Basta ver lo que ocu­rre cuando lle­gan artis­tas vin­cu­la­dos con el Fes­ti­val Inter­na­cio­nal Cer­van­tino. Vie­nen tres o cua­tro intér­pre­tes y muchas per­so­nas ni siquiera se ente­ran. La publi­ci­dad se hace mal, tarde o no llega a los espa­cios donde podría des­per­tar inte­rés. Así, una pre­sen­ta­ción que podría acer­car a los more­len­ses a expre­sio­nes artís­ti­cas de gran cali­dad ter­mina ante un público redu­cido. Si nadie sabe que el espec­tá­culo existe, difí­cil­mente podrá asis­tir.

En Cuer­na­vaca hay quie­nes sí tra­ba­jan para sos­te­ner esa vida cul­tu­ral. Ami­gos de la Música rea­liza un esfuerzo enorme para ofre­cer con­cier­tos con regu­la­ri­dad, muchos en la Hacienda de Cor­tés, y para acer­car al público la ópera del Met de Nueva York en el Cen­tro Cul­tu­ral Teo­pan­zolco. Buena parte de ese tra­bajo depende de par­ti­cu­la­res que con­si­guen dona­ti­vos y ponen su dinero para cubrir los cos­tos. Incluso se orga­nizó una gala para reu­nir fon­dos y hacer posi­ble la pro­gra­ma­ción.

El gobierno debe­ría reco­no­cer y res­pal­dar ese esfuerzo. Teo­pan­zolco par­ti­cipa, pero los cos­tos de las trans­mi­sio­nes tam­bién impli­can pagos al Audi­to­rio Nacio­nal y dere­chos que hacen posi­ble lle­var la ópera del Met a otros luga­res. ¿Por qué la cul­tura tiene que sos­te­nerse casi por com­pleto con el dinero y la volun­tad de par­ti­cu­la­res? La auto­ri­dad podría ayu­dar a ges­tio­nar esos cos­tos, apo­yar las fun­cio­nes y faci­li­tar que los jóve­nes asis­tan, en espe­cial quie­nes nunca han tenido la opor­tu­ni­dad de escu­char una ópera o una orquesta.

El reciente con­cierto de la pia­nista rusa que inter­pretó el Segundo con­cierto de Rach­ma­ni­nov con la orquesta fue un acon­te­ci­miento extraor­di­na­rio. Sin embargo, des­pués apa­re­ció el gobierno con la inten­ción de sumarse al reco­no­ci­miento, aun­que no hubiera con­tri­buido a orga­ni­zarlo ni a finan­ciarlo. Las foto­gra­fías y los pre­mios no sus­ti­tu­yen el res­paldo que hace falta para que estos pro­yec­tos se repi­tan. La cul­tura no puede con­ver­tirse en un esce­na­rio para la pro­mo­ción de fun­cio­na­rios cuando el tra­bajo lo hicie­ron otros.

Tam­bién están los espa­cios públi­cos. El Jar­dín Borda se dete­riora cada vez más y nece­sita aten­ción. El Museo More­lense de Arte Con­tem­po­rá­neo ten­dría que ser un lugar abierto a los artis­tas de Cuer­na­vaca y de todo el estado, con expo­si­cio­nes y con­vo­ca­to­rias que per­mi­tan la par­ti­ci­pa­ción local. En cam­bio, hay quie­nes per­ci­ben el museo como un espa­cio cerrado, usado para fies­tas y even­tos socia­les, en vez de cum­plir ple­na­mente su fun­ción. Si hay deci­sio­nes sobre su manejo que limi­tan el acceso de los crea­do­res, deben expli­carse con trans­pa­ren­cia. Un museo no es sola­mente un edi­fi­cio: existe para exhi­bir, con­vo­car y dia­lo­gar con la comu­ni­dad.

More­los tuvo direc­to­res y pro­mo­to­res cul­tu­ra­les de gran cali­dad, como Mar­kar­chev, Ricardo Gue­rra y Alberto Ríos Sza­lay. En esos años lle­ga­ban a Cuer­na­vaca figu­ras inte­lec­tua­les y artis­tas de pri­mer nivel, entre ellos Pablo Gon­zá­lez Casa­nova. Tam­bién estu­vie­ron aquí Mis­hack y Rafael Coro­nel, aun­que no siem­pre reci­bie­ran la aten­ción que mere­cían. La pre­sen­cia de crea­do­res como Rafa Cau­duro, el maes­tro Casa­res y Víc­tor Con­tre­ras dejó una hue­lla que con­viene recor­dar. No se trata de año­rar el pasado, sino de enten­der que la vida cul­tu­ral requiere direc­ción, cono­ci­miento y tra­bajo sos­te­nido.

Ade­más, han exis­tido seña­la­mien­tos sobre el des­tino de obras que se soli­ci­ta­ron con el argu­mento de bene­fi­ciar al estado. Si hubo irre­gu­la­ri­da­des, deben acla­rarse públi­ca­mente y con docu­men­ta­ción. El patri­mo­nio artís­tico no puede que­dar sujeto a rumo­res ni a expli­ca­cio­nes incom­ple­tas.

¿Qué pode­mos hacer para que renazca la cul­tura en More­los? El gobierno debe asig­narle pre­su­puesto, con­vo­car a per­so­nas capa­ces y esta­ble­cer un pro­grama que no desa­pa­rezca con cada admi­nis­tra­ción. Hay que difun­dir con tiempo las acti­vi­da­des, abrir los museos a los artis­tas loca­les, cola­bo­rar con orga­ni­za­cio­nes como Ami­gos de la Música y lle­var con­cier­tos, ópera y talle­res a las escue­las y los barrios.

No se puede afir­mar que la cul­tura aca­bará con la vio­len­cia. Pero sí pode­mos ofre­cer a los jóve­nes otras expe­rien­cias, cono­ci­mien­tos y for­mas de par­ti­ci­par en su comu­ni­dad. More­los tiene artis­tas, público y orga­ni­za­cio­nes dis­pues­tas a tra­ba­jar. Lo que falta es que el gobierno entienda que la cul­tura no es un des­file ni una foto­gra­fía: es una res­pon­sa­bi­li­dad pública que debe sos­te­nerse todos los días. ¿No cree usted?

En el PAN, des­pues de su segundo informe, Daniel Mar­ti­nez Terra­zas se per­fila como el aspi­rante con mayor cla­ri­dad y tiene una alta pro­ba­bi­li­dad de que el PRI vaya en coa­li­ción. Por el Par­tido Verde se habla de Matías Naza­rio y, por el frente, de Manuel Mar­tí­nez Garri­gos. Son nom­bres que empie­zan a cir­cu­lar, pero falta que cada fuerza expli­que sus deci­sio­nes y pre­sente pro­pues­tas.

Morena tiene una com­pe­ten­cia interna mucho más nutrida, se habla de ocho per­so­nas regis­tra­das o inte­re­sa­das en bus­car la alcal­día; entre ellas están Luis Machuca, Lalo Cabrera, Meg­gie Sal­gado, Juan Ángel Flo­res, el sena­dor Víc­tor Mer­cado, Sil­via Pani y Javier Bola­ños. La lista refleja el tamaño de la dis­puta den­tro del par­tido, aun­que el número de aspi­ran­tes no sig­ni­fica que exista ya una can­di­da­tura defi­nida, pero ya están ins­cri­tos para ser coor­di­na­dor, o sea pró­xi­mos can­di­da­tos, ya que es la forma que han adop­tado los par­ti­dos para vio­lar la ley de manera mañosa.

Tam­bién es evi­dente el des­plie­gue de pro­mo­ción de varios de esos per­fi­les. En calles y redes, Morena parece con­cen­trar más publi­ci­dad que los demás par­ti­dos jun­tos. Un aspi­rante del PAN, por visi­ble que sea, com­pite con una fila de nom­bres more­nis­tas que bus­can colo­carse ante la opi­nión pública. Esa acti­vi­dad puede dar pre­sen­cia, pero no reem­plaza una expli­ca­ción seria de lo que cada quien pre­tende hacer; son muchos pero la mayo­ría busca a ver si le toca una dipu­ta­ción o, de per­dida, una regi­du­ría.

A los ciu­da­da­nos nos da gusto que haya inte­rés por Cuer­na­vaca y que más per­so­nas quie­ran par­ti­ci­par. El pro­blema no es que sean muchos. El pro­blema es que, hasta ahora, se habla más de quién será can­di­dato que de cómo piensa gober­nar. ¿Quién tiene un plan para la basura? ¿Quien va a orde­nar el trans­porte y hará posi­ble una cen­tral camio­nera? ¿Qué harán con los baches, las calles dete­rio­ra­das y los ser­vi­cios que no lle­gan a todas las colo­nias? ¿Cómo van a ren­dir cuen­tas y evi­tar que el ayun­ta­miento vuelva a con­ver­tirse en un espa­cio para ser­virse del cargo?

Cuer­na­vaca arras­tra años de aban­dono y admi­nis­tra­cio­nes que deja­ron una pro­funda decep­ción. Muchos veci­nos recuer­dan el trie­nio del apo­dado “Lobito” como una etapa aso­ciada al dete­rioro de la ciu­dad y a gra­ves seña­la­mien­tos sobre el manejo del gobierno muni­ci­pal. No basta con repe­tir que se quiere cam­biar las cosas, quie­nes aspi­ran a diri­gir el muni­ci­pio deben expli­car qué pasa, qué van a corre­gir y cómo van a com­pro­bar que cada peso se use en bene­fi­cio de la gente.

La capi­tal no aguanta otra cam­paña de pro­me­sas gene­ra­les. Hace falta saber cómo se aten­derá la reco­lec­ción de resi­duos, qué solu­ción con­creta se plan­tea para el trans­porte público, qué calen­da­rio se seguirá para repa­rar las calles y con qué meca­nis­mos se trans­pa­ren­ta­rán los con­tra­tos y el gasto. Tam­bién se nece­sita una estra­te­gia para que las deci­sio­nes muni­ci­pa­les se cons­tru­yan de acuerdo con las colo­nias y no sola­mente desde las ofi­ci­nas del ayun­ta­miento.

Escu­cha­re­mos a cada aspi­rante y segui­re­mos el pulso de esta con­tienda, pero la ciu­da­da­nía tiene dere­cho a exi­gir más que publi­ci­dad, infor­mes y foto­gra­fías. Quien busca gober­nar Cuer­na­vaca debe decir con cla­ri­dad qué hará, cuánto cos­tará, en qué plazo y cómo ren­dirá cuen­tas. La ciu­dad nece­sita menos aspi­ran­tes hablando de su ambi­ción y más pro­yec­tos capa­ces de devol­verle lim­pieza, orden y dig­ni­dad. No que­re­mos a quien sólo piense en obras por el por­cen­taje de ganan­cia per­so­nal que obten­drá, sino quien piense más en bene­fi­cio de la ciu­dad. ¿No cree usted?

No se trata solamente de ingresos: limita derechos, libertades y oportunidades, y compromete la dignidad humana. Según la actualización de septiembre de 2026 del Banco Mundial, más de 824 millones de personas vivían en pobreza extrema en 2024, con menos de tres dólares diarios por persona ajustados por paridad de poder adquisitivo. Para 2026 se estima que esta condición alcance todavía a 9.8% de la población mundial. 

Cada cifra encierra una historia: familias que deben elegir entre alimentos y medicamentos, jóvenes que abandonan la escuela, personas mayores que envejecen sin seguridad económica. La pobreza adopta distintos rostros. La extrema amenaza la subsistencia; la económica impide satisfacer necesidades esenciales; la multidimensional acumula carencias de salud, educación, vivienda y servicios; y la estructural transmite desventajas entre generaciones. Incluso en países prósperos hay trabajadores cuyos ingresos no alcanzan, hogares agobiados por los costos de vivienda y comunidades excluidas de oportunidades de desarrollo. 

La niñez merece especial atención. Cuando un niño crece sin alimentación adecuada, cuidados médicos o educación de calidad, las privaciones pueden acompañarlo toda la vida. La pobreza no sólo lastima el presente: también estrecha las posibilidades del mañana. La desigualdad territorial, la discriminación, los conflictos armados y los efectos del cambio climático profundizan estas dificultades, especialmente para quienes cuentan con menos recursos para protegerse. 

La Agenda 2030 de las Naciones Unidas situó el fin de la pobreza como su primer Objetivo de Desarrollo Sostenible. Alcanzarlo exige políticas públicas duraderas, instituciones responsables, cooperación internacional y recursos suficientes. La asistencia para resolver una urgencia es indispensable, pero debe avanzar de la mano de empleos dignos, servicios de salud oportunos, educación accesible e infraestructura que permita a las familias construir su propia autonomía. 

En ese contexto, México representa una experiencia concreta de políticas públicas de bienestar social. Según el Inegi, en 2024 había 38.5 millones de personas en pobreza multidimensional, equivalentes a 29.6% de la población; fueron 8.3 millones menos que en 2022. Se trata de un avance relevante, aunque persisten necesidades que reclaman atención sostenida. 

México ha establecido becas educativas, apoyos para niñas y niños hijos de madres trabajadoras, pensiones para personas adultas mayores y con discapacidad, y la Pensión Mujeres Bienestar. A ello se suman servicios y acciones de protección dirigidos a mujeres embarazadas, familias y otros grupos vulnerables. Estos instrumentos buscan respaldar ingresos, aliviar carencias inmediatas y ampliar la protección social. 

Su experiencia ofrece medidas que otros países pueden estudiar y adaptar según sus realidades. Sin embargo, ninguna transferencia económica sustituye por sí sola un sistema de salud eficaz, una buena escuela o un empleo justamente remunerado. Combatir la pobreza implica atender el hambre de hoy sin renunciar a las condiciones que permitan superar mañana la dependencia de la ayuda. 

La solidaridad cobra sentido cuando se transforma en oportunidades reales. Por ello, es indispensable que los Estados-Nación prioricen la inversión en bienestar social, educación, salud y protección del medio ambiente, en lugar de destinar recursos a guerras que destruyen vidas, comunidades y naturaleza. 

El verdadero progreso de la humanidad no se mide por su capacidad de hacer la guerra, sino por su voluntad de erradicar la pobreza, vencer el hambre, combatir la ignorancia y construir la paz. ¿O no, estimado lector?

El 8 de octu­bre, per­so­nal del IMSS mar­chó en Cuer­na­vaca. Médi­cos, enfer­me­ras y tra­ba­ja­do­res recla­ma­ron mejo­res sala­rios, más per­so­nal y medi­ca­men­tos e insu­mos para cum­plir su labor. En la movi­li­za­ción nacio­nal del 13 de octu­bre se amplia­ron las deman­das y se suma­ron tra­ba­ja­do­res de dis­tin­tas áreas y dere­choha­bien­tes. Ya no se escu­chó sola­mente la exi­gen­cia de un aumento sala­rial, sino tam­bién la de con­tar con mate­rial, equipo y pre­su­puesto sufi­ciente para el sec­tor salud. La incon­for­mi­dad, lejos de apa­garse, crece.

En More­los, la pro­testa llega a una rea­li­dad que los pacien­tes cono­cen sin nece­si­dad de esta­dís­ti­cas. En el Hos­pi­tal Gene­ral Dr. José G. Parres, uno de los prin­ci­pa­les hos­pi­ta­les públi­cos de Cuer­na­vaca, hay oca­sio­nes en que falta alcohol, una sonda o una jeringa; fami­lias y pacien­tes ter­mi­nan com­prando por su cuenta lo que debe­ría estar dis­po­ni­ble para la aten­ción. Tam­bién hay caren­cias en clí­ni­cas y uni­da­des del sec­tor salud. No se puede exi­gir al per­so­nal que res­ponda como si tuviera todo a la mano cuando la admi­nis­tra­ción no garan­tiza ni lo básico.

Y el pro­blema no ter­mina en el sis­tema esta­tal. El Seguro Social de Cuer­na­vaca fue cons­truido hace déca­das para aten­der a una pobla­ción mucho menor. Sus ins­ta­la­cio­nes y ser­vi­cios ya enfren­tan satu­ra­ción, lar­gas espe­ras y esca­sez de insu­mos. En la mar­cha local, tra­ba­ja­do­res advir­tie­ron que fal­tan espe­cia­lis­tas y que algu­nas áreas no logran cubrirse por­que el per­so­nal se va. Si a una infraes­truc­tura reba­sada se le agre­gan más pacien­tes sin ampliar camas, con­tra­tar médi­cos y enfer­me­ras ni ase­gu­rar medi­ca­men­tos, la pro­mesa de ampliar el acceso puede con­ver­tirse en una nueva fila y una nueva frus­tra­ción. La pro­puesta de avan­zar hacia un ser­vi­cio uni­ver­sal exige expli­car quién finan­ciará esa aten­ción y con qué capa­ci­dad se pres­tará.

Por eso es reduc­cio­nista res­pon­der que todo se resuelve con un por­cen­taje de aumento o con una mesa sin­di­cal. El sala­rio importa, nadie puede pedir voca­ción como sus­ti­tuto de un ingreso justo. Pero tam­bién cuen­tan la carga de tra­bajo, las pla­zas vacan­tes, los tur­nos exte­nuan­tes, el equipo que no llega y el medi­ca­mento que el paciente debe bus­car en una far­ma­cia pri­vada. La pro­testa tiene una dimen­sión labo­ral y otra ciu­da­dana. Cuando falta una jeringa, el con­flicto deja de ser asunto interno de una ins­ti­tu­ción; la per­sona enferma paga el costo en dinero, en tiempo y a veces en salud.

La his­to­ria obliga a mirar con serie­dad este momento. Entre 1964 y 1965, durante el gobierno de Gus­tavo Díaz Ordaz, médi­cos resi­den­tes e inter­nos ini­cia­ron un movi­miento nacio­nal des­pués de que no reci­bie­ron su agui­naldo. Recla­ma­ban mejo­res con­di­cio­nes de tra­bajo, con­tra­tos y solu­cio­nes a los pro­ble­mas de los hos­pi­ta­les. Fue un con­flicto que el gobierno enfrentó con dureza y que dejó una marca en la vida pública. No es la misma coyun­tura ni deben con­fun­dirse sus cau­sas; sí hay una lec­ción que per­ma­nece: cuando quie­nes sos­tie­nen los ser­vi­cios públi­cos denun­cian que no pue­den tra­ba­jar en con­di­cio­nes ade­cua­das, desoír­los o des­ca­li­fi­car­los no hace desa­pa­re­cer el pro­blema.

Hoy, ade­más de sala­rios y dere­chos labo­ra­les, el reclamo pone sobre la mesa una pre­gunta ele­men­tal: ¿cómo se atiende a la pobla­ción si fal­tan medi­ca­men­tos, insu­mos y per­so­nal? Las auto­ri­da­des deben res­pon­der con datos veri­fi­ca­bles qué insu­mos esca­sean, cuánto tar­dan las com­pras, qué pla­zas están vacan­tes, cuán­tas rece­tas no se sur­ten y qué calen­da­rio existe para corre­girlo. Decir que hay abasto no basta si el paciente sale a com­prar una sonda o si el per­so­nal impro­visa para no sus­pen­der una aten­ción.

Tam­poco se puede per­mi­tir que la falta de orga­ni­za­ción se con­vierta en nego­cio para inter­me­dia­rios o pro­vee­do­res favo­re­ci­dos. Cada peso des­ti­nado a salud debe refle­jarse en mate­rial dis­po­ni­ble, equi­pos fun­cio­nando y tra­ba­ja­do­res sufi­cien­tes. Hace falta audi­to­ría, trans­pa­ren­cia y res­pon­sa­bles cuando las com­pras no lle­gan o los alma­ce­nes están vacíos. La auto­ri­dad debe sen­tarse con el per­so­nal y sus repre­sen­tan­tes, escu­char tam­bién a los pacien­tes y publi­car com­pro­mi­sos que pue­dan revi­sarse.

En un estado que enfrenta pro­ble­mas de segu­ri­dad y ser­vi­cios públi­cos, la salud no admite más dis­cur­sos de tem­po­rada. Si médi­cos y enfer­me­ras pro­tes­tan es por­que el can­san­cio y la caren­cia ya reba­sa­ron los pasi­llos hos­pi­ta­la­rios. Los fun­cio­na­rios no pue­den seguir admi­nis­trando la cri­sis con anun­cios. Deben demos­trar, hos­pi­tal por hos­pi­tal, que hay insu­mos, per­so­nal y aten­ción. Por­que cuando alguien llega enfermo y des­cu­bre que ni lo indis­pen­sa­ble está dis­po­ni­ble, el desor­den deja de ser una cifra y se con­vierte en angus­tia y des­con­fianza. ¿No cree usted?

Todo sitio web parece tener en mente a una persona que lo utilizará. Podemos pensar en ella como un usuario implícito: alguien a quien el diseño atribuye determinadas capacidades, conocimientos y condiciones para navegar, aunque nunca se diga expresamente quién es.

sitio puede estar diseñado pensando, sin decirlo, en alguien que ve perfectamente la pantalla, entiende rápidamente sus íconos, utiliza un mouse con precisión, distingue los contrastes, puede leer tipografías pequeñas, conoce ciertas convenciones digitales y sabe qué significan palabras que para quien diseñó resultan obvias.

El problema es que los usuarios somos mucho más diversos: una persona puede tener baja visión, utilizar solamente el teclado, requerir un lector de pantalla, navegar desde un teléfono pequeño, tener una conexión lenta o simplemente desconocer la lógica que quien diseñó consideró evidente.

Incluso cualquiera de nosotros puede encontrarse temporalmente en condiciones distintas: estar en un lugar con demasiada luz, tener una mano ocupada, olvidar los lentes o intentar consultar un sitio rápidamente mientras hacemos otra cosa.

Por eso la accesibilidad de un sitio web no puede reducirse a aumentar el tamaño de la letra o colocar suficiente contraste entre texto y fondo. También existe una dimensión que no necesariamente vemos en la pantalla: cómo está construido el sitio para que distintas tecnologías puedan interpretarlo.

Por ejemplo, una página puede verse perfectamente ordenada y, sin embargo, estar programada de tal manera que un lector de pantalla no pueda reconocer con claridad qué es un encabezado, cuál es el nombre de un botón, en qué orden debe recorrerse la información o qué representa una imagen. Para nosotros existe una jerarquía visual, pero si esa jerarquía no está correctamente estructurada en el código, puede perderse para quien utiliza tecnología de asistencia. Esto me parece muy importante porque demuestra que la inclusión también se diseña en aquello que no vemos, como el código de un sitio web.

Las Pautas de Accesibilidad para el Contenido Web plantean precisamente que la información debe poder percibirse, utilizarse y comprenderse de distintas maneras y ser compatible con tecnologías de asistencia. Como todo el diseño universal se trata de diseñar considerando desde el inicio que no todos accedemos a la información de la misma forma.

