Las modificaciones electorales aprobadas a última hora, y prácticamente “sobre las rodillas”, retratan de cuerpo entero el momento político que vive México. Lo más preocupante no es solamente el contenido de las reformas, sino la velocidad, la forma y la intención con las que se están imponiendo. Ni siquiera en los tiempos más duros del viejo sistema priista se actuaba con semejante descaro. En aquellos años, criticados con razón por su autoritarismo, al menos se guardaban ciertas formas políticas y se daba espacio a la oposición, se simulaba el diálogo y se permitía alguna participación para intentar legitimar las decisiones. Hoy ni eso.
Resulta paradójico que quienes durante décadas lucharon bajo las banderas de la democracia, de la pluralidad y de la apertura política, sean ahora los mismos que parecen empeñados en debilitar las instituciones que tanto costó construir. Aquella izquierda mexicana unida, la que marchaba, protestaba y exigía respeto al voto, prácticamente ha desaparecido. En su lugar ha surgido un movimiento que, una vez instalado en el poder, parece convencido de que la democracia solamente sirve cuando le favorece.
Entre las reformas más absurdas aparece la idea de que una supuesta intervención de un gobierno extranjero podría ser causal para anular una elección. La pregunta inevitable es: ¿de verdad alguien cree que al gobierno de Estados Unidos le importa lo que diga la legislación electoral mexicana? Pensar eso es ingenuo o deliberadamente engañoso. Washington actúa conforme a sus intereses geopolíticos y económicos, no conforme a los deseos de ningún partido mexicano.
Entonces, ¿para qué introducir una disposición de ese tipo? La respuesta parece evidente, es para construir un pretexto legal que permita descalificar resultados incómodos o cuestionar procesos que no convengan políticamente. La ambigüedad de esa figura abre la puerta para que cualquier crítica internacional, cualquier declaración diplomática, o incluso cualquier comentario incómodo, pueda ser convertido en argumento político para judicializar una elección. Y eso, lejos de fortalecer la democracia, la convierte en rehén del poder.
Todavía más preocupante es la aprobación de la reelección de los integrantes del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Un tribunal que ya había sido severamente cuestionado por decisiones anteriores, particularmente por aquella polémica resolución que otorgó a Morena y sus aliados una mayoría legislativa que muchos consideran no obtuvieron realmente en las urnas. Esa decisión dejó sembradas dudas profundas sobre la imparcialidad de quienes deberían actuar como árbitros independientes.
Ahora, con la reelección aprobada, la percepción de alineación con el poder gubernamental crece todavía más, porque en democracia no basta con ser imparcial; también hay que parecerlo. Y cuando los ciudadanos empiezan a perder confianza en las instituciones electorales, el problema deja de ser político y se convierte en social.
Todo esto parece indicar que en Morena existe preocupación. Hay nerviosismo. Saben que el escenario rumbo a las próximas elecciones ya no es el mismo que hace algunos años. El desgaste natural del poder, los problemas económicos, la inseguridad, el sistema de salud colapsado y el creciente desencanto ciudadano comienzan a pasar factura. Pero además existe otro elemento que parece inquietarlos todavía más: la posibilidad de que figuras importantes del movimiento sean señaladas desde Estados Unidos por presuntos vínculos incómodos o investigaciones delicadas.
No sería la primera vez que la política mexicana se sacude por revelaciones provenientes del extranjero. Y en un momento donde las relaciones con Washington se vuelven cada vez más complejas por temas de seguridad, narcotráfico y migración, cualquier señalamiento puede convertirse en una bomba política de grandes dimensiones.
Sin embargo, el verdadero problema del país no está en los partidos de oposición. De hecho, la oposición tradicional sigue fragmentada, debilitada y sin liderazgos sólidos. El riesgo real para el régimen está en esa enorme masa de ciudadanos que ya no se siente representada por nadie. Un sector silencioso, desencantado, molesto y cada vez más numeroso. Ese grupo podría representar fácilmente más del cuarenta por ciento de la población, quizá incluso la mitad del país. Son mexicanos que no necesariamente simpatizan con el PRI, con el PAN o con Movimiento Ciudadano, pero que tampoco están de acuerdo con el rumbo que está tomando el país; son ciudadanos cansados de la polarización permanente, de los discursos de odio, de la división entre presuntos “buenos” y supuestos “malos”, y sobre todo de la ausencia de resultados concretos.
El gran error del gobierno federal, y también de muchos gobiernos estatales, es minimizar ese descontento. Creen que mientras mantengan altos niveles de popularidad presidencial todo está bajo control. Pero la historia demuestra que los procesos de desgaste social suelen crecer silenciosamente hasta convertirse en crisis abiertas.
México vive hoy una peligrosa combinación de inseguridad creciente, instituciones debilitadas, polarización política y desconfianza ciudadana. Cuando esos factores se mezclan, cualquier chispa puede provocar un conflicto mayor. No necesariamente una explosión violenta, pero sí un deterioro acelerado de la gobernabilidad y de la estabilidad política.
La democracia no se destruye de un solo golpe. Se erosiona poco a poco, desacreditando árbitros, concentrando poder, modificando reglas a conveniencia y cerrando espacios de participación. Lo grave es que muchas veces quienes impulsan esos cambios no alcanzan a ver el tamaño del daño hasta que resulta demasiado tarde.
Y México parece acercarse peligrosamente a ese punto. ¿No cree usted?
