Los avances de los talibanes en la última semana han desconcertado incluso a los observadores más pesimistas de la situación en Afganistán. La milicia islamista ha conquistado casi todas las ciudades importantes del país en apenas unos días y ayer alcanzaban Mazar-i-Sharif, una de las tres que quedaban en manos del Gobierno —las otras dos son Jalalabad y Kabul, cada vez más amenazadas—. Veinte años de intervención internacional se han esfumado en un tiempo récord y ha quedado al descubierto hasta qué punto el Estado afgano era una ficción. Columna Digital está en manos de señores de la guerra dispuestos a pactar con los talibanes, que están demostrando ser la única fuerza política y militar con implantación en todo el territorio.
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La retirada total de Estados Unidos estaba prevista para el 31 de agosto, pero los talibanes no han esperado a que el presidente Joe Biden cumpla su promesa de sacar hasta el último soldado para avanzar en todos los frentes, incluso en zonas del norte del país que no llegaron a conquistar cuando ocuparon el poder entre 1996 y 2001. Las fuerzas de seguridad afganas cuentan en teoría con 300.000 efectivos y Estados Unidos invirtió en su entrenamiento y equipamiento 83.000 millones de dólares —aunque resulta imposible saber qué porcentaje de esta cantidad se esfumó en la corrupción rampante—. Sin embargo, algunas provincias han caído sin combatir y en otros casos unidades enteras se han rendido por falta de suministros. Desprovistas incluso de agua y comida, entregaron su posición y armamento a cambio de salvar la vida.
Más allá del inevitable daño a la imagen de EE UU como potencia militar y diplomática, esta debacle tiene unas víctimas claras: los civiles que vuelven a vivir sometidos a un régimen de terror en el que imperan los castigos corporales y las ejecuciones públicas. Esto es especialmente cierto para las afganas, que se arriesgan a perder lo que han ganado en estos años. Para los talibanes, las mujeres carecen totalmente de derechos. No es que sean obligadas a vivir encerradas en un burka, sino que no pueden salir de casa sin arriesgarse a ser apaleadas salvo que vayan acompañadas de un varón. El acceso a la educación o a una mínima sanidad les está de facto vetado. Su situación en Afganistán seguía siendo muy precaria, especialmente en las zonas rurales, aunque se han producido avances significativos: en 2001 había 900.000 menores escolarizados, todos chicos; en 2020 eran 9,5 millones, el 39% de ellos niñas.
La comunidad internacional ha demostrado ser incapaz de defender a los civiles sobre el terreno. Aunque Biden haya anunciado el envío de 3.000 soldados a Kabul para proteger a sus diplomáticos, es evidente que los afganos han sido abandonados a su suerte. Los países que participaron en la misión militar en Afganistán, entre ellos España, han anunciado operaciones para sacar del país a los traductores y funcionarios que trabajaron a su servicio. Dada la rapidez con la que se han desarrollado los acontecimientos, en muchos casos, será lamentablemente demasiado tarde.
La ofensiva ha desatado una oleada de refugiados y desplazados: desde mayo, 250.000 personas se han visto obligadas a dejar sus hogares. Más allá de la presión diplomática a través de Pakistán y Arabia Saudí, los dos principales apoyos de la milicia, para que pueda distribuirse ayuda de emergencia y de tratar de dar un impulso a unas conversaciones de paz totalmente superadas por la situación sobre el terreno, la comunidad internacional tiene el deber de acoger a los que huyen de la guerra y del terror talibán. Canadá ya se ha mostrado dispuesto a dar el estatuto de refugiados a 20.000 afganos, especialmente mujeres o miembros de la comunidad LGTBI. Estos últimos se enfrentan a una muerte segura en caso de ser descubiertos. La UE y EE UU no pueden mirar hacia otro lado ante un desastre en el que tienen una clara responsabilidad. La intervención militar ha sido un fracaso. Todavía hay tiempo para que la respuesta humanitaria no lo sea.
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