El pasado 8 de agosto, agentes del FBI se presentaron con una orden de registro en la mansión de Donald Trump en Palm Beach (Florida). Salieron de allí con 33 cajas en las que había más de un centenar de documentos oficiales. Algunos de ellos tenían la clasificación de alto secreto, e incluso de un nivel de restricción superior. Según el Departamento de Justicia (Fiscalía), no solo contienen secretos de Estado, sino que ponen en peligro fuentes del espionaje estadounidense. La investigación apunta a los delitos de desvío de documentos oficiales, obstrucción y posibles violaciones de la ley antiespionaje. Son delitos que conllevan penas de cárcel e inhabilitación pública de por vida.
El registro en sí mismo es una iniciativa judicial de una agresividad extraordinaria tratándose de un expresidente de Estados Unidos. La Fiscalía solo puede haberse atrevido si tiene pruebas sólidas de unos hechos que debe percibir como de altísima gravedad. Cuáles son esos hechos es algo que está empezando a revelarse esta semana. En enero de 2021, Trump se llevó de la Casa Blanca decenas de documentos (todo papel, mensaje o e-mail que se produce en la Casa Blanca es propiedad federal y debe entregarse a los Archivos Nacionales) en una huida en la que despreció todos los protocolos de transición ordenada de poder. El Gobierno comunicó a Trump que debía devolverlos en mayo de ese año. En enero, Trump entregó 15 cajas, entre las que había material clasificado. El 3 de junio, agentes del FBI acudieron a su residencia y los abogados del expresidente les aseguraron que todo el material sensible había sido ya devuelto y el resto estaba bien custodiado. El registro un mes después evidencia la nula credibilidad que los agentes dieron a esas afirmaciones. La imagen publicada de los documentos en el suelo es demoledora. Como en los otros escándalos que le acechan judicialmente, el asalto al Capitolio, el intento de manipulación de las elecciones en Georgia y el fraude fiscal, son hechos que solo se explican por el desprecio patológico de Trump hacia las instituciones.
Este nuevo escándalo vuelve a poner a prueba la capacidad de contorsión de los republicanos para defender a Trump, obligados a escoger entre él y el FBI. Desgraciadamente, Trump se ha erigido en el factótum que decide quién mantiene su escaño. Son pocas las señales de esperanza en ese sentido, aunque la derrota esta semana de Sarah Palin en Alaska, pese al apoyo de Trump, contribuye a la sensación de erosión de esa cadena al cuello de los republicanos. La evolución del caso de los papeles puede convertir las elecciones, que suelen ser un referéndum sobre el presidente en ejercicio, en un nuevo plebiscito sobre la figura de Trump. Y puede volver a perder.
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