La ruptura unilateral por parte de Rusia del acuerdo suscrito con Ucrania el pasado julio para permitir la exportación de grano constituye un inaceptable paso más dado por Vladímir Putin que pone en riesgo a millones de personas en todo el mundo, especialmente a las de los países africanos que están pasando graves dificultades. Tras su intento de chantaje a la Unión Europea con los cortes de suministros de gas a las puertas del invierno, el mandatario ruso ha decidido doblar la apuesta extendiendo el daño a países que nada tienen que ver con el conflicto militar —conflicto, hay que recordar, que es fruto exclusivo de su decisión de invadir un país soberano vecino— y cuyos habitantes se ven amenazados ahora por el hambre. La autojustificación rusa señalando a un ataque contra su flota en Sebastopol —en Crimea, anexionada ilegalmente por Rusia— y las acusaciones contra el Reino Unido de estar directamente implicado tanto en esta acción como en las explosiones que han inutilizado el gasoducto Nord Stream parecen un lavado de cara propagandístico ante lo que es una medida injustificable.
La decisión de Putin se ha plasmado en la inmovilización inmediata de al menos 176 grandes navíos de transporte de grano situados en el mar Negro cuya seguridad Moscú ya no garantiza. La suma total de alimentos que transportan los buques ronda los dos millones de toneladas de grano, gran parte de las cuales tienen como destino final África y servirían para alimentar a unos siete millones de personas. Rusia ha interrumpido de forma arbitraria una cadena de suministros cuya paralización, según denuncian diversas ONG, puede tener repercusiones en más de 300 millones de personas.
Esta política de extensión del castigo queda confirmada por los bombardeos masivos de los últimos días sobre infraestructuras civiles a lo largo de toda Ucrania. Ha sido especialmente atacada Kiev, donde 350.000 viviendas han quedado sin suministro eléctrico y el 80% de la población —cifrada en tres millones antes de que se iniciara la invasión rusa— ha pasado días sin acceso al agua corriente, que ayer se reactivó con cortes. Lejos de ser objetivos estrictamente militares como machaconamente repite la maquinaria oficial rusa, los proyectiles han destruido plantas generadoras y distribuidoras de energía, depósitos y conducciones de agua, repetidores de televisión y torres de telefonía móvil, entre otras infraestructuras. Es decir, se trata de una destrucción sistemática de todos aquellos elementos que permiten a la población civil llevar una vida mínimamente garantizada, y de quebrar su voluntad de permanecer en sus lugares habituales de residencia haciendo esta posibilidad muy difícil cuando no imposible.
A la vista de que en el frente militar Rusia está experimentando graves dificultades y de que sus amenazas veladas de una implicación nuclear en el conflicto —aunque tomadas muy en serio por la OTAN— supondrían en realidad un desastre para todos, Putin ha optado por convertir a los civiles en el nuevo frente de batalla, ya sea con la temperatura de sus casas en Europa occidental, con el suministro de alimentos en África o con la mera supervivencia en Ucrania. El paso dado con el bloqueo del grano es de una injusticia e indiferencia hacia el sufrimiento ajeno pocas veces vistas. Hay que alabar los esfuerzos que está realizando Turquía para reconducir a Rusia al acuerdo y esperar que den resultado para no enfrentarnos a una crisis alimentaria completamente deliberada.
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