Lo mismo sucede con la arquitectura y la jerarquía de la información. Cuando entramos a un sitio normalmente no queremos admirar durante mucho tiempo cómo fue diseñado. Queremos hacer algo: localizar un dato, leer una noticia, realizar un trámite, comprar un producto, descargar un documento o comunicarnos con alguien.

El diseño tendría que ayudarnos a reconocer ese camino y no obligarnos a descubrir la lógica interna de quien construyó la página.

Por eso conocer al usuario significa, además de saber su edad o construir un perfil general, también preguntarnos en qué condiciones utilizará el sitio, qué conocimientos podemos realmente suponer, qué dificultades pueden aparecer y qué alternativas tendremos si una determinada forma de interacción no funciona para esa persona. Un sitio puede ser visualmente atractivo y técnicamente sofisticado y, aun así, resultar difícil de usar. También puede funcionar perfectamente para quien lo diseñó y volverse una barrera para alguien que se aproxima desde condiciones diferentes. Diseñar significa anticipar lo que una persona creerá que puede hacer con aquello que tiene frente a ella.

Mientras más limitado sea el usuario que imaginamos, más posibilidades tendremos de dejar a otras personas fuera. Nos vemos pronto para seguir hablando de diseño.

Una de las cosas que me parecen más interesantes de la semiótica es que, antes de interpretar, tenemos que observar con mayor cuidado. Antes de decir qué significa una imagen, conviene preguntarnos qué vemos realmente, cómo está organizada y a qué contexto responde. Podemos comenzar identificando aquello que aparece representado: una persona, una casa, un paisaje, un automóvil, el mar, determinados objetos o alguna acción. Esto pertenece a lo que podemos llamar la dimensión figurativa de una imagen. Después podemos fijarnos en cómo están organizados visualmente esos elementos. Entonces comenzamos a observar colores, formas, líneas, texturas, tamaños, posiciones, contrastes, iluminación, ritmo y jerarquías. En otras palabras, pasamos de preguntarnos qué aparece a preguntarnos cómo está construido aquello que aparece.

Esta diferencia parece muy sencilla, pero cambia mucho nuestra forma de analizar una imagen. Podemos fotografiar a la misma persona y producir imágenes completamente distintas dependiendo del encuadre, de la iluminación, del punto de vista, de la posición que ocupe dentro de la composición o del contexto en el que se tomó la fotografía. No es igual verla desde arriba que desde abajo, colocarla en el centro de la imagen que casi fuera del cuadro, iluminarla intensamente que dejar buena parte de su rostro en sombra. La persona sigue siendo la misma, pero la imagen construye una forma distinta de verla.

Eso también significa que, cuando interpretamos, tendríamos que ser capaces de explicar qué elementos de la imagen sostienen nuestra lectura. Si decimos, por ejemplo, que una figura domina la composición, podemos observar si ocupa más espacio, si está ubicada en el centro, si tiene mayor contraste o si recibe más luz que los demás elementos. Si afirmamos que una imagen produce tensión, también tendríamos que reconocer qué ocurre visualmente para llegar a esa conclusión. Además, nuestra cultura, nuestra experiencia, nuestros conocimientos y hasta aquello que hemos visto previamente participan en la manera en que construimos significado. Pero que puedan existir diversas interpretaciones no significa que todas puedan sostenerse de la misma manera.

A veces también olvidamos que una imagen no es únicamente aquello que representa. Importan la forma en que fue producida y el soporte en el que se presenta. Por ejemplo, una pintura tiene pigmento, textura y pinceladas; una fotografía puede mostrar grano, desenfoque o características relacionadas con su impresión; una imagen digital depende de píxeles, resolución, pantallas, interfaces y dispositivos. Una fotografía que vemos en el teléfono tampoco se experimenta exactamente igual que esa misma fotografía impresa en gran formato y colocada en un muro. La materialidad y el soporte forman parte de la manera en que la imagen se presenta ante nosotros y también pueden participar en la construcción del sentido.

Todo esto me parece muy importante para el diseño. Quienes diseñamos tomamos constantemente decisiones de este tipo: elegimos un tamaño, una posición, determinado contraste, una fotografía, un color, una textura o una jerarquía. Cada decisión modifica la manera en que una persona encontrará y recorrerá la información. La semiótica comienza ahí: haciendo una pequeña pausa antes de diseñar para pensar qué estamos mostrando, cómo lo estamos organizando y qué posibilidades de interpretación estamos poniendo frente a quienes observan la imagen.

Nos vemos pronto para seguir hablando de diseño.

La deci­sión de pri­vi­le­giar la vida de los ser­vi­do­res públi­cos es com­pren­si­ble. Nadie puede pedirle al Estado que deje morir a sus agen­tes por sos­te­ner una deten­ción. Pero enten­der esa prio­ri­dad no eli­mina la preo­cu­pa­ción ni las con­se­cuen­cias de lo suce­dido. Para la gente que vive y tra­baja en Toto­la­pan y en los muni­ci­pios cer­ca­nos, ver blo­queos, vehí­cu­los incen­dia­dos y una nego­cia­ción que ter­minó con la libe­ra­ción del hom­bre dete­nido es motivo de miedo.

Muchos se pre­gun­tan si podrán salir de sus casas con tran­qui­li­dad y quién tiene real­mente el con­trol de la zona.

Los repor­tes públi­cos seña­lan que José David “N”, iden­ti­fi­cado por las auto­ri­da­des como pre­sunto gene­ra­dor de vio­len­cia y rela­cio­nado con el grupo Pue­blos Uni­dos, fue dete­nido por pose­sión sim­ple de droga. Des­pués, tres agen­tes de la Fis­ca­lía fue­ron pri­va­dos de la liber­tad y, tras varias horas, recu­pe­ra­ron su liber­tad a cam­bio de que el dete­nido fuera entre­gado. Uno de los agen­tes resultó herido.

Hay, ade­más, una pre­ci­sión nece­sa­ria: en la infor­ma­ción con­sul­tada no está con­fir­mado que el dete­nido tuviera una orden vigente de la DEA.

La Fis­ca­lía informó que su deten­ción fue por pose­sión sim­ple y que no había una orden de aprehen­sión vigente en su con­tra. Eso no borra la gra­ve­dad del epi­so­dio; obliga a que las auto­ri­da­des expli­quen con exac­ti­tud qué sabían de él, qué delito inves­ti­ga­ban y qué posi­bi­li­da­des lega­les exis­ten para con­ti­nuar el caso.

La pre­si­denta Clau­dia Shein­baum res­paldó la deci­sión al seña­lar que se tomó para sal­var vidas. Es una expli­ca­ción com­pren­si­ble desde la res­pon­sa­bi­li­dad inme­diata de pro­te­ger a los agen­tes. Pero una decla­ra­ción pre­si­den­cial no basta para que los habi­tan­tes de More­los sien­tan que cono­cen lo ocu­rrido ni para des­pe­jar las dudas sobre la capa­ci­dad de res­puesta de las ins­ti­tu­cio­nes.

La ciu­da­da­nía nece­sita infor­ma­ción com­pleta y seria: cómo se desa­rro­lló la deten­ción; por qué los agen­tes que­da­ron expues­tos; quié­nes los retu­vie­ron y bajo qué ame­na­zas; qué inves­ti­ga­cio­nes están abier­tas; y de qué manera se bus­cará dete­ner nue­va­mente al seña­lado, si exis­ten ele­men­tos para hacerlo. La Fis­ca­lía afirmó que los hechos no que­da­rán impu­nes y que las inves­ti­ga­cio­nes con­ti­núan. Ahora debe infor­mar avan­ces veri­fi­ca­bles, sin poner en riesgo a las víc­ti­mas ni entor­pe­cer las inda­ga­to­rias.

Cuando el cri­men orga­ni­zado puede impo­ner con­di­cio­nes mediante el secues­tro de agen­tes y la ame­naza de vio­len­cia, el silen­cio o las res­pues­tas incom­ple­tas agran­dan la incer­ti­dum­bre.

La auto­ri­dad salvó vidas el lunes; esa prio­ri­dad no está en dis­cu­sión. Pero tam­bién debe recu­pe­rar la con­fianza de una pobla­ción que quedó espan­tada y preo­cu­pada. Toto­la­pan y More­los no puede que­darse con la impre­sión de que la vio­len­cia decide quién sale libre y quién puede tra­ba­jar en paz. La gente merece saber qué pasó y qué hará el Estado para que no vuelva a ocu­rrir. ¿No cree usted?

De acuerdo con ver­sio­nes que cir­cu­la­ron des­pués del encuen­tro, Gar­cía Yáñez hizo comen­ta­rios crí­ti­cos sobre la admi­nis­tra­ción de Mar­ga­rita Gon­zá­lez Sara­via. Flo­res Bus­ta­mante res­pon­dió cues­tio­nando la tra­yec­to­ria del sena­dor y repro­chán­dole que, des­pués de varios años en el Senado, no hubiera hecho lo sufi­ciente por la enti­dad. En con­traste, sos­tuvo que la gober­na­dora, con erro­res y defec­tos, sí estaba inten­tando actuar ante los pro­ble­mas del estado.

La con­ver­sa­ción, al pare­cer, subió de tono hasta que inter­vino Rosa Icela Rodrí­guez para orde­nar la reu­nión y encau­zarla hacia los asun­tos pre­vis­tos. No se conoce una trans­crip­ción ofi­cial del inter­cam­bio ni todos sus deta­lles, por lo que con­viene tomar con cau­tela las fra­ses atri­bui­das a cada legis­la­dor. Pero el epi­so­dio ya tuvo un efecto polí­tico: hizo visi­ble que la preo­cu­pa­ción por More­los tam­bién se expresa en la dis­puta sobre quién tiene res­pon­sa­bi­li­dad y quién debe res­pon­der por la cri­sis.

Y moti­vos de preo­cu­pa­ción sobran. La inse­gu­ri­dad sigue siendo una de las prin­ci­pa­les deman­das ciu­da­da­nas y no puede darse por con­tro­lada. A ella se suman pro­ble­mas en los ser­vi­cios, ten­sio­nes socia­les y una per­cep­ción de gobierno que enfrenta cues­tio­na­mien­tos coti­dia­nos. La crí­tica opo­si­tora tiene espa­cio legí­timo, espe­cial­mente cuando señala fallas con­cre­tas. Pero seña­lar pro­ble­mas no basta, los repre­sen­tan­tes popu­la­res tam­bién deben expli­car qué han hecho desde sus car­gos y qué solu­cio­nes pro­po­nen. Por eso, la réplica de Flo­res Bus­ta­mante tuvo rele­van­cia más allá del tono. Entre los legis­la­do­res pre­sen­tes, según las ver­sio­nes cono­ci­das, fue quien salió a defen­der a la gober­na­dora. El resto de las y los dipu­ta­dos more­len­ses habría per­ma­ne­cido en silen­cio. Ese silen­cio tam­bién comu­nica; puede ser pru­den­cia ante una dis­cu­sión áspera, pero deja la impre­sión de que la repre­sen­ta­ción esta­tal no con­si­gue cons­truir una posi­ción común frente a la situa­ción de More­los.

La escena, ade­más, ocu­rre cuando la polí­tica ya mira hacia las elec­cio­nes de 2027. El PRI busca subra­yar las debi­li­da­des de la admi­nis­tra­ción esta­tal, varias de ellas evi­den­tes para la pobla­ción. Morena, por su parte, tiene el incen­tivo de cerrar filas y pro­te­ger a su gobierno. En esa lógica, la reu­nión dejó de ser úni­ca­mente un espa­cio ins­ti­tu­cio­nal y se con­vir­tió en un anti­cipo de una con­tienda que irá subiendo de tem­pe­ra­tura.

Sin embargo, la gra­ve­dad de More­los no debe­ría redu­cirse a un inter­cam­bio de acu­sa­cio­nes par­ti­dis­tas. La pre­sen­cia de la Secre­ta­ria de Gober­na­ción y la reu­nión con repre­sen­tan­tes fede­ra­les mues­tran que el cen­tro del país sigue de cerca lo que ocu­rre aquí. Esa aten­ción puede abrir una opor­tu­ni­dad para coor­di­nar accio­nes y exi­gir resul­ta­dos; pero tam­bién puede sig­ni­fi­car que la situa­ción rebasó la dis­cu­sión local y requiere res­pues­tas de mayor alcance.

Lo que los more­len­ses nece­si­tan no es saber quién levantó más la voz, sino qué com­pro­mi­sos con­cre­tos salie­ron de la reu­nión. ¿Qué apoyo fede­ral habrá para con­te­ner la vio­len­cia? ¿Qué medi­das veri­fi­ca­bles se pon­drán en mar­cha? ¿Quién dará segui­miento y en qué pla­zos? Sin res­pues­tas públi­cas, el pleito será ape­nas una escena más de la polí­tica.

El cho­que entre Gar­cía Yáñez y Flo­res Bus­ta­mante dejó una pre­gunta que nin­guno puede esqui­var: si todos reco­no­cen que More­los atra­viesa una situa­ción deli­cada, ¿qué hará cada quien, desde su res­pon­sa­bi­li­dad, para cam­biarla? En vís­pe­ras de la dis­puta elec­to­ral, la ciu­da­da­nía ten­drá que dis­tin­guir entre quie­nes usan la cri­sis para gol­pear al adver­sa­rio y quie­nes están dis­pues­tos a asu­mir su parte y ofre­cer resul­ta­dos. ¿No cree usted?

El PAN y el PRI van jun­tos, con Daniel Mar­tí­nez Terra­zas como el per­fil con mayo­res pro­ba­bi­li­da­des. Acción Nacio­nal gobierna actual­mente la ciu­dad y cuenta con una estruc­tura que no puede igno­rarse. Tener la alcal­día y las dipu­ta­cio­nes loca­les le ha per­mi­tido darse a cono­cer entre la ciu­da­da­nía. A pesar de ello, es nece­sa­rio un arduo tra­bajo, pues ser de Acción Nacio­nal o priista no basta para ase­gu­rar la vic­to­ria. El des­gaste de cual­quier admi­nis­tra­ción tam­bién se con­vierte en parte de la cam­paña: segu­ri­dad, agua, baches, trans­porte y ser­vi­cios serán asun­tos que los votan­tes pon­drán sobre la mesa.

Se per­fila Lucía Meza, excan­di­data a la guber­na­tura, como can­di­data a la Cámara de Dipu­ta­dos, mien­tras que por el PT se men­ciona para Cuer­na­vaca a Manuel Mar­tí­nez Garri­gós, quien ya fue pre­si­dente muni­ci­pal y pro­viene de las filas priis­tas. Movi­miento Ciu­da­dano tiene en Jes­sica Ortega una figura con reco­no­ci­miento esta­tal, y en el Verde se habla de Matías Naza­rio. Son per­fi­les que cir­cu­lan en el debate anti­ci­pado, no can­di­da­tu­ras regis­tra­das. Ahora, para vio­lar la ley, se hacen lla­mar coor­di­na­do­res de una serie de ton­te­rías, con el pro­pó­sito de hacer trampa. Ese es el punto cen­tral. La selec­ción par­ti­dista y el regis­tro ofi­cial lle­ga­rán el pró­ximo año, con­forme a los tiem­pos lega­les. La figura de los coor­di­na­do­res es una manera tram­posa de simu­lar.

Morena enfrenta una deci­sión más com­pleja por­que la lista de aspi­ran­tes es amplia. Entre los nom­bres con mayor pre­sen­cia están el sena­dor Víc­tor Mer­cado, con cone­xio­nes en el cen­tro del país por su cargo; la dipu­tada fede­ral Meg­gie Sal­gado, con una heren­cia polí­tica impor­tante; y el dipu­tado fede­ral Juan Ángel Flo­res Bus­ta­mante, quien, al pare­cer, es el pros­pecto de Cit­la­lli Her­nán­dez y ya fue pro­bado como alcalde en Jojutla. Tam­bién se men­ciona a Javier Bola­ños, quien tiene el res­paldo de la gober­na­dora. Sin embargo, una cer­ca­nía polí­tica no sus­ti­tuye el tra­bajo terri­to­rial ni garan­tiza votos. Una can­di­da­tura se gana pri­mero den­tro del par­tido y des­pués frente a la ciu­da­da­nía. En una elec­ción como la de Cuer­na­vaca, cada aspi­rante ten­drá que demos­trar que puede cons­truir una mayo­ría, no solo reu­nir apo­yos en su grupo.

Alre­de­dor de esta lista apa­re­cen otros nom­bres y pro­yec­tos per­so­na­les. Algu­nos bus­can posi­cio­narse; otros quizá aspi­ran a una dipu­ta­ción o a un espa­cio en el ayun­ta­miento. Pero apa­re­cer en una foto­gra­fía, tener un cargo o anun­ciar una rela­ción con figu­ras nacio­na­les no con­vierte auto­má­ti­ca­mente a nadie en una can­di­da­tura com­pe­ti­tiva. La polí­tica local suele cas­ti­gar esa con­fu­sión entre que­rer par­ti­ci­par y con­tar con posi­bi­li­da­des rea­les de ganar.

Cuer­na­vaca es una ciu­dad diversa, con habi­tan­tes que cono­cen los pro­ble­mas de sus colo­nias y com­pa­ran las pro­me­sas con los resul­ta­dos. Por eso, no se puede dar por hecho que una ope­ra­ción polí­tica o una estruc­tura par­ti­dista bas­ta­rían. Tam­poco se deben repe­tir como cer­te­zas seña­la­mien­tos sobre posi­bles irre­gu­la­ri­da­des elec­to­ra­les sin docu­men­ta­ción. Si se cues­tiona una vota­ción, como se ha hecho al com­pa­rar cifras de Xochi­te­pec en la elec­ción pasada, hay que cote­jar actas, lista nomi­nal, par­ti­ci­pa­ción y datos cen­sa­les. La pobla­ción total de un muni­ci­pio no equi­vale al número de per­so­nas con dere­cho a votar. La trans­pa­ren­cia exige cifras com­ple­tas, no sos­pe­chas suel­tas.

La preo­cu­pa­ción por las ins­ti­tu­cio­nes elec­to­ra­les es legí­tima. Quie­nes tra­ba­ja­mos durante déca­das para cons­truir orga­nis­mos capa­ces de orga­ni­zar comi­cios con­fia­bles sabe­mos que su auto­no­mía no puede darse por sen­tada. El INE y el IMPEPAC deben actuar con inde­pen­den­cia, apli­car las reglas por igual y expli­car sus deci­sio­nes. La con­fianza ciu­da­dana se pierde cuando los par­ti­dos sien­ten que las reglas se aco­mo­dan a con­ve­nien­cia, y recu­pe­rarla requiere vigi­lan­cia pública y evi­den­cia veri­fi­ca­ble.

Tam­bién hay que cui­dar el len­guaje. En este momento se habla de aspi­ran­tes y de pro­ce­sos inter­nos; lla­mar pre­can­di­da­tos a quie­nes aún no han sido desig­na­dos puede anti­ci­par una deci­sión que corres­ponde a cada par­tido. No es solo lo válido en el debate público: tam­bién es lo legal. El calen­da­rio y las reglas elec­to­ra­les deben ser res­pe­ta­dos por todos, sobre todo por quie­nes aspi­ran a gober­nar.

La moneda sigue en el aire. En los pró­xi­mos días y sema­nas se des­pe­ja­rán más nom­bres, pero la pre­gunta de fondo no será quién levanta pri­mero la mano, sino quién puede con­ven­cer a los cuer­na­va­cen­ses con pro­pues­tas, tra­yec­to­ria y capa­ci­dad para resol­ver pro­ble­mas. En esta elec­ción no bas­tará con ser aspi­rante: habrá que ganarse la can­di­da­tura con­forme a la ley y, des­pués, ganarse los votos. ¿No cree usted?

El invitado comenzó su intervención agradeciendo a los empresarios por abrirle la oportunidad de dialogar con ellos, así como escuchar sus opiniones y sugerencias. Añadió que para él representa una gran responsabilidad estar al frente de uno de los tres poderes del Estado, lo que ha permitido generar diálogo con el Ejecutivo para contribuir a la gobernabilidad en la entidad.

El diputado afirmó que, en el Congreso, junto con sus compañeros han priorizado el diálogo entre poderes, generando acuerdos y consensos que han permitido que esta Quincuagésima Sexta Legislatura sea de resultados en temas que estaban atrasados y en asuntos que venían pendientes de aprobación, como lo había solicitado el Ejecutivo desde el inicio. Afirmó que se encargaron de realizar modificaciones para permitir la creación de nuevas secretarías, además de aprobar por consenso presupuestos e iniciativas propuestas por el Poder Ejecutivo para garantizar su operatividad, así como realizar nombramientos pendientes de magistraturas, de la Comisión de Derechos Humanos y de organismos autónomos.

Isaac Pimentel aseguró que el diálogo ha permanecido en el Congreso local para garantizar a la ciudadanía canales de oportunidad y transitar de manera ordenada y coordinada entre los poderes. Pimentel reconoció que los empresarios contribuyen a que un gran porcentaje del Producto Interno Bruto (PIB) de la economía del estado genere recursos; pero que, más allá de ello, aporte empleos y oportunidades laborales. Afirmó que está en manos del Congreso, y de la Mesa Directiva, ser portavoces para contribuir de manera coordinada para beneficio de todo el sector empresarial.

El presidente de la Mesa Directiva aseguró que en materia de seguridad tiene que existir una estrategia real y una amplia involucración de la sociedad, así como de los tres poderes de gobierno, para recuperar valores. Señaló que, si algo no está funcionando, se deben tomar decisiones en favor de la mayoría y de lo que la gente pide. Isaac consideró importante incrementar las penas y establecer castigos de mayor trascendencia para los delitos. A continuación, el invitado informó que durante esta Legislatura se han incrementado las penas para la extorsión y el asalto en motocicletas.

Después de que los empresarios enfatizaran su preocupación por la circulación de muchas motocicletas en el estado, Pimentel aseguró que desde el Poder Legislativo se ha logrado establecer que cada motocicleta que salga de una agencia debe hacerlo, por ley, ya con placas y con un seguimiento puntual para saber, mediante el número de serie, quién es el dueño y así asegurar que ese vehículo no haya sido robado para cometer un delito.

En la reunión se abordaron también las deficiencias en el sector Salud. El invitado aseguró que existen iniciativas presentadas por el Poder Ejecutivo para pasar todos los centros de salud del estado al gobierno federal, con el objetivo de que puedan ser objeto de remodelaciones, recibir inversiones y contar con medicamentos. Sin embargo, afirmó que en el Congreso existe una parálisis debido al inicio de un periodo electoral, y porque se tiene pendiente de aprobación la cesión de 120 inmuebles debido a que la oposición no quiere dar ese paso “por temas políticos”.

