Por Dr. Lucio Alfonso Rubio Antelis
En la tarea esencial de construir solidas estrategias, directrices, protocolos, lineamientos en materia de prevención el delito y de la violencia, es fundamental la participación de la sociedad civil organizada, cuya intervención se encuentra estipulada en la Constitución Política, a las tareas de formulación de políticas públicas y abarca otras áreas de vital importancia, como es, la participación activa y permanente en el diseño de los planes , ejecución y evaluación de las acciones de los tres órdenes del gobierno para garantizar la seguridad pública, como un derecho humano y como una garantía constitucional cuya carga más trascendental a cargo del estado mexicano, es la preservación, protección y cuidado de la vida humana.
En este sentido, es congruente para la obtención de una verdadera paz social que se materialice y visibilice en calles, colonias, centros comerciales, mercados y todos aquellos núcleos en donde la población se reúne cotidianamente a realizar sus tareas, que se establezca una unidad entre las tres esferas de gobierno y la sociedad civil organizada. Además, se persigue que el gasto en este rubro de seguridad pública sea racional, proporcional, justificado y sobre todo realmente se destine a cumplir con las actividades y funciones constitucionales en la preservación de la vida humana como máximo fundamento de la ley.
La seguridad pública es definida en el artículo 21 constitucional como:
“…una función del Estado a cargo de la Federación, las entidades federativas y los Municipios, cuyos fines son salvaguardar la vida, las libertades, la integridad y el patrimonio de las personas, así como contribuir a la generación y preservación del orden público y la paz social, de conformidad con lo previsto en esta Constitución y las leyes en la materia. La seguridad pública comprende la prevención, investigación y persecución de los delitos, así como la sanción de las infracciones administrativas, en los términos de la ley, en las respectivas competencias que esta Constitución señala. La actuación de las instituciones de seguridad pública se regirá por los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos reconocidos en esta Constitución…”
Es necesario que conozcamos hasta donde la institución gubernamental tiene su función y donde la ciudadanía puede participar activamente en una de las tareas más importantes que a todos nos corresponde, que precisamente es la preservación de la vida humana, lo cual se logra a través de un eficaz mecanismo de seguridad pública. Esto no se logra sino partimos de las siguientes vertientes que a continuación exponemos:
El marco legal que actualmente regula a la seguridad pública se ha mantenido en el ámbito institucional como una función propia de las fuerzas policiales a cargo de las diversas entidades gubernamentales. Un enfoque que distorsiona el cumplimiento de estas obligaciones oficiales y limita la actuación oficial garante de una seguridad pública que disminuye conforme más invierte dinero público en la adquisición de armamento, vehículos, accesorios y equipos para los cuerpos policiacos. Una mirada a los presupuestos en este rubro, dejaría sorprendido por la cantidad de miles de millones de pesos gastados cuyos resultados son mínimos o nulos en beneficio de la población más vulnerable.
En estas condiciones es completamente saludable actualizar el marco legal para que la sociedad civil organizada participe con mayores responsabilidades en las funciones realizadas por las instituciones de seguridad pública, mismas que por su naturaleza constitucional deben tener un carácter civil, disciplinado y profesional
La participación de la comunidad a través de la sociedad civil organizada implica que la intervención de estos organismos, deberá ser en forma activa con derecho a la voz y voto en la toma de decisiones que se relacionen con la planeación, estrategia, metodología y formulación de políticas públicas tendientes a prevenir la comisión de delitos y la violencia social.
La participación de la comunidad, interviene también en el diseño, estructuración y presentación de los procesos para evaluar los resultados en materia de política pública, de prevención del delito y violencia social, así como de las funciones, desempeño y resultados de las instituciones de seguridad pública.
Se determinará la participación de la sociedad civil organizada que coadyuvará, entre otros aspectos, en los procesos de evaluación de las políticas de prevención del delito, así como de las instituciones de seguridad pública.
La seguridad pública es una de las funciones rectoras del Estado más importante, que ha tenido como finalidad la de salvaguardar la vida, las libertades, la integridad y el patrimonio de las personas, contribuyendo a la generación y preservación del orden público y la paz social.
Preocupados por tan lamentable situación y que es condenable la inacción, omisión, pasividad o falta de actividad por combatir, resolver y coadyuvar la anomia de la violencia que se padece, es por lo cual hemos considerado pertinente que de una vez por todas exista una unidad sólida y permanente entre la sociedad civil organizada y los operadores en los tres niveles de gobierno, Federal, Estatal y Municipal, para generar estados óptimos que faciliten la unión de esfuerzos y actividades tendientes a enfrentar la grave efervescencia delincuencial que sigue aumentado los números de muertes dolosas, victimas y violación a los derechos humanos de la población más vulnerable.
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