Indígenas

Por Juan Carlos Sánchez Magallán

Los pueblos indígenas en el mundo están a la zaga en todos los indicadores sociales y económicos; constituyen el 5% de la población mundial y el 15% de las personas que viven en pobreza extrema, de ahí su fundamental importancia.

Los efectos persistentes de la discriminación histórica y estructural la siguen padeciendo los pueblos indígenas en términos de exclusión social, al no permitir el goce y disfrute efectivo de sus derechos económicos, sociales y culturales, como el derecho a la información, alimentación, salud y educación, por decir lo menos.

Otro tema importante es el de restituirles sus bosques, tierras y aguas que han detentado desde tiempos inmemoriales y que, como consecuencia de la conquista y evangelización, grandes extensiones de tierra les fueron arrebatadas en todo el continente americano.

Garantizar la salvaguarda y protección que tienen a poseer, utilizar, desarrollar y controlar con plena seguridad sus tierras, territorios y recursos, es obligación de todos los Estados-Nación, que se precian de ser sistemas constitucionales democráticos del derecho y respetuosos de sus derechos humanos.

Las mujeres indígenas prácticamente están subrepresentadas en los congresos, lo que abona a que su voz no se escuche en las cámaras legislativas, su participación política se ve diezmada debido a la triple discriminación de que son objeto: ser mujeres, ser indígenas y ser pobres.

El sistema de Naciones Unidas impulsa el ejercicio pleno de los derechos de las niñas adolescentes y mujeres indígenas a la participación en la toma de decisiones en los procesos comunitarios y en la formulación de políticas. ¡Sí!, sin embargo, la práctica de la cultura del machismo y patriarcal lesiona constantemente su dignidad como personas; la violencia sexual y las prácticas nocivas como el matrimonio temprano y forzado de niños y adolescentes sigue prevaleciendo en algunas comunidades, usos y costumbres que deben abandonarse, pues el respeto a su dignidad humana debe imponerse, así como el acceso a la justicia y a los servicios de salud integral también deben ser parte de toda una política de equidad de género.

En la pasada reunión internacional del G20, fue precisamente el canciller Marcelo Ebrard, quien incorporó a la agenda futura el tema de equidad de género, para que las naciones que lo integran sigan a cabalidad este compromiso universal. No es casual que organismos y tribunales internacionales protectores de los derechos humanos reciban un gran número de denuncias por la violencia, amenazas, hostigamiento, intimidación, acoso, difamación y persecución por ejercer libertades de pensamiento, expresión y manifestación de sus ideas y prácticas políticas.

Los gobiernos tienen la obligación de garantizar su acceso a una justicia con equidad y sin privilegios, investigar de manera exhaustiva, imparcial y efectiva cualquier violación a sus fundamentales derechos humanos, de lo contrario están siendo condenados a pagar daños y perjuicios a las víctimas y reparar el daño o daños sufridos, así como ofrecerles una disculpa pública reconociendo que la justicia fue parcial, sesgada y dilatoria en sus asuntos.

Un ejemplo muy representativo se dio en Guatemala, donde 12 mujeres fueron sometidas a esclavitud sexual y doméstica para un destacamento militar durante el conflicto armado. El caso de mujeres de Sepur Zarco constituyó uno de los grandes avances en la justicia de género a nivel mundial y fue consecuencia de la lucha liderada por las abuelas de Sepur para obtener justicia y reparación del daño causado, situación que les permitirá poner fin a la pobreza extrema que su comunidad ha sufrido por generaciones. Sólo así lograremos tener sociedades respetuosas de sus comunidades indígenas seguras y libres de violencia. ¿O no, estimado lector?