El diputado local, tras escuchar las preocupaciones de los miembros del GEM sobre seguridad y salud, aseguró que habrá comparecencias del Secretario de Salud, Mario Ocampo, así como del Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, el General de Brigada de Estado Mayor José Luis Bucio Quiroz. Sin embargo, señaló que será hasta febrero cuando se entregue formalmente el informe del Ejecutivo del Estado, cuando los diputados citen a comparecer a los secretarios como parte de la glosa del informe.

El invitado también habló sobre el polémico tema del Instituto de Pensiones y afirmó que se debe hacer algo por consenso y que se dialogue con todos los sectores, además de establecer lineamientos sobre el cómo se aprobarán las pensiones de quienes las solicitan. Esto deberá realizarse mediante una investigación exhaustiva para garantizar esas pensiones a quienes sí son beneficiarios legales de ese derecho. Pimentel dijo que es importante que no sea únicamente el Congreso quien apruebe esas pensiones, por lo que también se involucró al Poder Ejecutivo.

Isaac Pimentel aseguró también que en esta Legislatura el Instituto de Pensiones “no va a caminar”, porque la iniciativa fue planteada por el Ejecutivo, pero al no haberla consensuado con la clase trabajadora, y al no existir un acuerdo, se descompuso la idea de lo que tenía que ser dicho instituto. Dijo que éste sí hace falta, pero que tiene que ser totalmente autónomo, transparente y contar con una regulación por parte de los diferentes poderes. También señaló que cualquier modificación deberá construirse mediante diálogo, acuerdos y transparencia para evitar conflictos y garantizar certeza a los trabajadores.

Interesante. ¿No cree usted?

reforma.com: https://www.reforma.com/preven-que-simon-pegue-a-jalisco-y-colima-como-huracan-mayor/ar3291584

En la reunión participaron representantes de Cuernavaca, Temixco, Cuautla, Yautepec, Jojutla y Emiliano Zapata, además de jubilados y pensionados de los poderes Judicial, Legislativo y Ejecutivo. Wong sostuvo que los trabajadores deben mantenerse alertas porque la pausa anunciada por el Gobierno no les garantiza que el proyecto esté cancelado. Esa desconfianza no apareció de la nada: durante meses, los sindicatos han reclamado que se les explique con precisión qué se pretende hacer y qué efectos tendría cualquier cambio.

La coincidencia entre organizaciones de distintos poderes y municipios tiene peso político. No significa que todas tengan exactamente las mismas demandas ni que sus integrantes estén de acuerdo en cada punto, pero sí deja claro que la inquietud rebasa a un solo sindicato. Cuando quienes representan a trabajadores activos y jubilados se reúnen para advertir que no bajarán la guardia, el Gobierno debería entender que no se trata de una inconformidad pasajera que pueda resolverse con declaraciones tranquilizadoras.

El tema de fondo tampoco es negar que el sistema de pensiones enfrenta presiones financieras. El

Gobierno ha planteado la necesidad de revisar su viabilidad y ha señalado que se requieren diagnósticos técnicos. Precisamente por eso, los sindicatos exigen estudios actuariales que permitan conocer la situación real: cuánto cuesta hoy el sistema, qué obligaciones tendrá en los próximos años y qué medidas serían necesarias. Sin esos datos, cualquier propuesta corre el riesgo de generar temor y sospechas, aunque la autoridad asegure que no pretende afectar derechos adquiridos.

A fines de septiembre, el Gobierno y representantes sindicales acordaron poner en pausa las mesas de trabajo y no llevar una iniciativa al Congreso hasta alcanzar consenso. En esa reunión se habló de diagnósticos financieros y de la falta de estudios actuariales en municipios, poderes, órganos autónomos y entidades paraestatales. La pausa, sin embargo, no resuelve las diferencias: deja pendiente la pregunta sobre qué se está analizando y cómo participarán los trabajadores en las decisiones futuras.

El propio Wong expresó que los sindicatos no confían en que la pausa signifique una cancelación definitiva. Su preocupación es entendible: detener una iniciativa no equivale a construir un acuerdo. Si el proyecto puede retomarse más adelante, la manera de recuperar la confianza es hacer públicos los estudios, explicar las alternativas y permitir que las organizaciones laborales intervengan desde el principio, no cuando las decisiones ya estén tomadas.

También hace falta separar con claridad dos asuntos que el debate suele mezclar: la situación general de las pensiones y la revisión de los casos que se han llamado “pensiones doradas”. Investigar jubilaciones posiblemente irregulares puede ser necesario, siempre que se haga con criterios legales y evidencia. Pero ese propósito no debe convertirse en una justificación para sembrar incertidumbre entre miles de trabajadores que cumplieron décadas de servicio y tienen derechos reconocidos.

El Gobierno ha dicho que no presentará una reforma general durante la actual Legislatura y que respetará los derechos adquiridos, mientras revisa los casos de pensiones elevadas. Es un mensaje que debe traducirse en procedimientos transparentes y explicaciones públicas, no quedarse en una promesa.

La fuerza que ayer mostraron las organizaciones sindicales obliga a cambiar el tono de la discusión. La autoridad no puede tratar a los trabajadores como un obstáculo ni los dirigentes pueden conformarse con advertir que están en alerta. Hace falta una mesa con representación legítima, información verificable y compromisos que puedan revisarse.

El sistema de pensiones necesita una solución sostenible y justa. Para alcanzarla, el Gobierno debe explicar sus diagnósticos y los sindicatos deben presentar propuestas y participar en su evaluación. Si se intenta avanzar sin confianza, cualquier reforma —o incluso cualquier pausa— será interpretada como una maniobra. Y cuando tantos representantes coinciden en exigir garantías, ignorarlos sería convertir un problema financiero en un conflicto político de mayores dimensiones. ¿NO CREE USTED?

letraslibres.com: https://letraslibres.com/uncategorized/la-politica-al-servicio-de-la-vida-cotidiana-alicia-garcia-ruiz-sobre-judith-shklar/07/10/2026/

La preocupación no se limita al número de homicidios. Este domingo se difundió un análisis independiente sobre el control del crimen organizado que coloca a

Morelos en cuarto lugar nacional, con 78 puntos. La lista reportada ubica primero a Colima, con 92; después a Sinaloa, con 88; y a Guanajuato, con 86. Conviene precisar el dato: Morelos no aparece en tercer lugar en ese índice, y los 78 puntos tampoco significan que 78 por ciento del territorio esté bajo control criminal.

El índice compuesto considera factores que no se reducen a los homicidios: cobro de piso, retenes ilegales, control de actividades económicas y restricciones a la movilidad, entre otros. Por eso mide una dimensión distinta de la que reflejan las cifras oficiales de víctimas. No hay que poner ambos datos a competir como si uno invalidara al otro: juntos muestran que la seguridad exige mirar tanto la violencia letal como la capacidad de los grupos criminales para imponer condiciones en la vida cotidiana.

Los hechos recientes recuerdan la urgencia de esa evaluación. El jueves 1 de octubre, medios reportaron una jornada violenta en distintos municipios de Morelos. Los recuentos publicados no coincidieron: uno habló de ocho personas asesinadas y otro de nueve. No encontré confirmación suficiente para afirmar que fueron trece en un solo día. La diferencia también obliga a preguntar qué cifras consolidadas maneja la autoridad y con qué fecha de corte.

Nada de esto exige descalificar el balance gubernamental ni desconocer una disminución estadística. Exige explicar con claridad qué se está midiendo, durante qué periodo y con qué método. Comparar noviembre de 2024 con julio de 2026 puede mostrar una tendencia; no permite concluir, por sí solo, que el problema está resuelto ni que todos los municipios viven la misma realidad.

La respuesta debe ser institucional. La Secretaría de Seguridad, la Fiscalía y las autoridades municipales pueden presentar datos comparables, desglosados por región y por delito; explicar cómo se atienden la extorsión y el cobro de piso, y dar cuenta de las investigaciones y detenciones. También hace falta informar qué resultados tuvieron los operativos y cómo se protege a quienes denuncian. Un promedio estatal no debe ocultar diferencias entre municipios ni experiencias que las familias viven todos los días.

Celebrar dos años de trabajo es legítimo. Rendir cuentas con precisión también lo es. Si el promedio de homicidios bajó, que se explique cómo se logró y cómo se sostendrá; si persiste el control criminal en algunas zonas, que se diga dónde y qué se hará al respecto. La ciudadanía necesita más que una cifra favorable o una jornada alarmante: necesita información verificable, presencia institucional y resultados que pueda reconocer en su vida diaria. El balance será más sólido cuando las estadísticas y la seguridad cotidiana empiecen a contar la misma historia.

¿NO CREE USTED?

reforma.com: https://www.reforma.com/dan-nobel-de-medicina-a-investigadores-de-actividad-cerebral/ar3288424

Evidentemente, su tamaño ayuda, al igual que lo hacen el contraste, el color y la selección de una imagen suficientemente fuerte para competir con todo lo demás que ocurre alrededor: automóviles, edificios, señales, árboles, peatones y muchas otras formas de comunicación visual. Pero algunos espectaculares hacen algo todavía más interesante en cuestión de diseño: además de mostrar un producto, un servicio o una idea, nos llevan a completar mentalmente aquello que quieren decir. Eso lo logran mediante la retórica visual.

Cuando hablamos de retórica solemos pensar en palabras, discursos o literatura. Sin embargo, las imágenes también pueden construir mensajes utilizando relaciones que no necesariamente aparecen de manera literal. La retórica visual utiliza diferentes recursos para producir significados que van más allá de aquello que estamos viendo directamente. Es decir, una imagen puede mostrarnos una cosa y hacernos pensar en otra.

Entre las distintas figuras de la retórica que pueden utilizarse en comunicación visual, hay dos particularmente interesantes y bastante frecuentes: la metáfora y la metonimia. La metáfora visual relaciona dos realidades diferentes a partir de alguna característica que podemos reconocer como semejante. Por ejemplo, un automóvil representado con rasgos de un felino, o fusionado visualmente con él. El vehículo evidentemente no es un animal, pero podemos establecer una relación entre ambos: velocidad, agilidad, fuerza o potencia. La imagen no necesita explicarnos toda esa relación con palabras, sino que nosotros hacemos parte del trabajo completando la idea.

Para comprender la metáfora debemos identificar aquello que vemos, reconocer las características que asociamos con ambos elementos e identificar la relación que permite construir el mensaje. Una metáfora visual funciona cuando somos capaces de pensar algo parecido a: esto no es aquello, pero comparte alguna de sus cualidades.

Otra de las figuras retóricas más conocidas es la metonimia, que funciona de otra manera. Aquí la relación no necesariamente se produce por semejanza, sino por asociación. Una cosa nos conduce mentalmente hacia otra porque existe entre ellas algún vínculo que hemos aprendido a reconocer. Por ejemplo, unas llaves pueden representar una casa nueva, o una bata blanca remitirnos al ejercicio de la medicina. No porque estos objetos sean aquello que representan, sino porque forman parte de una experiencia o de una situación con la que los hemos relacionado.

Podríamos decir que, mientras la metáfora construye significado a partir de una semejanza, la metonimia lo hace mediante una relación de proximidad o asociación. Lo más interesante e importante es que ninguna de las dos funciona completamente sola; necesitan de nosotros. Para interpretar una imagen recurrimos a nuestra memoria, nuestras experiencias, nuestros conocimientos y los códigos culturales que hemos aprendido a lo largo de la vida. Quien diseña propone determinadas relaciones, pero quienes observamos terminamos de construir el significado. Tal vez por eso la retórica visual resulta especialmente útil en la publicidad exterior.

Una metáfora demasiado complicada probablemente no será comprendida. Una metonimia basada en una asociación que el público no reconoce tampoco funcionará. Para que la operación retórica tenga sentido debe existir cierto terreno compartido entre quien construye el mensaje y quien lo interpreta. Por eso diseñar implica también anticipar y, sobre todo, conocer la cultura de las personas a quienes queremos comunicar.

Una imagen bien construida puede decir muchísimo utilizando muy pocos elementos porque no necesita explicar cada parte del mensaje. Confía en que quien la observa participe en la construcción del significado. Algunas de las imágenes más eficaces no son necesariamente aquellas que dicen más, sino las que consiguen que nosotros completemos aquello que quieren decir, y para eso las figuras de la retórica visual resultan particularmente eficaces.

Nos vemos pronto para seguir hablando de diseño.

elpais.com: https://elpais.com/cultura/2026-10-05/shakira-concluira-su-residencia-madrilena-anadiendo-una-fecha-mas-en-el-dia-de-la-hispanidad.html

La decisión puede dar tranquilidad a miles de trabajadores y jubilados que temían que, con el argumento de corregir las finanzas públicas, se afectaran sus salarios o sus derechos adquiridos. Pero también abre una pregunta necesaria: ¿qué debe entenderse por una pensión dorada?

No basta con que una pensión sea alta para calificarla de irregular. Tampoco se puede concluir que alguien no la merece solo porque recibe más que otros o porque el monto aumentó con el tiempo. Una pensión puede crecer conforme a las reglas que se le aplican; eso, por sí mismo, no demuestra que haya sido otorgada indebidamente. La revisión debe mirar cómo se concedió, qué salario se tomó como base, cuántos años se trabajaron y si se cumplieron los requisitos legales.

Ahí está la diferencia entre una prestación legítima y una que merece investigarse. Hay personas que dedicaron más de 30 años al servicio público y que, al terminar su vida laboral, obtuvieron una pensión como resultado de ese trabajo. No sería justo ponerlas bajo sospecha ni usar su prestación para resolver un problema financiero que no provocaron. El salario de quienes siguen trabajando también debe quedar fuera de cualquier recorte, como ha sostenido el gobierno al hablar del respeto a los derechos laborales.

En cambio, sí merece atención el caso de quien obtuvo una jubilación tras pocos años de servicio, sin cumplir los requisitos que establecía la ley, con documentos falsos o mediante una base salarial que no correspondía a su trayectoria. Esas son hipótesis que deben comprobarse expediente por expediente. Los años de servicio pueden ser una señal para revisar un caso, pero no bastan por sí solos para declarar que una pensión es ilegal. Hace falta conocer las normas vigentes cuando se otorgó y las pruebas que respaldan la resolución.

La investigación anunciada, por tanto, no debe convertirse en una cacería de pensionados ni en un ejercicio de propaganda. El gobierno informó que hará un análisis jurídico con especialistas académicos y de la Consejería Jurídica para determinar si existen elementos para actuar. También ha reconocido la necesidad de contar con información actuarial suficiente para entender la situación completa del sistema. El siguiente paso debe ser presentar criterios claros y resultados verificables, sin juicios anticipados.

La transparencia es indispensable. La ciudadanía debe saber cuántos casos se revisarán, bajo qué reglas, quién hará el análisis y qué procedimiento tendrá cualquier persona señalada para presentar pruebas y defenderse. Si se encuentra una irregularidad, que se explique cuál fue, cómo se acreditó y qué medida permite la ley.

Si la pensión fue concedida conforme a derecho, debe respetarse, aunque su monto sea elevado.

También conviene evitar que el debate se reduzca a una cifra máxima. En las últimas declaraciones se mencionó la posibilidad de armonizar la regulación con un límite para futuras pensiones. Pero fijar un tope hacia adelante no resuelve automáticamente qué hacer con las prestaciones ya concedidas; ese punto exige análisis jurídico y no puede confundirse con revisar posibles abusos.

La suspensión de la iniciativa para crear el instituto puede abrir espacio para construir acuerdos con los sindicatos y estudiar el problema con más cuidado. Pero aplazar una reforma no debe significar aplazar indefinidamente la revisión de casos posiblemente irregulares ni dejar a los trabajadores sin respuestas sobre el futuro del sistema.

Si de verdad se busca justicia, hay que distinguir: proteger al trabajador que cumplió toda una vida de servicio y revisar a quien obtuvo una pensión sin reunir las condiciones legales. Esa distinción — hecha con documentos, reglas y resoluciones transparentes— es la que puede dar legitimidad a la investigación. La gobernadora anunció que se revisarán las pensiones doradas; ahora corresponde explicar cómo y con qué garantías. ¿No cree usted?

-Dos de octubre no se olvida

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elpais.com: https://elpais.com/cultura/2026-10-02/julio-llamazares-y-aquella-espana-llena-de-sangre.html

La capital es la joya de la corona, pero Morena tiene más de un desafío. También debe recuperar terreno en los municipios conurbados, donde perdió espacios en la elección pasada. Si quiere competir en serio, no le bastará con decidir quién será su candidato o candidata en Cuernavaca, tendrá que reconstruir una estrategia territorial y evitar que las divisiones internas le entreguen otra vez ventaja a sus adversarios.

La decisión más importante, probablemente, no se resolverá aquí. La dirigencia nacional tendrá un peso decisivo, especialmente en una ciudad cuyo resultado trasciende la política municipal. Y eso ocurre cuando Morena en Morelos da la impresión de estar sin una conducción firme, capaz de ordenar a sus grupos y establecer acuerdos. Hubo cambios en la dirigencia estatal y una nueva encargada asumió sus funciones, pero la pregunta política sigue abierta: ¿quién tiene hoy la autoridad para conducir el proceso y mantener unidos a los aspirantes?

En la lista de Morena aparecen nombres conocidos como el del senador Víctor Mercado, Meggie Salgado y Juan Ángel Flores, además de otros perfiles que también buscan espacio. Hay movimiento, reuniones y declaraciones de unidad, pero todavía no se ve con claridad cuál de ellos cuenta con una fuerza capaz de sumar al partido y atraer a los votantes que hoy miran a otras opciones. La candidatura no se resolverá sólo por el número de aspirantes ni por quién aparezca más seguido en las conversaciones políticas. El reto será construir una propuesta para la ciudad y lograr que quienes no sean elegidos no se conviertan en adversarios desde dentro.

En el PAN, Daniel Martínez Terrazas aparece como el perfil más firme. El PRI podría apostar por Lucy Meza, aunque esa definición y cualquier acuerdo entre partidos todavía deben confirmarse. Movimiento Ciudadano tiene en Jessica Ortega una figura con experiencia y presencia propia. En paralelo, también se habla del futuro electoral del actual alcalde, José Luis

Urióstegui, y de Andy Gordillo que podrían buscar otros cargos, pero hasta ahora son posibilidades, no decisiones consumadas.

La disputa por las candidaturas incluirá negociaciones para diputaciones locales y federales. Los partidos tendrán que decidir si buscan perfiles nuevos o recurren a figuras que ya han ocupado cargos. En el PRI, como en otras fuerzas, también pesará quién obtiene espacios legislativos y quién queda fuera de la repartición. Esos acuerdos pueden ayudar a formar una coalición competitiva, pero también pueden exhibir que las dirigencias están más preocupadas por acomodar nombres que por responder a la ciudadanía.

Hay un asunto que pesará más que todos los cálculos: la inseguridad. Cuernavaca no puede convertirse en una competencia de anuncios y promesas mientras las familias siguen pendientes de robos, homicidios y violencia en sus colonias. La situación estatal, con municipios como Cuautla enfrentando problemas graves, también condicionará la campaña en la capital. Si el gobierno no logra mostrar avances verificables, la oposición tendrá un argumento poderoso. Y si la oposición quiere convertir ese malestar en votos, deberá explicar qué propone y cómo piensa cumplirlo.

La administración municipal actual, vinculada a una coalición PAN-PRI, también llegará a la elección bajo examen. No bastará con defender la continuidad ni con culpar a otros niveles de gobierno. Los electores evaluarán los servicios, la seguridad y la capacidad del ayuntamiento para atender los problemas cotidianos. Morena, por su parte, tendrá que responder por la gestión estatal y presentar una opción que no dependa únicamente del desgaste de sus adversarios.

Los destapes están cerca, pero una candidatura no garantiza una victoria. Cuernavaca exige organización, unidad y una propuesta que hable de los problemas concretos de la ciudad. En una elección tan importante, la inseguridad puede inclinar la balanza. Los partidos harían bien en entenderlo antes de que los nombres queden definidos. ¿No cree usted?

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dimensionturistica.com: https://dimensionturistica.com/es/hailey-bieber-lucio-el-vestido-de-1997-que-catapulto-a-la-fama-a-carolyn-bessette-kennedy/

En principio resulta bastante conveniente. Basta apuntar la cámara del teléfono, abrir un enlace y consultar la carta. El restaurante puede actualizar precios o platillos sin imprimir nuevamente sus menús y, además, cada comensal puede tener la información directamente en su dispositivo.

Sin embargo, nuestra experiencia ese día mostró también la otra cara de esta solución. En realidad, todos queríamos consultar un menú físico porque resultaba más sencillo comparar los platillos y los precios en una misma superficie. Además, no estábamos seguros de tener conexión suficiente para abrirlo y yo había olvidado mis lentes, por lo que leer desde la pantalla del teléfono tampoco resultaba particularmente cómodo. Finalmente preguntamos y sí existía un menú impreso, aunque estaba bastante deteriorado.

Eso es algo que sucede con frecuencia en diseño: una solución puede funcionar perfectamente para algunas personas y, al mismo tiempo, convertirse en una barrera para otras. La información a través del código QR no es, en sí misma, inaccesible. Al contrario, puede ampliar las posibilidades de consulta. Un menú digital puede incorporar fotografías, ampliar el tamaño de la tipografía, actualizar información rápidamente e incluso ofrecer distintos idiomas, además de muchas a detalles de diseño UX universal si se considera la inclusión desde el inicio. El problema comienza cuando deja de ser una alternativa y se convierte en la única posibilidad, y no está diseñado de forma inclusiva sino ilustrativa únicamente.

Para acceder a un menú mediante QR necesitamos varias cosas que normalmente damos por sentadas: tener un teléfono inteligente, suficiente batería, una cámara funcional, conexión a internet, si el establecimiento no ofrece wifi, y cierta familiaridad con la navegación digital. Después debemos enfrentarnos a la interfaz que haya decidido utilizar cada restaurante, que puede ser muy clara o bastante confusa. Necesitamos poder acceder cómodamente la pantalla y a la información del menú.

En estás circunstancias tenemos que considerar un principio importante del diseño inclusivo. Las personas no interactuamos con los objetos y la información de la misma manera ni bajo las mismas condiciones. La edad, la visión, las habilidades digitales, el dispositivo disponible, la conexión a internet e incluso una circunstancia tan cotidiana como haber olvidado los lentes pueden modificar completamente una experiencia de uso.

Por eso, cuando hablamos de accesibilidad, no se trata únicamente de crear una solución especial para determinadas personas. Se trata de ofrecer distintas formas de acceder a una misma información.

Un menú digital puede convivir perfectamente con uno impreso. El código QR puede resultar muy cómodo para quien quiere consultar rápidamente la carta desde su teléfono, mientras que el menú físico permite observar varias opciones simultáneamente, comparar precios y compartir la información entre quienes están sentados a la mesa. Una alternativa no tendría por qué eliminar a la otra, al contrario, pensar en las dos hace al diseño inclusivo desde una perspectiva de diseño universal.

