Brasil está en campaña electoral y los barrios de Río de Janeiro, como en tantas otras ciudades, son un ir y venir de candidatos en busca de votos. Pero aquí hay una diferencia: no son pocas las zonas prohibidas; barrios de la ciudad o incluso localidades enteras de la periferia que están bajo el control de la milicia y donde no todo el mundo puede ir a repartir panfletos y saludar a los vecinos. “Los milicianos cierran acuerdos, ya sea de protección o de apoyo mutuo, y en esa zona que es su feudo electoral solamente determinados candidatos consiguen entrar y hacer su campaña, el resto no. Es una distorsión importante de la democracia”, explica al teléfono el policía titular de la Comisaría de Represión al Crimen Organizado (Draco) de Río de Janeiro, Thiago Neves.
En octubre, además de elegir presidente, y renovar el Congreso nacional, los brasileños escogerán a los diputados de los parlamentos estatales y a los gobernadores. Es sobre todo en este ámbito más local donde la milicia juega sus cartas. Las redes de clientelismo se llevan construyendo desde hace décadas. Con la romántica promesa de luchar contra la delincuencia y cuidar de los vecinos de los barrios abandonados por el Estado, los milicianos, normalmente policías, bomberos o militares retirados, se fueron haciendo fuertes a golpe de extorsión.
Lo que empezó siendo considerado un mal menor que ofrecía seguridad privada o transporte alternativo se convirtió en un imperio financiado a base de la imposición ilegal de supuestas tasas sobre bombonas de gas, conexiones ilegales a internet y televisión o promociones inmobiliarias en terrenos irregulares. Ahora, desde el dueño de un taller mecánico hasta un vendedor callejero de palomitas tiene que pagar para poder trabajar con tranquilidad. Los que osan contestar el poder de la milicia lo pagan con la muerte.
Estos grupos ya controlan el 57,5% del territorio de la ciudad de Río, según un estudio coordinado por la Universidad Federal Fluminense (UFF) realizado poco antes de la pandemia. En estos dos años, lejos de retroceder, la milicia ha expandido aún más sus dominios, en muchos casos asociándose a los narcos que antes decían combatir. “Ya hay comunidades donde la milicia no vende la droga, pero alquila la ‘boca de fumo’ (el punto de venta). Hay una mimetización hasta el punto de que dentro de poco no podremos diferenciar una cosa de la otra”, dice el comisario.
El narcotráfico también domina buena parte de la ciudad, sobre todo las favelas, pero la principal diferencia es que la milicia es “más silenciosa” y transita con facilidad por los pasillos del poder, apunta Neves. Los milicianos son una autoridad en sus barrios, donde adquieren un capital político que les catapulta al poder legislativo. Jerônimo Guimarães Filho, más conocido como ‘Jerominho’, fundó una de las milicias más poderosas y sanguinarias de la ciudad, la ‘Liga de la Justiça’, y después fue siete años concejal. Su hermano y su hija también entraron en política. Fueron los pioneros en dar el salto a la política sin disimulo, sin intermediarios. Tras pasar por la cárcel, este año Jerominho pretendía volver como diputado federal con el bolsonarista partido Patriota, pero fue asesinado en agosto en el marco de una guerra interna por el control de la zona oeste de Río.
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La milicia actúa primero en el nivel municipal, y cuando consigue infiltrarse, a través de concejales o incluso de alcaldes en ciudades más pequeñas, se da el salto al siguiente nivel: la asamblea legislativa, el Gobierno del estado, y después, incluso Brasilia. Hace unos días, una operación policial encontraba un fusil en casa de Washington Reis, ex alcalde de Duque de Caxias, una ciudad enorme en la periferia de Río. Antes de que la Justicia anulara su candidatura por su historial delictivo, Reis era el candidato a vicepresidente de Cláudio Castro, el actual gobernador de Río, un aliado de Bolsonaro que busca la reelección y que también suele ser acusado de vínculos con los milicianos. Es el favorito en las encuestas.
A su favor tiene los millones de electores que posiblemente le proporcionará su alianza con Reis en Duque de Caxias y en toda Baixada Fluminense, el principal cinturón metropolitano. Los ‘corrales electorales’ de la milicia donde la izquierda lo tiene imposible dan lugar a concejales y alcaldes que a su vez prestan apoyo a gobernadores. Es un caudal de votos enorme al que nadie quiere renunciar, comenta en conversación telefónica José Cláudio Souza Alves, sociólogo de la Universidad Federal Rural de Río de Janeiro (UFRRJ), que estudia el fenómeno de las milicias desde hace casi 30 años. En su opinión, el fuerte control territorial es uno de los factores (sumado a otros como la enorme penetración de las iglesias evangélicas, por ejemplo), que acaba favoreciendo a la ultraderecha en la empobrecida y violenta periferia de Río. En las elecciones de 2018, el 70% de la Baixada votó por Bolsonaro.
Los supuestos vínculos del clan Bolsonaro con la milicia han hecho correr ríos de tinta. Lula da Silva no tiene reparos en llamar “miliciano” al presidente por las informaciones que han ido surgiendo en los últimos años. Aunque no hay ninguna prueba en firme que incrimine a la familia presidencial, el nombre de Bolsonaro incluso apareció en la investigación sobre el asesinato de la concejala Marielle Franco. El presidente montó en cólera, afirmó que no hay más que coincidencias y negó cualquier participación en el crimen.
En cualquier caso, en Río, cuna del bolsonarismo, la infiltración de la milicia en la política y también en la justicia, alcanzó el nivel de metástasis, lamenta Souza Alves. “No es un poder paralelo, es el propio Estado. Es una gobernanza criminal. Para el Estado, negociar (con los milicianos) es mucho más ventajoso, porque da más votos”, apunta. No se trata de acabar con la milicia, sino de convivir con ella y sacar el mejor rédito posible.
Durante muchos años, el principal rostro de la lucha contra las milicias en Río ha sido el diputado progresista Marcelo Freixo. La sed de justicia tras el asesinato de su hermano a manos de estas mafias le llevó a la política, y como diputado estadual, en 2008 lideró una comisión parlamentaria de investigación que puso sobre la mesa más de 200 nombres y llevó a la cárcel a decenas de milicianos. Desde entonces vive amenazado de muerte, y es uno de esos políticos que no pueden hacer campaña en cualquier lugar. En 2018 fue alertado en el último minuto de que había un plan para asesinarlo en Campo Grande, uno de los epicentros de la milicia y el barrio de Río donde Bolsonaro obtuvo sus mejores resultados en las últimas elecciones.
Tras intentar la alcaldía en 2016 y ejercer de oposición a Bolsonaro como diputado federal en Brasilia, regresa a Río para intentar ser gobernador del Estado, un cargo decisivo porque es aquí donde se ejercen la mayoría de competencias en seguridad pública. El gobernador manda sobre la Policía Civil y la Policía Militar. Para alcanzar el poder, en los últimos meses Freixo ha emprendido un rápido viaje al centro-izquierda; ha cambiado de partido, ha moderado su discurso y se ha aliado a viejos conocidos de la política carioca con un pasado no tan limpio como el suyo, pero que saben transitar en el pantanoso terreno de la política carioca. También cuenta con la bendición de Lula, pero ni el tirón electoral del expresidente parece ser suficiente para acercarle al poder. El favorito en todas las encuestas es Castro, el candidato bolsonarista y principal beneficiario del voto que sale de los barrios donde reina la milicia. FIN
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