terrestre) interna”, dijo Manuel Doldán, fiscal de Asuntos Internacionales a Radio Monumental de Paraguay. Doldán, que también era amigo de Pecci, explicó que los sicarios no escaparon por el mar, sino que tomaron una vía que conduce a Cartagena. Pecci recibió tres disparos con una pistola de nueve milímetros.
Después de publicar una foto y un retrato hablado del sicario, las autoridades han recibido llamadas y más fotografías, no solo desde Cartagena sino desde otras ciudades del país. Alguna de esa información ha sido incorporada al proceso y otra, descartada. Se mantienen instalados 26 puestos de control en puntos estratégicos de Cartagena, con 250 policías y han hecho investigación de campo en 102 hoteles y hostales de la ciudad.
Autores intelectuales
La Policía de Colombia ha asegurado que se trató de una operación con “alta planeación” y que implicó una inversión de recursos económicos, por lo que no descartan la participación de ninguna de las organizaciones criminales que habían sido objeto de las investigaciones de Pecci. “Dos de las principales investigaciones adelantadas por el fiscal Pecci en América Latina fueron contra el llamado Primer Comando Capital (PCC) y la estructura conocida como Punto 50, en el sur del continente”, afirmó Vargas, aunque explicó que por el momento se desconoce si tuvieron relación.
Otras versiones publicadas en medios locales apuntan a la participación de tres hombres que formarían parte de una estructura de Hezbollá. En 2019, Pecci entregó a agentes de la DEA al libanés Nader Mohamad Farhat, pedido en extradición por el Tribunal del Distrito Sur de la Florida por lavado de dinero. En ese mismo caso están investigados Mahmoud Ali Barakat (extraditado en 2018) y Kassed Mohamad Hijazi, un ciudadano brasileño de origen libanés.
Sobre esa versión, el fiscal aseguró que, si bien evalúan varios casos vinculados al lavado de activos de significativa magnitud, no se puede decir por ahora que el caso esté relacionado con ese grupo terrorista. Doldán, sin embargo, reconoció que Pecci actuó en el caso de un ciudadano libanés que está detenido en Paraguay. El fiscal asesinado también había investigado el Operativo Ultranza A Py, en el que lideró 12 allanamientos y decomisos de avionetas, embarcaciones y otros bienes que servían a grupos criminales para lavar dinero.
La recompensa de hasta 2.000 millones de pesos colombianos (500.000 dólares) por información sobre los sicarios se mantiene.
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