De hecho, esta combinación de canales es una estrategia habitual en el diseño de sistemas accesibles: cuando la misma información puede obtenerse de diferentes maneras, aumenta la posibilidad de que más personas puedan utilizarla.

El problema surge cuando quien implementa la solución confunde innovación con sustitución. Incorporar una herramienta digital no significa necesariamente que debamos eliminar aquello que funcionaba antes. A veces la innovación más adecuada consiste precisamente en conservar varias posibilidades y permitir que cada persona elija la que mejor se adapte a sus necesidades.

El diseño que en un momento puede considerarse una solución innovadora, con el tiempo puede comenzar a producir nuevas barreras que originalmente no habíamos considerado. Un buen diseño es aquel que ofrece suficientes caminos para que cada persona pueda llegar a la información que necesita.

Nos vemos pronto para seguir hablando de diseño.

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eleconomista.com.mx: https://www.eleconomista.com.mx/empresas/starbucks-acerca-productores-mexicanos-variedades-cafe-practicas-sustentables-hacienda-alsacia-20260928-835639.html

Cuando un gobierno deja que un conflicto laboral llegue a la huelga, algo falló antes: los pagos no se atendieron a tiempo, la comunicación no alcanzó para construir acuerdos o las autoridades confiaron en que el problema se resolvería por sí solo. Ninguna de esas posibilidades es aceptable cuando está en juego la educación de jóvenes que acuden a una institución pública para prepararse y abrirse camino.

La responsabilidad no consiste en descalificar a los docentes ni en pedirles que regresen a las aulas sin respuesta. Consiste en transparentar qué conceptos se adeudan, por qué no se han cubierto y cuándo se pagarán. Si existen diferencias sobre montos o compromisos, deben ponerse sobre la mesa y resolverse con fechas verificables. Mantener la incertidumbre sólo agrava la desconfianza y prolonga el daño para los estudiantes.

Este conflicto se suma a otros problemas que enfrenta Morelos y obliga a mirar más allá de cada caso por separado. Un estado no puede atender de manera eficaz sus responsabilidades si acumula tensiones en la educación, la seguridad y la gobernabilidad. Cada problema tiene causas distintas, pero todos exigen instituciones que respondan, funcionarios que den la cara y decisiones que no se posterguen hasta que la presión social haga inevitable una solución.

La situación de Cuautla, por su parte, sigue siendo muy delicada. En su participación ante el Congreso del Estado, el fiscal advirtió sobre la fuerza de los grupos de la delincuencia organizada que operan en la región. Esa valoración debe tomarse con seriedad. No es una frase para el debate político ni una descripción que pueda archivarse después de una comparecencia. Si las propias autoridades reconocen la capacidad de esas organizaciones, la pregunta es ¿qué acciones concretas están emprendiendo para proteger a la población y recuperar espacios para la ley?

¿Qué podemos hacer frente a un escenario así? Lo primero es exigir respuestas precisas. En el caso del CONALEP, un informe público sobre los adeudos y un calendario de pago que pueda cumplirse. En Cuautla, resultados que se traduzcan en seguridad para quienes viven, trabajan y estudian en el municipio; coordinación entre autoridades estatales y federales, y una estrategia que atienda tanto a quienes cometen delitos como a las redes que les permiten operar.

También hace falta que el Congreso dé seguimiento. Las comparecencias tienen sentido cuando sus advertencias se convierten en preguntas, plazos y rendición de cuentas. No basta con escuchar que la situación es grave. Hay que saber cuáles instituciones están actuando, con qué recursos, qué avances presentan y cómo se protegerá a la población mientras se combate a los grupos criminales.

La huelga y la inseguridad no son problemas equivalentes, pero ambos revelan el costo de la falta de respuesta. En uno, los docentes y los estudiantes cargan con las consecuencias de pagos que no llegan. En el otro, una comunidad vive bajo la amenaza de organizaciones cuya fuerza fue advertida por el propio fiscal. En los dos casos, el gobierno tiene la obligación de explicar qué hará y demostrar que puede cumplirlo, y a ello le agregamos que pudimos darnos cuenta de que la dirigencia estatal de morena el partido en el poder no tienen cabeza ni rumbo.

Morelos no necesita que sus autoridades repitan que trabajan por la gente. Necesita una nueva dirigencia del partido oficial eficaz. Necesita que paguen lo que deben, que negocien antes de que las aulas cierren y que enfrenten la violencia con acciones sostenidas. Cuando los problemas se acumulan y las soluciones no aparecen, la pregunta deja de ser ¿quién tiene la culpa? y se vuelve más imperativa: ¿quién está gobernando y cuándo empezará a responder? ¿No cree usted?

elmundo.es: https://www.elmundo.es/internacional/2026/09/28/6aba2aefe4d4d8b2378b4571-video.html

La Primavera Árabe (2011) permitió la expansión de la influencia estadounidense apoyada en Israel, que ha demostrado que tiene su propia agenda hegemónica en la región, pero no ha traído la estabilidad esperada con la presencia de guerras civiles intensas: Libia, Siria, Irak y Yemen. Las tensiones en Eurasia se agudizaron, primero con la desestabilización de Ucrania (2014), que si bien es cierto existía disensos internos promovidos por nacionalistas en contra del gobierno, que había mostrado acercamiento con Rusia, detrás de ellos estaba el impulso de la OTAN por extender su influencia hasta la frontera Rusa. El conflicto fue escalando con la anexión de Crimea por parte de Rusia (marzo 2014) y los enfrentamientos en la Región del Dombás y su declaración de independencia aprobado por un referéndum (mayo 2014) hasta llegar a la confrontación de los dos países con la invasión Rusa a Ucrania (febrero 2022).

El ingreso de China a la Organización Mundial de Comercio (2001) y su silencioso desarrollo económico y tecnológico y, la crisis financiera de 2008 reveló vulnerabilidades económicas en el núcleo occidental, modificando los equilibrios económicos globalizadores. La década de 1990 abrió una discusión sobre si esas transformaciones reducían la centralidad de las rivalidades geopolíticas o si simplemente cambiaban sus formas. Charles Krauthammer describió un "momento unipolar", expresión de un contexto en el que la concentración del poder estadounidense parecía excepcionalmente amplia. Francis Fukuyama en "The End of History" y The End of History and the Last Man sostuvo que la democracia liberal podía representar el punto final de la evolución ideológica moderna, no porque desaparecieran conflictos o acontecimientos, sino porque el comunismo dejaba de constituir una alternativa universal comparable.

El argumento geopolítico es que, si disminuye la confrontación ideológica estructural, ¿puede también disminuir la centralidad de las rivalidades tradicionales entre grandes potencias?. Samuel P. Huntington cuestionó esa lectura mediante una interpretación centrada en identidades culturales y civilizacionales. Su propuesta sostuvo que el final de la confrontación ideológica no implicaba el final del conflicto y que las líneas de fractura podían reorganizarse alrededor de identidades colectivas de mayor escala. Su enfoque incorporó cultura, religión e identidad como dimensiones capaces de estructurar percepciones de pertenencia, amenaza y alineamiento.

La discusión entre Fukuyama y Huntington muestra que la posguerra fría analizó el análisis desde la distribución material del poder hacia las formas ideológicas mediante las cuales los actores interpretan el orden internacional. Philippe Delmas (1996) le planta cara a Fukuyama y se diferencia de Huntington, porque en su análisis aborda aspectos estructurales del "Establishment". Afirma que la extinción de los dos bloques y el proceso globalizador acarrean inestabilidad y que el conflicto es inevitable ante la carencia de instituciones consistentes.

Ante esa ausencia la guerra es el camino para realizar ajustes al sistema internacional. Reivindica la función del Estado como la única institución con capacidad de planear a largo plazo y regular los vaivenes del mercado. También alertó sobre el riesgo social que implica el florecimiento de las trasnacionales tecnológicas. Zbigniew Brzezinski mostró, al mismo tiempo, la persistencia de la dimensión territorial.

En El gran tablero mundial sostuvo que Eurasia continuaba siendo el principal espacio estratégico para la primacía estadounidense y que la distribución del poder en Europa, Rusia, Asia Central y Asia oriental seguía condicionando el orden mundial. La tesis confirma que la globalización no eliminó las grandes masas continentales ni la importancia de regiones bisagra: modificó los instrumentos mediante los cuales podían organizarse y disputarse. La posición de Ucrania, Asia Central y el Cáucaso adquiría relevancia por su relación con la posibilidad de reconstrucción del poder ruso y con el equilibrio euroasiático.

La continuidad entre Mackinder y Brzezinski no consiste en repetir literalmente el Heartland, sino en mantener la pregunta por Eurasia bajo condiciones distintas. Durante la posguerra fría, una potencia situada fuera del continente podía sostener su primacía mediante alianzas, instituciones, presencia militar y relaciones políticas más que mediante ocupación territorial. Joseph S. Nye desarrolló otra ampliación decisiva mediante el concepto de soft power.

La capacidad de un Estado no depende únicamente de coerción militar o incentivos económicos, sino también de la atracción generada por cultura, valores, instituciones y legitimidad. Posteriormente, Nye propuso pensar el poder mediante combinaciones de instrumentos duros y blandos, evitando reducirlo a una sola dimensión. Para la geopolítica, esta aportación resulta relevante porque muestra que la competencia por influencia sobre espacios y sociedades puede desarrollarse mediante recursos simbólicos, institucionales e informativos, además de instrumentos materiales. La globalización otorgó también mayor visibilidad estratégica a la interdependencia económica.

Keohane y Nye habían mostrado previamente que las relaciones internacionales podían estructurarse mediante múltiples canales y dependencias asimétricas. Edward Luttwak propuso después el tránsito "de la geopolítica a la geoeconomía", destacando el uso de instrumentos comerciales, financieros e industriales con lógica competitiva. La economía no sustituyó a la geopolítica: se convirtió en uno de sus medios. Acceso a mercados, inversión, tecnología, sanciones y dependencia productiva podían utilizarse para modificar capacidades y conductas sin recurrir directamente a la fuerza militar.

Las cadenas globales no eran espacios políticamente neutrales: su distribución desigual generaba ventajas y vulnerabilidades. Esta observación será decisiva después de 2016, cuando la interdependencia comience a analizarse abiertamente como instrumento de competencia (Keohane & Nye, 1977; Blackwell & Harris, 2016). Robert Kagan incorporó una discusión sobre las divergencias estratégicas dentro de Occidente. En Poder y debilidad sostuvo que Estados Unidos y Europa habían desarrollado perspectivas distintas sobre el uso de la fuerza, las instituciones y la diplomacia, diferencias relacionadas con sus capacidades materiales. La unipolaridad estadounidense no implicaba una cultura estratégica occidental homogénea. introduce una dimensión de cultura estratégica dentro del análisis del poder (Kagan, 2003). Robert D. Kaplan recuperó explícitamente la geografía como restricción estructural. En The Revenge of Geography insistió en que montañas, mares, llanuras, clima, demografía y posición continúan condicionando posibilidades estratégicas, aun cuando la tecnología transforme la manera en que esos espacios son utilizados. George Friedman, desde una perspectiva prospectiva, combinó geografía, demografía, economía y capacidad militar para construir escenarios de largo plazo.

Más allá de la exactitud de sus predicciones, ambos autores expresan una recuperación contemporánea del argumento clásico: la globalización no elimina las restricciones físicas y espaciales (Kaplan, 2012; Friedman, 2010). El ascenso de Asia y la redistribución gradual de capacidades económicas introdujeron además una dimensión de cambio sistémico. Kishore Mahbubani interpretó el desplazamiento de poder hacia Asia como una transformación de larga duración, señalando que el crecimiento económico, demográfico y político de la región podía modificar una estructura internacional históricamente dominada por potencias occidentales. Su relevancia para el estado del arte consiste en destacar que la distribución del poder puede cambiar gradualmente mediante industrialización, urbanización, educación y acumulación tecnológica, no sólo mediante guerras o modificaciones territoriales.

El balance de 1991-2016 es una ampliación del concepto de poder. A territorio, equilibrio y capacidad militar se añadieron identidad, legitimidad, atracción, interdependencia, finanzas, comercio y redes. La posguerra fría no produjo la desaparición de la geopolítica, sino una disputa sobre qué variables debían incorporarse para explicar un sistema caracterizado simultáneamente por primacía estadounidense, globalización económica, nuevas identidades políticas y desplazamiento gradual de capacidades hacia Asia.

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eleconomista.com.mx: https://www.eleconomista.com.mx/opinion/t-mec-brics-mexico-elegir-20260927-835424.html

45 años después de aquella primera resolución, no es alentadora la situación actual. El informe Alerta 2026! de la Escola de Cultura de Pau de la Universidad Autónoma de Barcelona identificó 40 conflictos armados activos durante 2025, la cifra más elevada desde 2011. A ellos se suman más de un centenar de escenarios de tensión sociopolítica. Otros organismos utilizan metodologías distintas y arrojan cifras todavía mayores. El Comité Internacional de la Cruz Roja contabiliza más de 130 conflictos armados en el planeta, más del doble que hace apenas 15 años.

Detrás de cada cifra hay personas. Familias desplazadas, ciudades destruidas, escuelas cerradas, hospitales sin capacidad para atender a la población, economías quebradas y generaciones enteras de niñas y niños que han aprendido a reconocer el sonido de las armas antes que el significado de la palabra paz.

Ucrania, Gaza, Sudán, la República Democrática del Congo, Myanmar y otros puntos del planeta nos recuerdan que la guerra no pertenece al pasado. Por el contrario, el escenario internacional se ha vuelto más inestable y los conflictos más complejos. Sus causas tampoco pueden reducirse a diferencias ideológicas. Existen disputas territoriales y luchas por el poder político, pero también intereses económicos, competencia por recursos naturales estratégicos, energéticos y minerales, tensiones étnicas, movimientos insurgentes y extremismos violentos. A ello se agregan las nuevas tecnologías aplicadas a la guerra, que han transformado la capacidad destructiva de los enfrentamientos.

Las consecuencias trascienden las fronteras. Los conflictos provocan desplazamientos forzados, crisis alimentarias y humanitarias, pérdida de oportunidades educativas y económicas, retrocesos en derechos humanos y mayores condiciones de vulnerabilidad para millones de personas.

Pero quizá uno de los fenómenos más preocupantes de nuestro tiempo sea otro: el debilitamiento de los mecanismos internacionales creados precisamente para evitar que las controversias terminen resolviéndose mediante las armas.

El derecho internacional, el derecho internacional humanitario, la diplomacia, la negociación y las instituciones multilaterales surgieron de la dolorosa experiencia de dos guerras mundiales. No fueron creados para tiempos fáciles. Fueron construidos precisamente para establecer límites cuando los intereses de los Estados entran en conflicto.

Hoy esos límites están siendo puestos a prueba. Cuando las resoluciones internacionales se ignoran, cuando las reglas de la guerra dejan de respetarse y cuando el diálogo es sustituido por la fuerza, no solamente pierde una institución internacional: pierde la humanidad.

México tiene una tradición histórica que defender en este terreno. Nuestra política exterior ha sostenido principios como la solución pacífica de las controversias, la no intervención, la autodeterminación de los pueblos, la igualdad jurídica de los Estados y la cooperación internacional para el desarrollo.

En un mundo que vuelve a acostumbrarse peligrosamente al lenguaje de las armas, esos principios no son señales de debilidad. Son herramientas de pacificación.

Ninguna disputa territorial, diferencia ideológica, interés económico o ambición política puede colocarse por encima del valor de la vida humana. Los derechos fundamentales no nacen de una concesión del poder: son inherentes a la dignidad de cada persona.

Por eso, el 21 de septiembre no puede reducirse a una efeméride. Debe ser un llamado a recuperar el diálogo, fortalecer la diplomacia y devolver al derecho internacional la fuerza que necesita para cumplir su propósito esencial de preservar la paz. ¿O no, estimado lector? © 2026 Imagen - Excélsior. Todos los derechos reservados. El contenido de este sitio y de la edición impresa está protegido por la Ley Federal del Derecho de Autor. Prohibida la reproducción total o parcial sin autorización previa y por escrito. El material de terceros conserva sus propios derechos.

Columna Digital: https://columnadigital.com/la-paz-no-puede-esperar/

Diversas agrupaciones cerraron puntos estratégicos de la ciudad para exigir respuestas en materia de seguridad, salud, medicamentos, apoyo al campo, obras e infraestructura. En la Plaza de Armas se bloquearon los accesos al Palacio de Gobierno, que tuvo que ser desalojado. Incluso se denunció la colocación de candados y la retención temporal de trabajadores y ciudadanos dentro del inmueble.

Las demandas son falta de medicamentos, la inseguridad, el abandono de comunidades y el incumplimiento de obras.

La propia Subsecretaría de Gobierno responsabilizó públicamente de las movilizaciones a una fracción del Partido del Trabajo y llamó a su dirigencia a instalar una mesa de diálogo. Esa acusación vuelve el episodio todavía más grave. El PT forma parte del bloque político de la Cuarta Transformación y ha sido aliado de Morena. Si un sector relacionado con ese partido necesita paralizar Cuernavaca y cerrar la sede del Poder Ejecutivo para obtener atención, la pregunta resulta inevitable: ¿qué clase de comunicación existe entre los integrantes de la alianza gobernante?

El PT debe explicar también, con claridad, cuál fue su participación. Si las organizaciones actuaron por cuenta propia, la dirigencia tendría que deslindarse. Si fueron impulsadas o respaldadas por una fracción partidista, deberá justificar porqué un aliado del gobierno decidió utilizar a la ciudadanía y a la ciudad como instrumentos de presión. Las causas sociales merecen atención, pero no deben convertirse en armas de una disputa interna ni en actos anticipados de campaña.

Cuernavaca pagó el costo con trabajadores que no llegaron a tiempo, comercios afectados, citas canceladas, transporte detenido y ciudadanos convertidos, una vez más, en rehenes de un conflicto político. El derecho a manifestarse debe respetarse, pero también existe el derecho de los demás a circular, trabajar, estudiar y recibir atención médica.

El momento es especialmente delicado porque el proceso electoral federal 2026-2027 ya comenzó y la etapa local también está en marcha. Cada protesta, cada ruptura y cada ausencia de respuesta tendrá una lectura en lo electoral. Los aliados de hoy pueden convertirse muy pronto en adversarios que disputen candidaturas, posiciones y control territorial.

Lo sucedido debe tomarse como advertencia. La ingobernabilidad no aparece de un día para otro; comienza cuando nadie escucha, cuando los acuerdos no se cumplen y cuando las diferencias dentro del propio bloque gobernante se trasladan a las calles. El gobierno necesita recuperar la iniciativa política, establecer interlocutores confiables. ¿No cree usted?

Columna Digital: https://columnadigital.com/vivencias-ciudadanas-cuando-los-aliados-paralizan-la-ciudad/

La promesa fue incluso mayor de lo que algunos recuerdan: se anunciaron cinco mil cámaras de videovigilancia, tres mil dentro de las instalaciones universitarias y dos mil en sus alrededores. También se ofrecieron mil luminarias solares, módulos de seguridad, postes de monitoreo inteligente conectados al C5, paraderos seguros y elementos de la Policía Industrial, Bancaria y Auxiliar.

La gobernadora Margarita González Saravia y la rectora Viridiana Aydeé León Hernández firmaron el 23 de marzo un convenio para poner en marcha el plan. Se aseguró que habría coordinación, prevención, infraestructura y respeto a la autonomía universitaria. Sin embargo, seis meses después, la pregunta sigue siendo inevitable: ¿qué se hizo realmente y qué falta por hacer?

El propio gobierno informa ahora que se instalaron mil 038 cámaras en 23 planteles de seis universidades públicas. De ellas, 749 fueron destinadas a la UAEM; 123 al campus Chamilpa y 87 a Los Belenes. También reporta 450 luminarias, diez paraderos y cuatro módulos de vigilancia.

Estas cifras representan un avance, pero también abren una diferencia demasiado grande frente a la promesa original. Si se anunciaron cinco mil cámaras y solamente se reportan mil 038, ¿dónde están las tres mil 962 restantes? ¿La primera cifra sigue vigente o fue modificada? ¿Se trata apenas de una primera etapa? Si es así, ¿cuándo comienzan las siguientes y cuándo concluirá el programa?

También debe aclararse algo elemental: no es lo mismo comprar cámaras, entregarlas, colocarlas y tenerlas funcionando. La comunidad universitaria necesita saber cuántas están operando en este momento, en qué lugares se encuentran, quién observa las imágenes, durante cuánto tiempo se conservan las grabaciones y qué protocolo se activa cuando una cámara detecta una situación de riesgo.

Es necesario conocer, además, si las cámaras exteriores están conectadas al C5, como se ofreció, y quién vigila las instaladas dentro de los campus. ¿Existe un centro de monitoreo universitario las 24 horas? ¿Hay personal suficiente y capacitado? ¿Las imágenes pueden compartirse de inmediato con la Fiscalía cuando ocurre un delito? ¿Quién responde si un equipo deja de funcionar?

La autonomía universitaria no puede convertirse en pretexto para que el gobierno se desentienda de los alrededores de las escuelas, ni para que la Rectoría evite rendir cuentas sobre lo que sucede dentro de ellas. Ambas autoridades firmaron el convenio y ambas deben informar sobre sus responsabilidades.

Pedir una identificación al ingresar al campus puede ayudar a controlar el acceso, pero no constituye por sí solo una estrategia integral de seguridad. Tampoco basta con instalar cámaras si no existen iluminación suficiente, transporte seguro, botones de auxilio, vigilancia en los trayectos, atención rápida a las denuncias y protocolos serios frente al acoso, la violencia sexual y la desaparición de estudiantes.

La seguridad universitaria tampoco puede reducirse a vigilar puertas. Muchos de los riesgos están en los caminos que recorren los alumnos, en los paraderos, en el transporte público, en las calles oscuras y en las zonas cercanas a los planteles. Precisamente por eso se prometieron dos mil cámaras exteriores y mil luminarias. ¿Cuántas de esas cámaras ya están colocadas? ¿En qué municipios? ¿Cuántas luminarias funcionan y con qué criterios se eligieron los puntos atendidos?

Después de nuevos hechos de violencia contra alumnas de la UAEM, estas preguntas no son un capricho ni una crítica partidista. Son una exigencia de rendición de cuentas. Las familias merecen saber si el programa anunciado con tanta publicidad existe plenamente, si avanza con retraso o si quedó reducido respecto de su planteamiento original.

Sería conveniente que el gobierno estatal y la Rectoría presentaran juntos un informe público, plantel por plantel, con el número de cámaras prometidas, adquiridas, instaladas y activas; el costo total de los equipos; los contratos celebrados; la ubicación de luminarias, postes, paraderos y módulos; los responsables del monitoreo, y el calendario para cumplir lo pendiente.

No se trata de exigir que las autoridades revelen información que facilite la acción de los delincuentes. Se trata de conocer metas, avances, responsabilidades y resultados. También debería existir un mecanismo independiente para verificar periódicamente que los equipos continúan funcionando.

Cuando ocurrió la crisis, las autoridades hablaron fuerte y ofrecieron soluciones amplias. Ahora deben hablar con la misma claridad para explicar qué cumplieron. La seguridad de los universitarios no puede depender de conferencias de prensa celebradas durante una emergencia y olvidadas cuando baja la presión pública.

La pregunta queda abierta y exige una respuesta puntual: ¿qué pasó con el Plan Integral de Seguridad Universitaria y cuándo se cumplirá completo? Porque entre anunciar cinco mil cámaras y reportar mil 038 existe una diferencia que no puede desaparecer detrás de otra conferencia de prensa. ¿No cree usted?

reforma.com: https://www.reforma.com/prohiben-diputados-candidatos-con-doble-nacionalidad/ar3280821

Eso es justamente lo interesante del color en diseño: no solamente decora, también comunica y comparte eventos sociales. Los colores adquieren significados porque los aprendemos dentro de una cultura. A fuerza de verlos asociados con determinados objetos, situaciones, emociones o comportamientos, comenzamos a interpretarlos casi de manera automática. Así, en buena parte de la cultura occidental contemporánea, el azul se ha asociado con lo masculino, mientras que el rosa se ha relacionado con lo femenino. No son significados naturales ni universales; son convenciones culturales que se han construido, modificado y reforzado con el tiempo.

Algo similar sucede con muchos otros colores. El rojo puede indicarnos peligro, urgencia o prohibición, pero también pasión o celebración. El blanco puede relacionarse con limpieza, pureza o solemnidad; el negro con elegancia, luto o autoridad; el verde con naturaleza, seguridad o permiso. El significado nunca reside únicamente en el color: depende del contexto en el que aparece y de los códigos compartidos por quienes lo observan.

Por eso podemos decir que el color funciona como información cuando una comunidad comparte las claves necesarias para interpretarlo y se convierte en un código visual. En una celebración como la de hoy, el azul no aparece solamente porque resulte agradable visualmente. Se convierte en parte de una narrativa mucho mayor. Nos habla de la llegada de un bebé, de una familia que se prepara para recibirlo y de un grupo de personas que participa colectivamente en esa espera. Globos, manteles, flores, dulces, recuerdos y objetos decorativos reiteran el mismo código hasta construir una atmósfera común.

Aquí el diseño comienza a relacionarse también con la emoción. Un baby shower no celebra únicamente a quien todavía no ha nacido. Celebra la expectativa, el amor familiar, el apoyo y la alegría de todos los que recibimos un nuevo ser humano para compartir nuestra vida con él. Los objetos, los colores y los símbolos hacen visible esa espera y permiten compartirla con quienes forman parte de la vida de quienes serán madre y padre. El diseño ayuda a convertir una emoción abstracta —la ilusión de esperar a alguien— en algo que podemos ver, tocar y compartir.

Un color que, en otro contexto, podría comunicar seriedad, tranquilidad o confianza, dentro de este espacio adquiere un significado completamente distinto. El azul significa celebración, espera, afecto y bienvenida. Ese cambio nos recuerda que los diseñadores no trabajamos solamente con propiedades físicas del color. Trabajamos también con los significados que las personas han aprendido a asociar con cada color y que tiene relación directa con el código visual de nuestra cultura.

Por eso elegir una paleta cromática significa preguntarnos qué comunica cada uno dentro de determinado contexto, qué recuerdos puede activar, qué emociones puede acompañar y qué convenciones culturales estamos poniendo nuevamente en circulación. El diseño utiliza constantemente estos acuerdos compartidos. Lo hace en una señal de tránsito, en el empaque de un producto, en una aplicación digital, en una identidad gráfica y también en una celebración familiar.

Diseñar con color es poner en circulación significados, emociones y formas de compartir aquello que una comunidad considera importante.

Nos vemos pronto para seguir hablando de diseño.

marca.com: https://www.marca.com/futbol/atletico/2026/09/21/simeone-volvio-asi-plan-medido-desarbolo-mourinho.html

Lo que sí existe es una crisis grave. Hay indignación, miedo, desconfianza y una comunidad universitaria que exige respuestas después del asesinato de Claudia Tacoronte, estudiante española de intercambio. Su muerte se suma a otros casos que han lastimado profundamente a la UAEM, los de Kimberly Ramos, Karol Toledo y Michelle Itzayana Fuentes. Cuatro estudiantes vinculadas con la institución han sido asesinadas en un periodo de apenas siete meses.

La movilización llegó al centro de Cuernavaca y los estudiantes entraron al Zócalo para expresar su inconformidad. Eso no significa que la universidad haya sido tomada ni que todos los manifestantes estén buscando provocar violencia. Marchar, protestar y exigir justicia son derechos. Las autoridades deben garantizar que estas expresiones se desarrollen de manera pacífica, sin infiltraciones, sin provocadores y sin confrontaciones innecesarias. Pero el problema universitario ya rebasó los límites del campus. También se convirtió en una crisis política para el gobierno estatal, una prueba para la rectoría y la gobernadora, así como un cuestionamiento directo a la estrategia de seguridad en Morelos. El problema no puede reducirse a la colocación de cámaras, a incrementar el número de vigilantes o a emitir comunicados después de cada tragedia. La violencia que padecen las universitarias comienza muchas veces fuera de las instalaciones, durante sus traslados en el transporte público, en las calles y en los municipios donde estudian o viven. Por eso las responsabilidades son compartidas, pero no pueden diluirse. La Fiscalía debe investigar y detener a los responsables; el gobierno estatal tiene que garantizar condiciones de seguridad; los ayuntamientos deben vigilar calles y espacios públicos, mientras que la universidad está obligada a revisar sus protocolos, acompañar a sus estudiantes y mantener una comunicación clara con sus familias y con las instituciones extranjeras que le confían a sus jóvenes.

También deberá aclararse dónde se encontraban las autoridades durante los momentos más difíciles de la movilización. Si estaba fuera de Cuernavaca, tendrá que explicarse. En una crisis de esta magnitud, la presencia de la máxima autoridad universitaria no es un asunto secundario. La comunidad necesita conducción, diálogo y una voz que asuma responsabilidades. No basta con dejar el problema en manos de funcionarios menores o responder mediante boletines.

Igualmente preocupante resulta la aparición de grupos de comerciantes del Nuevo Grupo Sindical, que declaran estar dispuestos a impedir que los manifestantes ingresen o permanezcan en determinadas zonas de la ciudad. ¿Qué tienen que hacer los comerciantes enfrentándose con estudiantes? ¿Quién les otorgó funciones de seguridad pública? ¿Por qué tendrían que intervenir en una marcha universitaria?

Si existe algún intento de utilizar a una nueva organización sindical de comerciantes, que son los ambulantes que llenan y afean el zocalo de Cuernavaca, como muro de contención frente a los universitarios, estaríamos ante una enorme irresponsabilidad. Los comerciantes no son policías ni grupos antimotines. Su función no es detener manifestaciones, custodiar edificios públicos ni confrontar a quienes protestan. Para preservar el orden existen instituciones y corporaciones que deben actuar con apego a la ley y respeto a los derechos humanos.

El gobierno tiene que deslindarse claramente de cualquier grupo que pretenda desempeñar esas funciones. Permitir una confrontación entre estudiantes y comerciantes sería abrir la puerta a provocaciones cuyas consecuencias nadie podría controlar. Si hubiera lesionados o hechos violentos, después todos tratarían de evadir su responsabilidad. Los propios dirigentes de comerciantes deberían entender el peligro. Prestarse a realizar tareas que corresponden a la Policía puede terminar afectando a sus agremiados. Sus problemas, demandas y negociaciones con el gobierno son una cosa; el movimiento universitario es otra. No deben mezclarse.

La UAEM tampoco puede cerrarse al diálogo ni responder defensivamente ante cada crítica. La autonomía universitaria no significa aislamiento ni impunidad. Significa capacidad para gobernarse, pero también responsabilidad para proteger a su comunidad, rendir cuentas y reconocer errores.

Todavía hay oportunidad de impedir que el conflicto crezca. Para ello se necesita instalar una mesa pública y seria con representantes auténticos de los estudiantes, autoridades universitarias, gobierno estatal, fiscalía y organismos de derechos humanos. No una reunión para tomarse fotografías, sino un espacio con compromisos, responsables y fechas de cumplimiento.

La universidad no está tomada, pero la indignación sí está creciendo. Si las autoridades confunden una protesta legítima con una amenaza política, o pretenden contenerla mediante grupos ajenos, podrían transformar una exigencia de justicia en un conflicto mucho mayor.

Este no es momento de provocar, ocultar, ni improvisar. Es momento de escuchar, investigar y actuar porque la demanda estudiantil es elemental: quieren estudiar y regresar con vida a sus hogares. Y ningún gobierno ni autoridad universitaria debería considerar excesiva semejante exigencia. ¿No cree usted?

eleconomista.com.mx: https://www.eleconomista.com.mx/internacionales/estados-unidos-lanza-alerta-viajar-medio-oriente-advierte-cierres-espacio-aereo-cancelacion-vuelos-20260919-834329.html

Los resultados de 2024 dejaron una señal importante. En los 33 municipios morelenses, donde la competencia se realizó mediante partidos políticos, Morena ganó cinco por sí solo y otros tres dentro de una coalición. Si agregamos las cinco victorias del Partido Verde y las tres obtenidas por el Partido del Trabajo, el bloque que generalmente acompaña al gobierno federal alcanzó 16 presidencias municipales. Las demás fuerzas políticas y las candidaturas independientes consiguieron 17. La diferencia fue mínima, pero demuestra que Morena, a pesar de haber ganado la gubernatura y de su enorme presencia nacional, no pudo trasladar automáticamente esa fuerza a todos los municipios. Los resultados oficiales del Impepac muestran un territorio políticamente fragmentado, en el cual ningún partido posee el control absoluto.

Ahora debe agregarse un elemento que puede cambiar por completo la competencia de 2027, pues todo indica que el Partido Verde y el Partido del Trabajo podrían competir separados de Morena en distintos municipios de Morelos. Todavía no existe un convenio definitivo que permita asegurar cómo se presentarán en cada ayuntamiento. Sin embargo, las declaraciones de sus dirigentes y el trabajo territorial que realizan muestran que ambos partidos se preparan para defender sus propios espacios. En el caso del PT se ha hablado abiertamente de competir solo si no encuentra condiciones favorables para una coalición. El Verde, por su parte, busca consolidar sus triunfos municipales y demostrar que posee una fuerza propia. Si esta separación se confirma, Morena ya no podrá considerar como suyos los 16 municipios obtenidos por todo el bloque oficialista. Su punto de partida real serían los ocho ayuntamientos ganados por el partido o por la coalición que encabezó. El Verde defendería cinco y el PT otros tres. Eso modificaría profundamente la elección. En algunos municipios, la división entre Morena, Verde y PT podría facilitar la victoria del PAN, del PRI, de Movimiento Ciudadano o de una candidatura local fuerte. Tres candidatos provenientes del mismo bloque político pueden terminar disputándose a los mismos electores y permitir que una oposición organizada gane con una votación menor.

Cuernavaca es el ejemplo más claro de la diferencia entre lo nacional y lo municipal. Acción Nacional conserva una fuerza electoral importante en la capital. En 2024, la coalición encabezada por el PAN obtuvo 84 mil 72 votos, contra 74 mil 68 de la coalición de Morena. Además, el panismo ganó las diputaciones locales de la ciudad, confirmando que los electores pueden votar por Morena en una elección federal y elegir otra opción para gobernar el municipio.

También deben observarse Yecapixtla, Jiutepec, Temixco, Xochitepec, Atlatlahucan, Tlaquiltenango y Cuautla, municipios ganados por la coalición opositora. En todos ellos importarán más los candidatos, las estructuras territoriales y la evaluación de los gobiernos que las declaraciones de los dirigentes nacionales.

Cuautla merece una atención especial. Ahí la coalición PAN-PRI-PRD-RSP consiguió 28 mil 727 votos, mientras Morena obtuvo 22 mil 493. Fue una victoria opositora construida mediante una candidatura y una alianza locales, no exclusivamente un triunfo del PRI.

Para 2027, Morena tendrá a su favor los programas sociales y los recursos políticos de los gobiernos federal y estatal. Sin embargo, enfrentará el desgaste provocado por la inseguridad. Las extorsiones, el cobro de piso y el cierre de establecimientos forman parte de la realidad cotidiana de comerciantes y familias de Cuautla. Si no existen resultados visibles, será difícil convencer a la ciudadanía de votar por la continuidad.

Los programas del bienestar representan una base electoral considerable, pero recibir una pensión o un apoyo no significa entregar automáticamente el voto municipal. Una persona puede respaldar a Morena en una elección federal y votar por otro partido para alcalde, porque en los municipios pesan más el conocimiento directo del candidato, su familia, sus antecedentes y los resultados del gobierno cercano.

También deberá vigilarse la posible intervención de la delincuencia organizada. El problema rebasa los protocolos del INE y del IMPEPAC. Las autoridades electorales pueden organizar la votación y fiscalizar las campañas, pero no pueden combatir directamente a los grupos criminales ni impedir por sí solas que las amenazas, el dinero ilegal o el miedo influyan en una elección. Esa responsabilidad corresponde a las instituciones de seguridad y justicia.

La elección de 2027, por tanto, no está decidida. Morena continúa siendo la principal fuerza nacional, pero en Morelos puede llegar dividido de sus antiguos aliados. Si el Verde y el PT presentan candidatos propios, la batalla municipal será todavía más fragmentada.

En los municipios las siglas ayudan, pero no bastan. Aquí se vota por personas conocidas, por resultados cercanos y también contra quienes no resolvieron los problemas cotidianos. Ésa será la verdadera lucha política de 2027. ¿No cree usted?

gq.com: https://www.gq.com/story/gallet-200-year-old-brand-relaunch

El evento dio inicio con un número de comedia estilo stand up, con la participación de Jason y Jafet Aminadab, quienes, con malos chistes y dinámicas con los jóvenes, criticaron al gobierno del estado con lenguaje soez frente a familiares de los galardonados, “amenizando” así la ceremonia, según ellos.

El director del Impajoven, Rodrigo Heredia, informó que, de la mano del Poder Ejecutivo, se propuso que año con año crezca el estímulo económico y la relevancia del premio, hasta lograr que la entidad se encuentre dentro de los cinco lugares a nivel nacional con el mayor reconocimiento económico para los jóvenes.

Rodrigo instó a los galardonados a no dejar de expresar sus ideas, de preguntar, participar y construir, pues afirmó que el presente, el futuro y el éxito de Morelos y de México dependen de las juventudes; concluyó afirmando que desde el Impajoven seguirán trabajando para que haya cada vez más oportunidades y espacios donde los jóvenes puedan participar.

Maximiliano Núñez Cárdenas, galardonado en la categoría de actividades estudiantiles, joven politólogo en formación y consejero universitario de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), elogió el reconocimiento de los jóvenes, pero afirmó que fue difícil luchar contra corriente, comentarios y opiniones; sin embargo, afirmó que en cada uno de los galardonados están expresados los más profundos deseos de cambio y la construcción de una sociedad más justa, equitativa e incluyente. Afirmó también que los jóvenes son más que un grupo social, pues también son un poder político, e instó a las juventudes a aprovechar el tiempo y el espacio, así como a participar, crear y transformar su comunidad.

“Seamos el ejemplo y evitemos la polarización. Evitemos las transgresiones que la historia nos ha enseñado que no tienen cabida en lo que queremos llamar Utopía”, afirmó el galardonado parta terminar citando el poema de Machado: ”caminante no hay camino, se hace camino al andar”.

Para concluir el evento, la gobernadora del Estado de Morelos, Margarita González Saravia, agradeció y felicitó a los galardonados por el trabajo que han realizado en cada una de las áreas donde participan. La mandataria estatal recordó el trágico suceso ocurrido en Tlatelolco en 1968, donde los estudiantes salieron a la calle para reclamar derechos y justicia, pero fueron reprimidos, por lo que pidió que no se olvide, ya que las libertades con las que se cuenta actualmente son fruto de esa lucha en la cual aquellos jóvenes, con su vida, abrieron los cauces de la democracia en el México que hoy vivimos.

La gobernadora afirmó que los jóvenes deben tener sueños, corazón y saber que ellos son la verdadera transformación, y que todos los jóvenes tienen que luchar por aquellos que no cuentan con las mismas oportunidades.

Margarita González concluyó informando que la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo está apoyando al estado con 14 preparatorias nuevas y con dos nuevas universidades, recalcando el compromiso del Poder Ejecutivo morelense y el federal con los jóvenes, además de adelantar que, para el próximo año, 2027, se duplicará el Premio de la Juventud.

La entrega del Premio de la Juventud 2026 representó así no sólo un reconocimiento al esfuerzo y talento de los galardonados, sino también un llamado a continuar generando espacios y oportunidades para que las nuevas generaciones participen activamente en la transformación y construcción de un mejor futuro para Morelos.

Felicidades a Maximiliano Núñez Cárdenas, mi alumno, joven talentoso y brillante.

A él y a los jovenes valores hay que apoyarlos por el bien de nuestro estado. ¿No cree usted?

marca.com: https://www.marca.com/tiramillas/ciencia/2026/09/03/luna-pudo-formarse-cinco-horas-estudio-cambia-creiamos-sobre-origen.html

Ése es el punto central. Un gobierno puede reunirse con muchas personas, tomarse fotografías y anunciar avances, pero eso no significa necesariamente que haya construido un acuerdo. En un conflicto laboral importa tanto el número de reuniones como la representatividad de quienes se sientan a la mesa. Si los sindicatos más fuertes de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial permanecen fuera, cualquier entendimiento será incompleto y, tarde o temprano, terminará por desconocerse.

La creación de un Instituto de Pensiones y Jubilaciones no es un asunto menor ni puede tratarse como una simple modificación administrativa. Se pretende cambiar la forma en que el Estado atenderá obligaciones que se construyeron durante décadas. Ahí están involucrados el patrimonio, la seguridad económica y el futuro de miles de trabajadores activos, jubilados y sus familias. Por ello, intentar crear el organismo sin la participación efectiva de los sindicatos no sólo sería un error de procedimiento: sería una imprudencia política.

El gobierno sostiene que no existe todavía una iniciativa concluida y que los derechos adquiridos serán respetados. Esas son afirmaciones importantes, pero ya no basta con repetirlas. Si se quiere recuperar la confianza, deben convertirse en compromisos verificables: presentar el diagnóstico financiero completo, entregar un estudio actuarial independiente, explicar de dónde provendrán los recursos del nuevo organismo, garantizar por escrito la no retroactividad y establecer con claridad quién administrará el dinero y cómo será vigilado.

Los trabajadores tienen derecho a saber si el instituto contará con patrimonio suficiente o si solamente se pretende trasladar el déficit a una nueva oficina. También deben conocer si habrá cuotas adicionales, modificaciones en la edad o los años de servicio, topes distintos, cambios en el aguinaldo o restricciones futuras. Mientras esas preguntas no sean contestadas con documentos, seguirá creciendo la sospecha de que primero se quiere crear el organismo y después definir las reglas. Así no se construye confianza.

También es necesario distinguir entre derechos y abusos. Defender a quienes trabajaron durante treinta años o más no significa proteger jubilaciones obtenidas con antigüedades infladas, documentos dudosos o unos cuantos años en cargos públicos. Las pensiones irregulares deben investigarse y, cuando existan elementos, anularse mediante procedimientos legales. Pero la falta de dinero del gobierno no puede cargarse sobre quienes cumplieron con todos los requisitos. Una cosa es cerrar la puerta a los privilegios y otra muy distinta reducir derechos legítimamente adquiridos.

Lo más preocupante es la falta de capacidad de negociación política. Las secretarías de Gobierno y de Administración y Finanzas deberían estar construyendo una ruta de entendimiento con los interlocutores difíciles, no únicamente con quienes están dispuestos a escuchar o aceptar acuerdos parciales. La función de la política interior consiste precisamente en sentar a quienes piensan distinto, reconocer su fuerza, encontrar coincidencias y evitar que el conflicto llegue a las calles. Negociar con los cercanos es sencillo; gobernar exige negociar con quienes tienen capacidad real para oponerse.

El momento, además, no podría ser más delicado. Aunque el INE fijó para el 10 de septiembre el inicio formal del proceso electoral federal 2026-2027, la cuenta regresiva política ya comenzó. El próximo año se renovará la Cámara de Diputados y las decisiones de los gobiernos serán evaluadas en las urnas. En Morelos, donde también estarán en juego presidencias municipales, diputaciones y otros espacios de poder, cualquier conflicto con miles de trabajadores y jubilados tendrá consecuencias electorales.

Sería un grave error pensar que el problema se limita a los dirigentes sindicales. Detrás de cada trabajador hay una familia, y alrededor de cada sindicato existe una red social y política. Una movilización, un paro de oficinas o una protesta prolongada no sólo afectaría la operación gubernamental; también reforzaría la percepción de un gobierno que no escucha y que pretende imponer decisiones. Cuando empieza la competencia electoral, esa imagen pesa más que cualquier campaña publicitaria.

Todavía hay tiempo para corregir el rumbo. La gobernadora Margarita González Saravia debe ordenar una mesa única, pública en sus acuerdos y verdaderamente representativa, en la que participen los sindicatos de mayor presencia, los trabajadores jubilados, especialistas actuariales, el Congreso y los tres poderes. No se trata de entregarles el control de las finanzas públicas, sino de reconocer que ninguna reforma será viable si nace sin legitimidad.

El Instituto de Pensiones puede ser necesario para garantizar el futuro del sistema, pero sólo tendrá posibilidades de funcionar si surge de información transparente, reglas claras y un acuerdo amplio. Crearlo sin los sindicatos sería fabricar, desde el gobierno, una crisis política innecesaria. Y hacerlo cuando el proceso electoral está por comenzar sería, además de una torpeza administrativa, un costoso error electoral. ¿No cree usted?

eleconomista.com.mx: https://www.eleconomista.com.mx/politica/segundo-informe-gobierno-claudia-sheinbaum-destaca-estabilidad-economia-20260901-831288.html

Investigar implica formular preguntas sobre aquello que todavía necesitamos comprender. En diseño estas preguntas pueden surgir de prácticamente cualquier aspecto de nuestra relación con el mundo: las imágenes que consumimos, los espacios que habitamos, los objetos que utilizamos, la manera en que construimos identidad o los significados que otorgamos a nuestra cultura. La investigación permite observar estos fenómenos sistemáticamente, confrontarlos con lo que otros han estudiado y producir nuevas explicaciones.

Los libros que presentamos esta semana son un ejemplo de esa diversidad. En sus páginas aparecen investigaciones sobre patrimonio y cultura sonidera, violencia visual, hitos e identidad urbana, migración, paisaje, imaginarios e interculturalidad. Temas aparentemente muy distintos que comparten una preocupación: comprender las relaciones que establecemos socialmente mediante las imágenes.

Pero una investigación que permanece únicamente en el escritorio de quien la realizó, en un repositorio que nadie consulta o en una publicación que nunca encuentra lectores tiene muy pocas posibilidades de entrar en conversación con la sociedad. Por eso existe una diferencia importante entre publicar y difundir. Publicar permite incorporar una investigación al conocimiento disponible y hacerla consultable para otras personas. Difundir significa generar caminos para que ese conocimiento encuentre lectores, despierte preguntas, sea discutido y, quizá, utilizado para comprender otros problemas.

Las presentaciones de libros cumplen justamente parte de esa función. No son solamente eventos para mostrar una publicación terminada. Son espacios donde las investigaciones pueden explicarse, discutirse y comenzar nuevas conversaciones. Una pregunta del público puede abrir otra línea de investigación; una persona puede encontrar relación entre lo presentado y su propio trabajo; alguien más puede descubrir un tema que desconocía y comenzar a estudiarlo.

Además, comunicar investigación también implica diseñar información. Un libro necesita una estructura que permita recorrerlo, una jerarquía editorial, una portada, imágenes, tablas, diagramas y decisiones tipográficas que ayuden al lector a comprender cómo está organizado el contenido. Incluso cuando los resultados salen del libro y llegan a una presentación, una conferencia, una página web o una publicación en redes sociales, es necesario decidir qué información mostrar, cómo sintetizarla y de qué manera hacerla comprensible para públicos diferentes.

El diseño funciona como un puente entre la producción del conocimiento y su comunicación. No sustituye el rigor de la investigación ni simplifica aquello que necesariamente es complejo, pero puede contribuir a hacerlo accesible. Producir conocimiento resulta tan importante como encontrar maneras responsables de comunicarlo. Esto adquiere todavía mayor importancia cuando la investigación se realiza en instituciones públicas. Las universidades no solamente tienen la responsabilidad de producir conocimiento especializado; también tienen el compromiso de favorecer que una parte de ese conocimiento regrese a la sociedad que hizo posible su producción. La publicación hace visible el conocimiento; la divulgación permite que entre en conversación con la sociedad.

Están invitados a la presentación de los libros este próximo jueves 3 de septiembre, a las 12:00 horas, a través de la página de Facebook de Ediciones UAEM. ¡Los esperamos!

Nos vemos pronto para seguir hablando de diseño.

marca.com: https://www.marca.com/tiramillas/musica/2026/08/31/shakira-explica-eligio-madrid-residencia-ciudad-celebra-inmigracion-latina.html

Las rutas siguen siendo las mismas, muchas unidades continúan convertidas en verdaderas carcachas y el trato hacia los usuarios no ha mejorado. No se advierte una renovación significativa del parque vehicular, tampoco una capacitación general de los operadores ni una vigilancia permanente de la autoridad. El ciudadano paga 30 por ciento más, pero recibe prácticamente el mismo servicio deficiente.

La gravedad del asunto está en que el propio decreto publicado por el gobierno no autorizó el incremento como un cheque en blanco. Estableció que la aplicación de la nueva tarifa quedaba “estricta e ineludiblemente condicionada” al cumplimiento de la revista mecánica y de las obligaciones jurídicas, técnicas, administrativas y de seguridad. También ordenó a la Coordinación General de Movilidad y Transporte supervisar y hacer cumplir las disposiciones aprobadas. Así quedó asentado oficialmente.

Por tanto, la pregunta es inevitable: ¿cuántas unidades acreditaron verdaderamente la revista mecánica antes de comenzar a cobrar trece pesos? ¿Dónde está el padrón público de vehículos aprobados y rechazados? ¿Cuántas unidades fueron retiradas por representar un peligro? ¿Cuántos concesionarios han sido sancionados? ¿En qué rutas se verificó la modernización prometida?

Si el gobierno no puede responder con cifras, documentos y resultados visibles, entonces el aumento fue entregado sin garantizar la contraprestación ofrecida a la población.

El caso de los adultos mayores es todavía más indignante. El acuerdo establece claramente una tarifa de cinco pesos. Sin embargo, han continuado las denuncias por cobros de ocho y hasta trece pesos, malos tratos y negativas a recogerlos. En Cuernavaca se han documentado quejas contra operadores que inventan restricciones inexistentes o simplemente pasan de largo cuando observan a una persona mayor esperando la ruta. Las denuncias han sido constantes.

La práctica es profundamente abusiva: como el adulto mayor paga menos, algunos choferes prefieren no detenerse. De esa manera obligan a personas de escasos recursos a esperar otra unidad o, en el peor de los casos, a contratar un taxi. El descuento existe en el papel, pero se convierte en castigo en la calle.

El llamado Pase OLIN tampoco puede presentarse como solución general. La promesa inicial fue prácticamente de gratuidad para estudiantes, adultos mayores y personas con discapacidad. Después se reconoció que no había recursos suficientes para cumplirla en esos términos. La propia gobernadora admitió el error de cálculo.

Finalmente se creó un programa limitado a determinados estudiantes de nivel superior, de ciertas instituciones y campus, sujeto a disponibilidad presupuestal. El apoyo es de mil cuarenta pesos bimestrales y no representa una política universal. Las reglas restringen claramente la población beneficiaria. Presentarlo como compensación para todos es, como se dice popularmente, querer venderle chiles en escabeche a Clemente Jacques.

A todo esto se suma el viejo problema de la corrupción administrativa. Transportistas y ciudadanos siguen denunciando coyotaje, intermediarios y trámites que solamente avanzan cuando aparece el dinero. No basta cambiar el nombre de la dependencia si permanecen las mismas prácticas, los mismos operadores informales y la misma opacidad.

El problema ya no corresponde únicamente a los concesionarios. También es responsabilidad de los funcionarios que autorizaron el aumento y después permitieron los incumplimientos. Si los transportistas se burlaron del acuerdo, la autoridad tiene facultades para sancionar, suspender y retirar unidades. Si no lo hace, deja de ser víctima de la burla y se convierte en cómplice de la impunidad.

La gobernadora debe exigir resultados inmediatos a la Coordinación de Movilidad y Transporte. Se necesita publicar la relación de unidades que aprobaron la revista mecánica, retirar las que no cumplan, establecer operativos permanentes, sancionar a quienes nieguen los descuentos y abrir una investigación seria sobre el coyotaje.

Los ciudadanos ya pusieron su parte: desde el primero de julio pagan tres pesos más por cada viaje. Ahora corresponde al gobierno demostrar que tiene autoridad. Porque cobrar más sin mejorar nada no es modernización: es una tomada de pelo.¿No cree usted?. Principio del formulario Final del formulario

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Lo mismo ocurre con las plumas, que confieso soy fan de ellas. Las encontramos con tinta negra, azul, roja, verde, rosa o de múltiples colores; de gel, de punto fino o grueso, y encontré que ahora hay nuevos grosores. Algunas con cuerpos suaves, acolchados, rígidos, redondos o hexagonales; otras están diseñadas para escribir durante largos periodos, otras privilegian la precisión y algunas más convierten el acto de escribir en una experiencia visual mediante tintas metálicas, brillantes o de colores poco convencionales. Los resaltadores de texto pueden ser de colores neón, tonos pastel, puntas gruesas, delgadas o dobles y cuerpos de formas muy distintas. Los cuadernos parecen tener posibilidades infinitas: pasta dura o flexible, diferentes tipos y gramajes de papel, hojas desprendibles, recicladas, perforadas, distintos sistemas de encuadernación, tamaños, texturas y gran variedad de propuestas gráficas y de colores en las portadas.

Todo esto nos permite observar con mucha claridad una de las funciones del diseño de producto. Diseñar un objeto no consiste únicamente en resolver para qué sirve. También significa decidir cómo se utilizará, qué material resulta adecuado, cómo debe sentirse en la mano, cuánto debe resistir, qué tamaño conviene, cómo se guardará y qué características pueden hacerlo más cómodo para determinadas personas.

Por eso dos objetos destinados aparentemente a realizar la misma tarea pueden generar experiencias completamente distintas. Una pluma que se desliza suavemente sobre el papel no se siente igual que otra que requiere mayor presión; una regla flexible puede resultar especialmente práctica para guardarse dentro de una mochila; un cuaderno con hojas desprendibles permite organizar posteriormente la información de otra manera. Cada una de esas características responde a decisiones de diseño. A esto se suma la dimensión sensorial de los objetos: sentimos la textura de una portada, el peso de una pluma, la flexibilidad de una regla o la suavidad de un determinado papel. El color, la textura, la forma y el material participan en nuestra decisión y construyen una relación con el producto antes incluso de comenzar a utilizarlo.

Pero en muchos casos no podemos probar el producto antes de comprarlo, por lo que el empaque debe explicar qué tiene de especial. Nos muestra el color de la tinta, el tipo de punta, la flexibilidad de una regla, la resistencia de un material o alguna característica particular del objeto, a veces, hasta ventanitas tienen para sentir los materiales. Además de protegerlo, funciona como una pequeña pieza de comunicación que debe ayudarnos a distinguirlo entre muchos productos similares, es decir a diferenciarse.

El diseño permite que un objeto estrictamente utilitario también pueda provocar identificación, deseo y placer durante su uso. Comenzamos a comparar materiales, formas, colores y sensaciones hasta encontrar aquello que se adapta mejor a nosotros. Al final, comprar útiles escolares permite entender que la función es indispensable, pero rara vez elegimos únicamente por ella, también elegimos cómo queremos que un objeto se sienta, se vea y forme parte de nuestras actividades. Cuando compramos útiles escolares, buscamos objetos para escribir, medir, dibujar o subrayar y terminamos eligiendo texturas, colores, materiales y experiencias. La función nos lleva hasta el estante y muchas veces el diseño decide cuál nos llevamos a casa.

Nos vemos pronto para seguir hablando de diseño.

elmundo.es: https://www.elmundo.es/internacional/2026/08/29/6a91c3c1fdddffbd2a8b4592.html

En Morelos existen grupos de artistas formados alrededor de maestros, talleres y escuelas. Muchos desean participar y presentar su trabajo, pero encuentran una autoridad cerrada, sin comunicación y sin capacidad para convocarlos. Pareciera que solamente cuentan quienes pertenecen al círculo oficial, que estudian en el Centro Morelense de las Artes o mantienen alguna relación con quienes administran actualmente la cultura

El Centro Morelense de las Artes ha cumplido una función importante, y entre sus maestros y alumnos hay personas valiosas. Sin embargo, no puede convertirse en la única referencia cultural del estado. La cultura morelense es mucho más grande que una institución. Fuera de ella existen creadores experimentados, algunos con trayectorias de décadas, que no son escuchados ni invitados a participar. También debemos reconocer la ausencia de figuras como Jorge Cázares, Javier Alejo o Maida Prado, artistas que dejaron escuela y contribuyeron a formar generaciones. Actualmente muchos de sus alumnos imparten clases, lo cual es positivo, pero resulta insuficiente para sostener por sí solo toda la vida artística de Morelos. El estado ya tuvo funcionarios culturales de gran nivel. Por el antiguo Instituto de Cultura, hoy convertido en secretaría, pasaron personalidades como Ricardo Guerra, Martha Ketchum y Mercedes Iturbe, quienes poseían preparación, experiencia y reconocimiento no solo nacional sino internacional. Adalberto Ríos Szalay, el gran fotógrafo, también realizó una labor extraordinaria y consiguió que la Banda de Tlayacapan, de los hermanos Santa María, recibiera el Premio Nacional de Ciencias y Artes.

Los antecedentes mencionados demuestran que Morelos puede contar con una política cultural de altura cuando las responsabilidades se entregan a personas que conocen el tema, respetan a los creadores y comprenden la dimensión social de su trabajo. Llegar a un cargo no consiste únicamente en ocupar una oficina. Quien representa la cultura del estado debe prepararse, conocer el ambiente artístico, cuidar su presencia pública y ofrecer una imagen digna hacia el exterior. La cultura requiere sensibilidad, conocimiento y capacidad de diálogo. No puede improvisarse ni administrarse como si se tratara solamente de organizar ferias, tianguis o desfiles. Las fiestas tradicionales, las artesanías, las danzas, la gastronomía y las costumbres populares son fundamentales, pero no representan la totalidad de la cultura; también forman parte de ella el pensamiento, la ciencia, la literatura, la música, la pintura, la arquitectura, la memoria histórica, el teatro y todas las expresiones mediante las cuales una sociedad se reconoce y se transforma.

Las evidencias del abandono están a la vista. Nuestros museos permanecen vacíos. Se anuncian (dicen) exposiciones que casi nadie conoce y a las que asisten únicamente funcionarios, invitados y personas cercanas a los organizadores. No existe una estrategia seria para atraer públicos, formar espectadores y convertir los recintos culturales en lugares vivos. Una exposición no cumple su propósito solamente porque se realice una ceremonia inaugural y se publique una fotografía oficial.

La ausencia cultural también se percibe en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Faltan conciertos, exposiciones, conferencias y actividades permanentes capaces de reunir a estudiantes, maestros y sociedad. La universidad debería ser uno de los principales motores de la cultura estatal, pero tampoco está ocupando plenamente ese espacio. Ante este vacío, las iniciativas ciudadanas intentan sostener la incipiente vida cultural. El próximo día 3 se realizará la gala de Amigos de la Música, cuyo propósito es reunir recursos para que Cuernavaca pueda continuar disfrutando de la ópera desde el Met de New York. Son los propios aficionados quienes aportan el dinero para sostener estas presentaciones, prácticamente sin intervención gubernamental.

Su esfuerzo es admirable, pero también evidencia el abandono oficial, sólo el Centro Cultural Teopanzolco coopera con lo mínimo. Algo semejante ocurre con las bandas de viento, como la que recientemente escuchamos de Puente de Ixtla. Son esfuerzos valiosos surgidos desde las comunidades, aunque muchas veces avanzan solos, sin formar parte de un verdadero proyecto cultural estatal. Las consecuencias de esta situación son graves. Los artistas pierden espacios y oportunidades; los públicos se alejan de los recintos culturales; los museos se vuelven lugares vacíos y sólo se llenan para actos oficiales; las nuevas generaciones carecen de referentes y programas permanentes; y la sociedad pierde una herramienta fundamental para fortalecer su identidad y enfrentar la inseguridad, la violencia y la descomposición social. La cultura no es un lujo reservado para unos cuantos. Un niño que encuentra un instrumento musical, un libro, un pincel o un escenario descubre también una posibilidad distinta para su vida. Por eso, marginar a los artistas significa limitar las oportunidades de toda la comunidad.

La autoridad debe acercarse a los grupos existentes, abrir convocatorias transparentes y escuchar a los artistas de todas las regiones. Es necesario construir una agenda permanente de conciertos, exposiciones, teatro, literatura y cine; mantener museos abiertos y atractivos; impulsar programas culturales en barrios y municipios; fortalecer la participación de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos; y crear espacios para los nuevos talentos sin excluir a quienes poseen una trayectoria reconocida. También se requiere una política que articule las expresiones tradicionales con las disciplinas artísticas, científicas y humanísticas. Las fiestas, artesanías, danzas y costumbres deben recibir apoyo, pero sin reducir la cultura a ferias, tianguis o desfiles. Morelos necesita una visión amplia, profesional y de largo plazo.

Morelos no carece de artistas ni de público. Carece de apertura, dirección y voluntad. Es urgente que la Secretaría de Cultura deje de trabajar para el gobierno y comience a trabajar para toda la gente del estado. La cultura debe salir de las oficinas, recuperar los museos, regresar a las universidades, llegar a los municipios y reencontrarse con la sociedad, porque un gobierno que margina a sus artistas no solamente abandona la cultura, también renuncia a una de las mejores herramientas que tiene para reconstruir a su comunidad. ¿No cree usted?

Columna Digital: https://columnadigital.com/vivencias-ciudadanas-morelos-la-cultura-echada-a-un-lado/

La Fiscalía estatal atribuye a la funcionaria una probable responsabilidad en la autoría intelectual del ataque armado ocurrido en una cancha de Rancho Nuevo, donde tres personas perdieron la vida y nueve más resultaron lesionadas. Será un juez quien determine si existen elementos suficientes para vincularla a proceso y, posteriormente, si es culpable o inocente. La presunción de inocencia debe respetarse, pero eso no impide reconocer la enorme trascendencia política e institucional de la investigación.

La detención parece destapar una cloaca cuyas ramificaciones podrían extenderse más allá de Yautepec. No se trata solamente de conocer quién ordenó un ataque, sino de investigar las posibles redes de protección, complicidad, financiamiento y relaciones políticas que pudieron hacerlo posible. Si existen servidores públicos relacionados con organizaciones criminales, la investigación debe llegar hasta sus últimas consecuencias, sin importar cargos, amistades, partidos o cercanías con el poder.

El Ayuntamiento de

Yautepec es gobernado por Morena. Este hecho obliga a ese partido y al gobierno estatal a actuar con especial cuidado, responsabilidad y transparencia. No se les puede declarar culpables por las conductas atribuidas a una funcionaria, pero tampoco sería aceptable intentar minimizar el caso, descalificar las investigaciones o construir una defensa partidista antes de conocer las pruebas.

Morena ha sostenido que no debe existir impunidad y que nadie puede estar por encima de la ley. Ahora tiene frente a sí una oportunidad para demostrar que ese principio se aplica también cuando las investigaciones alcanzan a integrantes de sus propios gobiernos.

El problema es que la detención se produce en medio de una situación de seguridad que continúa siendo angustiante para los morelenses. Las autoridades presentan estadísticas que muestran reducciones en los homicidios, pero la percepción ciudadana se construye con lo que sucede diariamente en las calles. Hay jornadas en las que cuatro, cinco o más personas son asesinadas en distintos puntos del estado.

Cuautla es uno de los ejemplos más preocupantes. Los ataques armados, las extorsiones, los asesinatos y el miedo de comerciantes y habitantes han convertido a esa ciudad en una región donde la violencia parece haberse normalizado. No basta con reforzar durante algunos días la presencia policiaca después de un hecho escandaloso. Se necesita recuperar permanentemente el territorio, investigar las redes económicas de la delincuencia y terminar con cualquier protección institucional.

Según cifras oficiales, Morelos acumuló 512 homicidios dolosos entre enero y julio de este año. Puede afirmarse que existe una reducción respecto del mismo periodo anterior, pero 512 personas asesinadas no representan una realidad satisfactoria. Para las familias de las víctimas, los porcentajes no significan consuelo ni justicia.

El caso de Yautepec debe marcar un punto de inflexión. La Fiscalía tiene la responsabilidad de presentar pruebas sólidas y no convertir la detención en un espectáculo mediático. El gobierno estatal debe garantizar que las investigaciones avancen sin presiones políticas. Morena debe deslindarse con hechos de cualquier conducta ilícita, y los ayuntamientos deben ser sometidos a una revisión profunda.

La pregunta no es solamente qué ocurrió en Yautepec. La pregunta verdaderamente inquietante es cuántas redes semejantes podrían estar operando en otros municipios de Morelos. La cloaca parece comenzar a destaparse. Lo peor que podría suceder es que, por cálculos partidistas o electorales, alguien intente volver a cubrirla. ¿No cree usted?

Columna Digital: https://columnadigital.com/vivencias-ciudadanas-yautepec-una-cloaca-que-apenas-comienza-a-destaparse/

El gobierno ha buscado acercarse a algunas organizaciones y grupos pequeños, pero eso no significa que exista un acuerdo con la mayoría. Los sindicatos con mayor representación, junto con organizaciones de jubilados, han expresado abiertamente su inconformidad. Al menos veinte agrupaciones decidieron retirarse de las mesas de trabajo porque consideran que no han recibido información completa y que las decisiones podrían estar tomándose sin la participación real de los afectados.

El problema central es la falta de credibilidad. Mientras el gobierno afirma que no existe una iniciativa formal y promete que no se tocarán los derechos adquiridos, los dirigentes sindicales aseguran que hay proyectos y documentos que no se les han entregado. En esas condiciones es imposible construir una negociación seria. Si no existe nada que ocultar, lo más sencillo sería presentar públicamente todos los estudios, borradores y proyecciones financieras.

También debemos decirlo con claridad: defender a los trabajadores no significa proteger abusos. En Morelos existen jubilaciones que deben revisarse, especialmente aquellas obtenidas mediante documentos dudosos, antigüedades infladas, cargos ocupados durante unos cuantos años o privilegios concedidos a funcionarios de alto nivel. Una pensión completa debe corresponder a quien verdaderamente cumplió con los años de servicio establecidos. La ley morelense contempla distintos porcentajes y modalidades, pero no puede permitirse que alguien pretenda recibir el mismo trato que quien trabajó durante casi treinta años solamente por haber pasado diez o doce años dentro del gobierno.

Sin embargo, revisar irregularidades es muy diferente a castigar a todos los jubilados. Quienes cumplieron legalmente con su antigüedad, tramitaron su pensión y han recibido durante años determinadas prestaciones no son responsables de la falta de dinero del gobierno. El déficit presupuestal no lo provocaron los trabajadores de base. Tampoco puede presentarse cada quincena pagada a un jubilado como si fuera una concesión generosa de la autoridad. Es el cumplimiento de una obligación.

Lo mismo sucede con los tres meses de aguinaldo. Esa prestación no fue inventada por los actuales jubilados. Tiene su origen en una decisión tomada durante el gobierno de Lauro Ortega Martínez y se convirtió, para los trabajadores a quienes legalmente corresponde, en una condición laboral que debe analizarse con seriedad jurídica. Otra cosa es que, con el paso del tiempo, se haya extendido indebidamente a altos funcionarios o personas que no pertenecían a la base trabajadora. Esos excesos deben corregirse, pero sin utilizar esa corrección como pretexto para reducir los derechos de todos.

El gobierno debe dejar de enfrentar a jubilados contra ciudadanos, o a trabajadores activos contra pensionados. También debe evitar la tentación de escoger interlocutores cómodos para después anunciar que existe consenso. Un acuerdo firmado solamente con organizaciones minoritarias no resolverá el conflicto con los sindicatos fuertes de los tres poderes.

La solución requiere capacidad política, transparencia y sensibilidad. Debe realizarse una auditoría individual de las pensiones presuntamente irregulares; publicarse un estudio actuarial independiente, con proyecciones de largo plazo; garantizarse por escrito la no retroactividad, y abrirse una negociación en la que participen verdaderamente los representantes de los trabajadores.

Aún existe oportunidad de evitar una confrontación mayor. Pero para lograrlo el gobierno debe comprender que no está negociando privilegios, sino el futuro de personas que entregaron buena parte de su vida al servicio público. Las finanzas pueden corregirse; la confianza, cuando se pierde por completo, resulta mucho más difícil de recuperar. ¿NO CREE USTED?

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El Departamento de Estado estadunidense informó que, desde el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca, ha revocado más de 175 mil visas. Muchas cancelaciones responden a razones perfectamente comprensibles: delitos, fraude migratorio, incumplimiento de las condiciones de la visa o amenazas a la seguridad nacional. Ningún país está obligado a admitir a quien pretende violar sus leyes. El problema comienza cuando la frontera entre seguridad y pensamiento político se vuelve borrosa. Existen casos de visas retiradas por expresiones políticas que no agradan a la administración de Trump, o por acciones de gobiernos latinoamericanos que tienen relaciones de negocios con China. Una democracia tiene derecho a protegerse; lo que no debería hacer es confundir una amenaza real con una opinión incómoda.

Además, solicitar una visa estadunidense cuesta dinero. La tarifa de una visa de visitante B1/B2 es de 185 dólares y no es reembolsable. El solicitante paga, aunque la visa sea negada. Pero que algo sea legal no impide preguntarnos si es justo y proporcional.

La asimetría resulta evidente para muchos mexicanos. Los ciudadanos estadunidenses pueden viajar a México por turismo sin obtener previamente una visa mexicana, mientras el ciudadano mexicano necesita solicitar, pagar y obtener autorización para visitar Estados Unidos. Washington, además, mantiene un Programa de Exención de Visa que permite a ciudadanos de numerosos países viajar por turismo o negocios hasta por 90 días; Chile forma parte de ese esquema. México no.

Hay otro punto delicado: los teléfonos y dispositivos electrónicos. La autoridad fronteriza estadunidense reconoce que puede revisarlos. Una búsqueda básica puede realizarse incluso sin sospecha individual; una búsqueda avanzada requiere sospecha razonable o una preocupación de seguridad nacional. El principio merece atención: un teléfono contiene conversaciones, fotografías, opiniones, relaciones personales y buena parte de nuestra vida privada.

Combatir terrorismo, trata de personas, narcotráfico, explotación infantil o fraude es obligación legítima de cualquier Estado. Revisar a quien representa un riesgo comprobable es una cosa. Convertir las ideas políticas, las críticas o las opiniones expresadas legalmente en una especie de examen de admisión es otra muy distinta.

México ha construido su política exterior alrededor de principios que vale la pena recordar: igualdad jurídica de los Estados, solución pacífica de las controversias, cooperación internacional y respeto al derecho. Esta tradición no acepta decisiones intervencionistas de un socio, por poderoso que sea. La cooperación funciona mejor entre iguales que entre quien premia, castiga o presiona.

Tampoco se trata de decirle a los estadunidenses cómo gobernar su país. Sus ciudadanos decidirán en las urnas qué gobierno quieren y qué políticas respaldan. Esa misma consideración debe operar en sentido contrario. México no necesita permiso para pensar distinto, ni sus ciudadanos deberían sentir que una opinión política legítima puede convertirse en una sanción migratoria.

Estados Unidos tiene derecho a cuidar sus fronteras. México tiene derecho a exigir respeto para sus ciudadanos. Y ambos tienen la obligación de distinguir entre seguridad y arbitrariedad, por lo que las visas no deben convertirse en un instrumento de adversidad y de recuperación de influencia política.

Quizá sea momento de poner una palabra incómoda sobre la mesa bilateral: reciprocidad. Si somos socios, vecinos y aliados económicos, el trato debe reflejarlo. Porque una frontera puede separar territorios; lo que no debería separar es la dignidad de las personas. ¿O no, estimado lector?

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Hoy, lamentablemente, el diálogo entre el gobierno y las organizaciones sindicales en torno al problema de las jubilaciones y las pensiones parece haberse roto. Y eso no es una buena noticia para nadie.

El problema de las pensiones de los trabajadores al servicio del Estado no nació ayer. Es un asunto que se ha venido acumulando durante años y que, por su dimensión financiera, jurídica y social, requiere algo más que una reforma apresurada o una decisión administrativa. Requiere números claros, responsabilidad y, sobre todo, acuerdos.

Lo preocupante es que parece que ni el gobierno ni los diputados encuentran todavía la fórmula para resolverlo. Y, mientras tanto, se pretende modificar un sistema que afecta directamente a miles de trabajadores que durante décadas han entregado su trabajo al servicio público y que esperan que, al llegar el momento de retirarse, se respeten sus derechos. No se trata de defender privilegios. Se trata de distinguir entre privilegios y derechos adquiridos. Esa diferencia es fundamental.

Una reforma al sistema de pensiones no puede construirse únicamente desde la necesidad de reducir el gasto público. Tampoco puede plantearse como si el problema fuera exclusivamente de los trabajadores. El gobierno tiene la responsabilidad de garantizar la viabilidad financiera del Estado, pero también tiene la obligación de respetar el marco jurídico y los derechos de quienes han cumplido con las condiciones establecidas para jubilarse. Por eso resulta preocupante que, en lugar de avanzar hacia una solución consensuada, se haya llegado al rompimiento del diálogo con las organizaciones sindicales. Cuando el diálogo se rompe, el conflicto deja de estar dentro de una mesa de negociación y comienza a trasladarse a las calles, a los centros de trabajo y finalmente a la gobernabilidad.

Y Morelos no necesita eso.

Tenemos una inseguridad que continúa golpeando a la sociedad. Los ciudadanos viven con la sensación de que no hay descanso y de que los problemas se acumulan sin encontrar una respuesta suficiente. A ello se agregan conflictos políticos, sociales y administrativos que generan incertidumbre y alimentan la percepción de que las instituciones están perdiendo capacidad para resolver.

En este escenario aparece también el caso de la pipa, cuya tragedia sigue generando preguntas. Ahora han surgido señalamientos sobre si la unidad contaba o no con el seguro que debía tener y acerca de quién tendría que hacerse responsable. Mientras esas preguntas no tengan respuestas claras, seguirá creciendo la desconfianza.

Y aquí hay algo todavía más delicado, cada nuevo episodio de esta naturaleza termina poniendo bajo sospecha a los trabajadores del gobierno en su conjunto, cuando no necesariamente todos tienen responsabilidad en las decisiones que se toman desde las áreas administrativas y políticas. No podemos permitir que la falta de claridad de las autoridades termine convirtiéndose en una condena general para quienes trabajan en el servicio público.

Por eso habría que preguntarnos si éste es el momento adecuado para colocar toda la energía política del gobierno en cambiar la manera en que se pagan las pensiones, cuando existen tantos otros problemas urgentes que resolver.

La pregunta no es si el sistema de pensiones necesita una revisión. Seguramente la necesita. La pregunta verdadera es cómo se va a hacer, a quién afectará, qué derechos se respetarán y qué solución de largo plazo se está construyendo, porque crear una oficina, modificar una estructura administrativa o cambiar la fórmula mediante la cual se cubren las pensiones no significa resolver el problema. El fondo del asunto está en garantizar que el sistema sea financieramente sostenible sin convertir a los trabajadores en los responsables de un problema que se fue construyendo durante muchos años.

El gobierno necesita sentarse nuevamente con los sindicatos. Los diputados tienen que hacer su parte. Y ambos deben entender que una reforma de esta naturaleza no puede hacerse desde la confrontación. Morelos necesita acuerdos. Ya hay demasiados problemas sobre la mesa. La inseguridad, los conflictos sociales, la incertidumbre política, las dudas que dejan acontecimientos como el de la pipa y una ciudadanía que cada vez exige mayores explicaciones a sus autoridades. Romper el diálogo con los sindicatos solamente agrega otro problema.

Gobernar no significa evitar los problemas, significa tener la capacidad de enfrentarlos. Y para enfrentar el problema de las pensiones se necesita inteligencia financiera, sensibilidad social, conocimiento jurídico y, sobre todo, voluntad política para escuchar, porque si el gobierno pierde el diálogo con sus trabajadores, pierde también una parte importante de su capacidad para gobernar.

Y en un estado tan golpeado como Morelos, lo último que necesitamos es que un problema que puede y debe resolverse en una mesa termine convirtiéndose en otro conflicto de ingobernabilidad. ¿No cree usted?

Columna Digital: https://columnadigital.com/vivencias-ciudadanas-pensiones-si-se-rompe-el-dialogo-se-complica-la-gobernabilidad/

Hoy una parte importante de la experiencia académica sucede en plataformas, carpetas compartidas, repositorios de lecturas, aulas virtuales, calendarios, sistemas de entrega y distintas aplicaciones basadas en web. Entramos a ellas para localizar un documento, consultar una instrucción, entregar un trabajo o recuperar información que utilizaremos durante el semestre. Y, aunque normalmente pensamos primero en sus funciones tecnológicas, detrás de todas ellas existe también un problema de diseño, que suele estar muy bien resuelto, por eso no pensamos mucho en él.

Una plataforma educativa puede tener muchas herramientas y, aun así, resultar difícil de utilizar, sobre todo cuando está mal diseñada la interfaz. Podemos tardar demasiado en encontrar una lectura, no saber dónde entregar una actividad o descubrir que la información está distribuida en tantos espacios diferentes que terminamos perdiendo tiempo buscando aquello que necesitamos. En esos casos el problema no necesariamente está en la tecnología disponible, sino en la manera en que fue organizada la experiencia de quien la utiliza.

Aquí hay un concepto fundamental del diseño contemporáneo: la experiencia de usuario, conocida también por las siglas UX, derivadas del término inglés User Experience. Su propósito consiste en pensar cómo interactúan las personas con un producto, un servicio o un sistema y procurar que esa interacción resulte comprensible, eficiente y acorde con sus necesidades.

En educación esto resulta especialmente importante. Una persona que entra a un entorno digital no debería invertir una gran cantidad de tiempo y esfuerzo en entender cómo está organizado y cómo funciona. La interfaz tendría que ayudarle a reconocer dónde están las lecturas, cuáles son las actividades pendientes, dónde debe entregar un trabajo y qué información corresponde a cada tema. Cuando la interfaz está bien diseñada, deja de llamar la atención sobre sí misma y permite que la energía se concentre en lo realmente importante, que es aprender.

Una estrategia muy sencilla consiste en construir un repositorio común de lecturas. En lugar de enviar documentos en momentos distintos o permitir que queden dispersos entre mensajes y correos electrónicos, puede organizarse una carpeta compartida con una estructura constante durante todo el semestre. Las lecturas pueden dividirse por unidades, sesiones o temas y conservar una nomenclatura clara. Parece una decisión menor, pero reduce búsquedas innecesarias y permite que la persona que usa la carpeta comprenda visualmente cómo se estructura el curso.

Otra estrategia consiste en diseñar espacios específicos para la entrega y organización de trabajos. Las carpetas digitales pueden separarse por actividad, fecha o persona y acompañarse de instrucciones claras para nombrar archivos y localizar versiones. También es importante definir permisos y límites de uso. De esta manera, el espacio digital deja de funcionar como un simple almacén de documentos y se convierte en una herramienta para ordenar el proceso académico.

En ambos ejemplos aparece la arquitectura de la información, que las y los diseñadores conocemos bien. Es necesario decidir qué hacer con los contenidos, cómo agruparlos, nombrarlos, jerarquizarlos y hacerlos accesibles. Exactamente igual que lo que ocurre cuando diseñamos un sistema de señalización, una página web o una publicación compleja.

La interfaz también participa en esta experiencia. Los colores, los iconos, la posición de los botones, los menús y las jerarquías visuales ayudan a que una persona sepa intuitivamente qué puede hacer y hacia dónde debe dirigirse. Cuando esos elementos son consistentes, casi dejamos de pensar en ellos. Cuando no lo son, inmediatamente sentimos que una plataforma es complicada, aunque tenga excelentes funciones.

Por eso, una herramienta resulta verdaderamente útil cuando resuelve una necesidad concreta y cuando su incorporación facilita la experiencia de enseñar y aprender. Tener veinte recursos digitales no necesariamente construye un mejor ecosistema educativo; seleccionar algunos, organizarlos adecuadamente y utilizarlos con una intención clara probablemente sí.

Nos vemos pronto para seguir hablando de diseño.

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La búsqueda de la respuesta a esta pregunta, necesariamente nos lleva a revisar la historia de la teoría de la geopolítica. La primera problemática que enfrentaremos en esta historia es la de la definición de su objeto de estudio. Entendiendo que este objeto es una abstracción de la realidad, que es múltiple y compleja.

Toda ciencia puede ser utilizada no solo para fines sociales benéficos, sino también como instrumentos de juegos de poder y en perjuicio de la humanidad. Baste como ejemplo el uso bélico de la energía atómica, de los descubrimientos virológicos o de la química. Las atrocidades de Hiroshima y Nagasaki, el gas mostaza, el napalm están presentes en la memoria mundial.

La geopolítica como disciplina científica También puede ser utilizada como un elemento ideológico para justificar el expansionismo y dominio de las grandes potencias sobre los países más débiles.

Para para entender la geopolítica contemporánea es necesario conocer los contextos históricos que dieron origen a las principales escuelas geopolíticas; los conceptos de territorio, poder, Estado, economía y conflicto desarrollados por cada escuela; las continuidades y rupturas existentes entre la geopolítica clásica, la Guerra Fría, la posguerra fría y la etapa contemporánea.

En esta Última etapa es necesario valorar cómo se incorporaron progresivamente las dimensiones económica, histórica, tecnológica, cultural, ambiental y digital al estudio geopolítico.

Una perspectiva para revisar la trayectoria teórica de la Geopolítica es analizarla desde las visiones nacionales: 1. La escuela alemana deberá caracterizarse por su atención al territorio, las fronteras, el Estado, la posición y el espacio estratégico; 2. La escuela anglosajona se distinguirá por el análisis del poder marítimo, el equilibrio global, las rutas, la contención y la proyección de capacidades; 3. La escuela estadounidense contemporánea incorporará hegemonía, alianzas, poder blando, tecnología, geoeconomía y prospectiva estratégica; 4. La escuela francesa se concentrará en rivalidades territoriales, representaciones, fronteras, actores múltiples y conflictos locales; 5 La escuela rusa deberá examinarse desde Eurasia, multipolaridad, civilización, seguridad continental y oposición a la hegemonía occidental; 6 Las aportaciones latinoamericanas deberán abordarse mediante dependencia, centro-periferia, imperialismo, autonomía, integración regional, recursos naturales y soberanía.

La inclusión de la tradición latinoamericana es indispensable para no presentar la geopolítica exclusivamente desde las potencias centrales. Las ideas geopolíticas no se desarrollan aisladamente. Circulan, se adaptan, se discuten y se reformulan.

La geopolítica surge porque las potencias necesitan comprender cómo la posición, el territorio, los recursos, las rutas y las fronteras condicionan su expansión. La justificación europea sobre su expansión colonialista es por medio de las teorías de los autores clásicos de la Geopolítica.

El argumento anterior nos lleva a analizar la Geopolítica desde una perspectiva cronológica:

• 1870-1945: formación de la geopolítica clásica. Este periodo debe comenzar con el contexto de la Segunda Revolución Industrial, la expansión imperial europea y territorial estadounidense, la consolidación de los Estados nacionales, la competencia colonial y el desarrollo de nuevas capacidades militares y navales. Conceptualmente predominó la formación de categorías territoriales, marítimas y continentales.

• 1945-1989/1991: geopolítica de la Guerra Fría. En esta etapa el campo se reorganizó alrededor de la bipolaridad, la disuasión y los bloques de poder antagónicos. El contexto incluye la decadencia definitiva de los imperios, acompañado del proceso de descolonización.

• 1989/1991-2016: geopolítica del orden posterior a la Guerra Fría. Con la construcción imaginaria de un mundo unipolar, se amplió hacia la globalización, la identidad, el poder blando y la geoeconomía.

• 2016-actualidad: reconfiguración multipolar contra unipolaridad. La disciplina enfrenta una etapa ampliación conceptual marcada por multipolaridad, tecnología, ecología, reconfiguración de cadenas productivas, energía y ciberespacio.

El año 2016 debe entenderse como un punto de inflexión político e intelectual, vinculado con la elección de Donald Trump, la crisis del consenso globalizador, la expansión de los nacionalismos, la competencia abierta con China y la reorganización de las cadenas económicas y tecnológicas.

El número de autores a considerar, independientemente de la perspectiva que se me aborden, en la historia de la teoría Geopolítica es relevante y cualquier listado contendrá ausencias. Los estudios eidéticos destacan precisamente la necesidad de observar escuelas, periodos, figuras, circulación de ideas y contextos intelectuales, en lugar de estudiar autores como unidades independientes.

Va apretada lista: Teoría clásica: De Friedrich Ratzel, Rudolf Kjellén y Karl Haushofer deberá recuperar el territorio, las fronteras, la posición y la articulación espacial. De Alfred Thayer Mahan, la relación entre poder marítimo, comercio, industria, puertos y rutas. De Halford Mackinder la centralidad estratégica de las masas continentales y las conexiones terrestres. De Nicholas Spykman, la relevancia de las periferias, alianzas y zonas de contención.

La Guerra Fría: De Saul B. Cohen, las regiones, zonas de fractura y escalas geopolíticas. De Henry Kissinger y Zbigniew Brzezinski, el equilibrio, las alianzas, la diplomacia y la competencia por Eurasia. De Yves Lacoste, Paul Claval, Michel Foucher y Philippe Subra, las rivalidades, representaciones, fronteras, actores múltiples y conflictos territoriales.

El presente: De Joseph S. Nye, la dimensión cultural, simbólica y legitimadora del poder. De Alexander Dugin es la expresión de una concepción rusa multipolar y euroasiática. George Friedman debe analizarse desde la prospectiva geopolítica. Parag Khanna puede incorporarse por el estudio de conectividad, corredores e infraestructura. Kishore Mahbubani deberá considerarse en el debate sobre el ascenso asiático y la transformación del orden occidental. Michael Beckley y Hal Brands serán especialmente relevantes porque actualizan la tensión entre Heartland y Rimland mediante capacidades militares, alianzas, redes digitales, cadenas de suministro, minerales críticos, infraestructura, tecnología y capacidad industrial.

Nadie puede realizar un análisis geopolítico completo leyendo solamente a un autor o adoptando una única variable. No se trata necesariamente de aceptar todas las teorías, sino de conocer las preguntas que formularon y entender qué dimensión del poder permite observar cada una, para aproximarse con la mayor objetividad posible al conocimiento de los juegos de poder globales.

Como puede verse existen múltiples aspectos a considerar en un análisis geopolítico. La existencia de visiones unicausales ha llevado a múltiples definiciones de Geopolítica. Florian Louis (¿Qué es la Geopolítica?) enumera de entrada nueve definiciones.

Lo que nos lleva a ver a la Geopolítica con la mente abierta, pues los hechos que estudia son multifactoriales. En consecuencia, no se resuelve mediante una definición breve, sino mediante la reconstrucción de la tradición intelectual que dio contenido al concepto y cambia como se transforma la naturaleza, la vida social y la economía la tecnología y la ciencia.

La geopolítica deberá presentarse como una disciplina histórica y multidimensional cuyo núcleo consiste en estudiar rivalidades de poder vinculadas con espacios estratégicos, en su sentido más amplio y no sólo geográfico. Su finalidad no es describir mapas ni atribuir todos los acontecimientos a la geografía. Su función consiste en explicar cómo actores con capacidades desiguales compiten por territorios, rutas, recursos, infraestructuras, mercados, redes y áreas de influencia. A lo largo de los periodos descritos se muestra que los instrumentos del poder se transforman, pero la competencia permanece.

Se debe distinguir precisamente la geopolítica de la geografía política, la geoestrategia, la geoeconomía y la biogeopolítica, aunque todas ellas se relacionan dentro de un mismo campo de poder. El núcleo histórico de la geopolítica ha sido la búsqueda de equilibrio y superioridad entre potencias. Sin embargo, ese equilibrio no es exclusivamente militar. La capacidad militar constituye una dimensión fundamental, pero depende de condiciones económicas, territoriales, demográficas, tecnológicas, logísticas e ideológicas.

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Durante los últimos años, Morelos ha enfrentado un aumento sostenido en delitos como homicidios, extorsiones, robos y secuestros. Municipios que antes eran considerados tranquilos hoy aparecen de manera constante en los reportes de violencia. Esta situación no solo afecta la seguridad de las familias, sino que impacta directamente en la economía, el turismo, la inversión y la confianza social.

La inseguridad no surge de la nada. Es el resultado de años de abandono institucional, falta de coordinación entre niveles de gobierno y, en algunos casos, la penetración del crimen organizado en estructuras locales. Por ello, enfrentar el problema requiere algo más que operativos temporales: exige una estrategia nacional con enfoque local.

Que Morelos sea sede de una reunión nacional en materia de seguridad tiene un significado profundo. Primero, visibiliza el problema: obliga a las autoridades federales a mirar de frente la realidad del Estado. Segundo, permite coordinar esfuerzos entre la Federación, el Estado y los municipios, algo que históricamente ha fallado.

Estas reuniones no deben quedarse en discursos. Su valor real está en:

•Asignación de recursos federales extraordinarios

•Refuerzo de inteligencia e investigación

•Presencia estratégica de fuerzas federales

•Evaluación directa del desempeño de autoridades locales.

Cuando el problema se discute a nivel nacional, la presión política aumenta y las soluciones dejan de ser opcionales.

Uno de los temas más sensibles en Morelos es la cercanía de procesos electorales. La historia reciente del país demuestra que, en tiempos de elecciones, la delincuencia organizada busca influir en los resultados mediante amenazas, financiamiento ilegal o imposición de candidatos.

Esto representa un doble riesgo: 1.Que el crimen capture gobiernos locales

2.Que la ciudadanía pierda aún más confianza en las instituciones

Por ello, la seguridad no puede separarse del proceso democrático.

¿Cómo controlar a los precandidatos cercanos a la delincuencia?

Este es uno de los puntos más urgentes y menos abordados. Para evitar que personas vinculadas al crimen accedan al poder, se requieren acciones claras y firmes; Filtros reales, no simulados. Los partidos políticos deben aplicar controles estrictos a sus aspirantes, revisando antecedentes financieros, redes de contacto y denuncias públicas. No basta con declarar “no tener antecedentes penales”; intervención de instancias federales.

La Unidad de Inteligencia Financiera, la Fiscalía General de la República y el INE deben colaborar para detectar recursos ilícitos en campañas anticipadas; transparencia obligatoria.

Todo precandidato debe hacer pública:

•Su declaración patrimonial

•Origen de recursos

•Equipo cercano de colaboradores.

La opacidad es el mejor aliado del crimen.

Muchos vínculos entre políticos y delincuencia se conocen a nivel local, pero el miedo impide denunciar. Se necesitan mecanismos reales de protección para ciudadanos, periodistas y activistas.

La seguridad no es solo tarea del gobierno. La sociedad juega un papel clave. Normalizar la violencia o justificarla es permitir que avance. La ciudadanía debe:

•Exigir rendición de cuentas

•Informarse antes de votar

•No apoyar candidatos con “fama” de violentos o corruptos

•Denunciar, aunque sea de forma anónima.

Una democracia fuerte comienza con ciudadanos críticos y participativos.

Morelos no puede solo. Pensar que Morelos resolverá su crisis de seguridad sin apoyo nacional es una ilusión peligrosa. El estado enfrenta grupos delictivos con recursos, armas y redes que superan la capacidad local. Por eso, la reunión nacional debe traducirse en una estrategia permanente, no en visitas esporádicas.

Esto implica:

•Coordinación constante con la Guardia Nacional

•Fortalecimiento de policías municipales

•Depuración real de corporaciones infiltradas

•Programas sociales enfocados en jóvenes en riesgo. Seguridad también es desarrollo.

No puede haber seguridad sin oportunidades. El abandono social es terreno fértil para el crimen. Invertir en educación, empleo y espacios comunitarios es una estrategia de seguridad a largo plazo.

Cada joven rescatado de la violencia es una victoria silenciosa.

Morelos está en una encrucijada. La reunión nacional puede ser un punto de quiebre o una oportunidad desperdiciada. Todo dependerá de que las decisiones se traduzcan en acciones concretas y de que la sociedad no baje la guardia.

La seguridad no es un favor del gobierno, es un derecho. Y hoy, más que nunca, Morelos necesita que ese derecho se defienda con firmeza, transparencia y compromiso real.

La paz no llegará sola. Hay que construirla. ¿No cree usted?

Columna Digital: https://columnadigital.com/vivencias-ciudadanas-morelos-ante-el-reto-de-la-seguridad-la-reunion-nacional-como-una-oportunidad-clave-para-recuperar-la-paz/

El color no sirve únicamente para decorar y hacer que las cosas se vean bonitas. En diseño, uno de sus usos más importantes consiste en organizar información. Nuestro cerebro reconoce mucho más rápido una diferencia cromática que un texto completo. Antes de leer una palabra ya distinguimos si una carpeta es roja, verde o amarilla. Ese reconocimiento casi instantáneo reduce el esfuerzo necesario para localizar información y facilita la toma de decisiones.

No es casualidad que muchas personas utilicen colores para organizar sus archivos físicos o digitales. También ocurre con las etiquetas adhesivas, las agendas, los calendarios e incluso con los separadores de materias en la escuela. El color funciona como un código visual que simplifica tareas cotidianas y nos permite identificar prioridades sin necesidad de revisar los contenidos detenidamente.

Una de las asociaciones cromáticas más difundidas proviene del semáforo. Desde pequeños aprendemos que el rojo significa detenerse o prestar atención, el amarillo invita a prepararse o actuar con precaución, y el verde indica que es posible avanzar. Esa convención cultural ha trascendido el tránsito y hoy aparece en tableros de proyectos, aplicaciones digitales, sistemas de productividad y organización de oficinas. Muchas personas utilizan el rojo para señalar asuntos urgentes, el amarillo para procesos en curso y el verde para tareas terminadas. No existe una regla universal que obligue a hacerlo así, pero la costumbre hace que la mayoría comprenda esos códigos casi de manera automática.

También solemos asociar los colores cálidos con situaciones que requieren mayor atención y los fríos con estados de calma, estabilidad o consulta. Estas relaciones no son absolutas, pero resultan tan frecuentes que terminan facilitando la comunicación cuando se utilizan con coherencia.

Una de las funciones menos visibles del diseño es disminuir el esfuerzo cognitivo. Cuando un sistema de organización utiliza colores consistentes, las personas encuentran más rápidamente lo que buscan, cometen menos errores y recuerdan con mayor facilidad dónde está la información. En otras palabras, el color deja de ser un elemento decorativo para convertirse en una herramienta que organiza el pensamiento.

Por supuesto, el color por sí solo no resuelve todos los problemas de comunicación. Un buen sistema de clasificación también necesita nombres claros, jerarquías bien definidas y estructuras comprensibles. Sin embargo, cuando todos estos elementos trabajan de manera coordinada, el diseño consigue hacer que organizar información resulte casi natural.

La próxima vez que elijan un color para organizar una carpeta o clasificar un documento, recuerden que no están decorando un archivo. Están diseñando una forma de pensar que les permitirá encontrar, comprender y recordar mejor la información. A veces el diseño más importante es precisamente el que pasa inadvertido.

Nos vemos pronto para seguir hablando de diseño.

Columna Digital: https://columnadigital.com/hablemos-de-diseno-el-color-que-organiza-nuestra-vida/

A ello se suma el aniversario de nuestro héroe epónimo, Emiliano Zapata, una fecha que obliga a recordar la lucha por la tierra y por los derechos de quienes menos tienen. Pero precisamente en medio de esta serie de acontecimientos no debemos perder de vista lo que está ocurriendo en el Congreso del Estado: la posibilidad de convocar a un periodo extraordinario para abordar el fideicomiso relacionado con las pensiones. Y aquí vale la pena hacer una advertencia.

Los diputados tienen frente a ellos una enorme responsabilidad. No se trata solamente de aprobar un instrumento financiero o modificar determinadas disposiciones administrativas. Detrás del régimen de pensiones hay personas de carne y hueso que trabajaron durante décadas para tener derecho a recibir una prestación al final de su vida laboral.

Hay trabajadores que entregaron 30, 35 o incluso más años de su vida al servicio público. Personas que cumplieron con sus obligaciones, que hicieron sus aportaciones y que, después de tantos años de trabajo, hoy reciben una pensión que representa su principal sustento. Algunos llevan 20 o 30 años viviendo bajo un determinado régimen. Por eso, cualquier modificación que pueda afectar sus derechos debe analizarse con enorme cuidado.

No se puede legislar pensando únicamente en las necesidades financieras del gobierno o en resolver un problema administrativo. Tampoco se puede pretender que quienes ya cumplieron con los requisitos para jubilarse carguen con las consecuencias de decisiones que no tomaron.

El Congreso debe ser particularmente cuidadoso con la posibilidad de modificar el régimen de pensiones para quienes ya tienen derechos reconocidos. Una cosa es discutir hacia adelante cómo debe funcionar el sistema para las nuevas generaciones de trabajadores y otra muy distinta es cambiar las reglas del juego para quienes ya trabajaron durante décadas y construyeron su derecho bajo determinadas condiciones.

Y aquí es donde los ciudadanos tenemos que estar pendientes. No sería extraño que, aprovechando que la atención pública está concentrada en otros asuntos, un tema de enorme importancia pudiera avanzar rápidamente en el Congreso. No afirmo que eso necesariamente vaya a ocurrir, pero sería irresponsable no mantener los ojos abiertos.

Porque en política, como en el fútbol, a veces los goles entran cuando la defensa está distraída. Y los diputados deben saber que la ciudadanía está observando.

El asunto de las pensiones no puede resolverse en lo oscurito, ni mediante prisas legislativas, ni con decisiones que después sean presentadas como hechos consumados. Se requiere información clara, debate público y, sobre todo, escuchar a los trabajadores y jubilados que podrían resultar afectados.

Los legisladores fueron electos para representar a los ciudadanos, no para sorprenderlos. Y hay algo más que deberían tener presente quienes integran el Congreso: estamos caminando hacia el proceso electoral de 2027. Cada decisión que se tome ahora tendrá una lectura política posteriormente.

Los jubilados y pensionados también votan. Sus familias votan igualmente. Los trabajadores en activo también votan. Y detrás de cada pensionado existe una historia laboral, una familia y una comunidad que conoce perfectamente lo que significa haber trabajado durante décadas para obtener una seguridad económica al final de la vida. Por eso, si alguien pretende modificar las condiciones bajo las cuales miles de morelenses reciben sus pensiones, tendrá que explicar con absoluta claridad qué se pretende cambiar, a quién beneficia, a quién perjudica y por qué.

No basta decir que se trata de salvar las finanzas públicas. Si existe un problema financiero, hay que explicarlo y buscar soluciones. Pero una solución no puede consistir simplemente en trasladar el costo a quienes ya cumplieron con su parte.

Emiliano Zapata nos dejó una frase que sigue teniendo vigencia: “La tierra es de quien la trabaja”. Hoy podríamos decir que los derechos laborales también son de quien los ha construido con su trabajo. Por eso, mientras Morelos enfrenta sus problemas y la atención pública se dispersa entre una emergencia y otra, no debemos olvidar lo que está en el camino.

Hay que estar atentos al Congreso.

Hay que revisar qué se pretende aprobar.

Hay que exigir transparencia.

Y, sobre todo, hay que impedir que un asunto tan delicado como las pensiones se convierta en un madruguete legislativo, porque si los diputados creen que pueden “meter gol” aprovechando que todos están mirando hacia otro lado, deben recordar que los ciudadanos también saben jugar este partido.

Y en 2027, seguramente, habrá quienes recuerden perfectamente quién defendió sus derechos y quién decidió modificarlos. ¿ No cree usted?

Columna Digital: https://columnadigital.com/vivencias-ciudadanas-que-no-nos-metan-gol-con-las-pensiones/

En los últimos años ha vuelto a cobrar fuerza el debate sobre el llamado “derecho de las audiencias”. En principio, nadie podría estar en contra de que los ciudadanos reciban información de calidad, diferenciando claramente los hechos de las opiniones y exigiendo responsabilidad a los medios de comunicación. Ese es un objetivo legítimo. El problema aparece cuando, bajo ese argumento, se abre la puerta para que el poder político determine qué puede decirse, cómo debe decirse o quién decide si una información es correcta o incorrecta.

La historia demuestra que los gobiernos, independientemente de su ideología, suelen sentirse incómodos frente a la crítica. Ningún gobernante disfruta que se exhiban sus errores, sus omisiones o sus contradicciones. Por eso, cada vez que surge una iniciativa para regular el contenido de los medios de comunicación, es natural que aparezcan preocupaciones legítimas sobre el riesgo de convertir esa regulación en un instrumento de control.

La libertad de expresión no fue concebida para proteger los discursos que agradan al poder. Al contrario, nació para garantizar que las voces incómodas también puedan ser escuchadas. Si únicamente se permitieran las opiniones que coinciden con la versión oficial, dejaríamos de hablar de libertad para entrar en el terreno de la censura, aunque ésta se presente con nombres más amables o jurídicamente más elaborados.

El derecho de las audiencias debe servir para fortalecer al ciudadano, no para fortalecer al gobierno. El público tiene derecho a recibir información plural, diversa y contrastada. Tiene derecho a cambiar de estación, apagar el televisor, dejar de seguir un medio o buscar otras fuentes cuando considere que una información no le satisface. Esa capacidad de elegir es, precisamente, una de las mayores expresiones de libertad.

En una sociedad abierta no corresponde al gobierno decidir qué periodista es objetivo, qué comentario resulta aceptable o qué análisis debe considerarse correcto. Esa responsabilidad pertenece a la sociedad misma, al debate público y al juicio de los ciudadanos.

La pluralidad de medios y de opiniones puede resultar incómoda. Habrá excesos, errores e incluso información incorrecta que deberá ser rectificada cuando corresponda. Pero el remedio nunca puede ser sustituir el criterio de millones de personas por el de una autoridad, porque las autoridades cambian, los gobiernos pasan y las leyes pueden modificarse, pero los derechos fundamentales deben permanecer.

México conoce bien el costo de haber vivido durante décadas con medios condicionados por el poder político. Muchos recuerdan una época en la que la crítica era limitada, la publicidad oficial premiaba la obediencia y castigaba la independencia, y en la que el acceso a distintas versiones de los hechos era prácticamente imposible.

Recuperar espacios de libertad costó años de esfuerzo, de reformas y, sobre todo, de periodistas que enfrentaron presiones para ejercer su trabajo. Por eso resulta indispensable analizar con serenidad cualquier propuesta relacionada con el derecho de las audiencias. La protección de los ciudadanos nunca debe convertirse en un pretexto para limitar el trabajo periodístico ni para inhibir la crítica.

Una democracia madura necesita medios responsables, pero también independientes. Necesita periodistas que puedan investigar sin temor y ciudadanos capaces de distinguir entre información, opinión y propaganda.

La mejor defensa contra la desinformación no es la censura. Es una ciudadanía mejor preparada, con educación, pensamiento crítico y acceso a múltiples fuentes de información. Mientras más voces existan, más difícil será que una sola versión de la realidad se imponga.

La libertad de expresión no pertenece a los periodistas ni a los concesionarios de radio y televisión. Pertenece a toda la sociedad. Cuando se limita el derecho de un comunicador a informar, también se limita el derecho del ciudadano a conocer diferentes versiones de los hechos.

Las democracias fuertes no le temen a la crítica; la aceptan como parte de su funcionamiento. Los gobiernos verdaderamente seguros de sus acciones responden con argumentos, con resultados y con transparencia, no con mecanismos que puedan interpretarse como formas de control.

Defender la libertad de expresión y el derecho de las audiencias no son causas opuestas. Son principios complementarios que deben convivir en equilibrio. El reto consiste en proteger al ciudadano sin debilitar la independencia de los medios, porque cuando la libertad de informar se reduce, también comienza a reducirse la libertad de todos, que es precisamente lo que ciertos intereses políticos en el poder buscan coartar.

¿No cree usted?

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La realidad es que la ciudadanía ha visto pasar a los mismos dirigentes, a los mismos operadores, a los mismos discursos. Y, con frecuencia, las mismas promesas rotas. Cambian de partido, de colores, de aliados, pero los rostros son los mismos. Y con eso es muy difícil recuperar la confianza.

En Morelos se necesita una oposición que deje de mirarse en el espejo de los partidos y empiece a mirarse en la sociedad. La verdadera renovación no vendrá únicamente de los partidos. Tiene que surgir de la sociedad civil, y mientras esto no suceda será imposible un verdadero liderazgo. Estamos cansados de que los partidos no tengan autoridades, sino propietarios, y que estos los manejen como si fueran negocios propios. La verdad es que los partidos se han convertido en negocios que mantiene el Estado con el dinero de la ciudadanía.

Por eso tiene que salir el nuevo liderazgo de las universidades, empresarios, profesionistas, campesinos, jóvenes y gente que todos los días trabaja y construye el Estado sin depender de un cargo público. Eso no significa hacer desaparecer a los partidos, pero sí aceptar que ya no son los únicos vehículos de la política. Y menos aún si insisten en encerrar la renovación dentro de los mismos círculos de poder que los llevaron al descrédito. La elección de 2027 no sólo pondrá en juego cargos. Pondrá a prueba la confianza. Y esa confianza no regresará si se siguen presentando los mismos rostros. Quizá la mayor enseñanza es que reconstruir la oposición no significa repartir candidaturas, sino reconstruir la credibilidad. Y para eso se necesita abrir espacios, permitir que nuevas voces con prestigio propio participen, y entender que el objetivo no puede ser únicamente ganar una elección, sino fortalecer la democracia. Porque una oposición fuerte no beneficia solamente a quien no gobierna. Beneficia a todo el Estado. Y, en Morelos, ésa sí que es una tarea urgente.

Esta semana será cada día más interesante. Ayer vino la senadora panista Josefina Vásquez Mota, para una reunión con 20 personajes de Cuernavaca, y más adelante con la presentación de un libro de su autoría y sobre todo nos dio una información fundamental para los padres de la academia Bengin, a donde nos señaló como el crimen está infiltrando a los niños y adolecentes en la pornografia para llevarlos a la trata de blancas.

Se siente ya el inicio del proceso electoral, todo mundo está muy puesto para que lo tomen en cuenta y ha salido una serie de personajes que gastan a lo tonto para ver si consiguen un boleto o un cargo aunque sea pequeño, como el de regidor.

El problema es que esos personajes sólo dañan más la figura tan echada a perder por los políticos. La política es maravillosa en esencia, lástima que exista en este país una serie de irredentos ignorantes que creen que gastar y juntarse con un grupo ya los hace políticos.

Nada más vea usted los nuevos nombres, porque a los demás ya estamos acostumbrados; la verdad es que tienen una autoestima muy alta y no se dan cuenta de qué hacen ahí, lo que quieren es ver si de chiripa les toca algo de elección popular.

Podemos ver en este momento cómo los políticos se rompen la crisma por llegar a un cargo, y ya se pusieron a dieta, dejaron de beber y se convierten en hermosos “mártires” para servir al pueblo; al menos eso creen, porque de todas formas se les nota que traen cola de intereses personales.

La política en nuestro estado está cada día peor. Nada más hay que ver la claridad de quienes nos gobiernan y su conocimiento de su función; hay pocos que la cubren, y algunos dan pena, pero de todas maneras no entienden y quieren “sacrificarse” por nosotros los ciudadanos. Qué pena. ¿No cree usted?

Columna Digital: https://columnadigital.com/vivencias-ciudadanas-el-nuevo-proceso-electoral/

La reacción más común, que también he visto en redes sociales, es decir que "la inteligencia artificial generativa diseña todo igual". Sin embargo, creo que esa afirmación merece matizarse. El problema no está en la herramienta, sino en cómo la estamos utilizando.

La inteligencia artificial generativa produce imágenes con una velocidad impresionante. En cuestión de segundos puede generar ilustraciones, fotografías simuladas o composiciones gráficas que hace apenas unos años habrían requerido horas de trabajo. Pero producir una imagen no es lo mismo que diseñar, una imagen es un resultado, el diseño es un proceso.

Diseñar implica comprender un problema de comunicación antes de buscar una solución visual, como hemos hablado en otras columnas. Significa preguntarse quién recibirá el mensaje, qué información debe comprender primero, qué emoción queremos provocar, cuál es el contexto cultural del público y qué medio será el más adecuado para comunicar. Es un proceso de análisis, síntesis y toma de decisiones indispensable y que no desaparece por el seguimiento de una nueva herramienta.

Curiosamente, la inteligencia artificial generativa ha visibilizado una habilidad que las y los diseñadores hemos desarrollado desde hace décadas: formular correctamente el problema de comunicación. Quien escribe un buen prompt necesita definir con claridad qué quiere comunicar, qué tono busca, qué estilo conviene y cuáles son las características de la imagen que necesita, pero sobre todo comprender a quien se dirige la comunicación, lo que es muy complejo. En otras palabras, antes de pedir una imagen hay que pensar y reflexionar, lo que es, precisamente, una de las bases más importantes del proceso de diseño.

Muchas de las imágenes que hoy vemos en redes sociales fueron creadas por personas que no contrataban un servicio profesional de diseño, o no tenían tiempo ante la premura de compartir la información. Antes utilizaban plantillas prediseñadas y ahora emplean inteligencia artificial generativa. En realidad, no sustituyeron a quien diseña profesionalmente, sino que cambiaron de herramienta para resolver una necesidad inmediata de comunicación. Esto ocurre especialmente en publicaciones con intencionalidad política o de micro empresas, donde la rapidez para producir contenidos suele ser más importante que desarrollar una identidad visual consistente.

Eso no significa que el diseño profesional haya perdido valor o pueda ser sustituido por una herramienta digital, al contrario. Conforme aumenta la cantidad de imágenes generadas automáticamente, se vuelve más evidente la diferencia entre una imagen atractiva y una estrategia de comunicación bien construida, es decir que se revaloriza el diseño. Una imagen puede llamar la atención durante unos segundos, mientras que un diseño profesional busca que el mensaje sea comprendido, recordado y genere la respuesta esperada a partir de la intención comunicativa.

Existe, por supuesto, un riesgo real. Si millones de personas utilizan los mismos modelos generativos, los mismos estilos y las mismas referencias visuales, es probable que comencemos a consumir imágenes cada vez más parecidas. Ese fenómeno demuestra que el diseño sigue siendo necesario para introducir contexto, identidad, diferenciación y sentido para provocar una comunicación efectiva.

De la misma manera que disponer de un procesador de textos no convierte automáticamente a una persona en novelista, tener acceso a una inteligencia artificial generativa tampoco convierte a cualquiera en diseñadora o diseñador. Las herramientas evolucionan, pero lo más importante para el diseño es que la capacidad de analizar problemas, comprender a las personas y construir mensajes significativos sigue siendo profundamente humana.

Quizá el mayor cambio que traerá la inteligencia artificial generativa sea obligarnos a explicar, por fin, qué significa realmente diseñar. Porque la inteligencia artificial generativa puede producir imágenes extraordinarias, pero el diseño continúa siendo la disciplina que les da intención, contexto y significado.

Nos vemos pronto para seguir hablando de diseño.

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La respuesta, quizá incómoda para muchos, es que no serán los mismos personajes de siempre.

Durante años hemos visto desfilar a dirigentes partidistas que cambian de discurso según la conveniencia del momento. Son los mismos nombres, los mismos grupos, las mismas disputas internas y las mismas prácticas que llevaron a los partidos tradicionales a perder la confianza ciudadana. Hoy pretenden regresar como si nada hubiera ocurrido, convencidos de que basta con señalar los errores del gobierno para recuperar el respaldo popular.

No parece ser así. La sociedad mexicana ha cambiado profundamente. El ciudadano ya no vota solamente por colores o por siglas. Observa trayectorias, compara resultados y castiga la incongruencia. Quien alguna vez prometió combatir privilegios y terminó beneficiándose de ellos difícilmente podrá presentarse como el rostro de una nueva oposición.

Ese es el gran problema. La oposición quiere renovarse, pero continúa apostando por los mismos liderazgos que la llevaron al descrédito.

Los partidos políticos deben aceptar una realidad que durante mucho tiempo se negaron a reconocer: la confianza se perdió. Y la confianza no se recupera con campañas publicitarias, discursos encendidos o alianzas improvisadas. Se recupera con credibilidad, y la credibilidad comienza por abrir espacio a nuevos perfiles.

México necesita una oposición, sí. Pero una oposición distinta.

No una oposición dedicada únicamente a descalificar al gobierno en turno, sino una capaz de presentar propuestas viables, construir acuerdos y defender causas ciudadanas. Una oposición que represente a quienes producen, trabajan, estudian, investigan y sostienen diariamente al país.

Por ello, el liderazgo difícilmente surgirá de las estructuras tradicionales de los partidos. Tendrá que venir de la sociedad civil.

De universidades, empresarios, académicos, organizaciones sociales, jóvenes, profesionistas, investigadores, campesinos, trabajadores y ciudadanos que nunca han hecho de la política un modo de vida. Personas cuya autoridad provenga de su trabajo y de su prestigio, no de los cargos acumulados durante décadas.

No significa desaparecer a los partidos. En una democracia siguen siendo indispensables. Pero sí significa entender que dejaron de ser los únicos intérpretes de la voluntad ciudadana. Hoy existen organizaciones, colectivos y movimientos sociales capaces de representar causas que los partidos abandonaron hace tiempo.

Mientras los dirigentes partidistas sigan creyendo que ellos solos pueden encabezar la reconstrucción de la oposición, seguirán hablando entre ellos mismos. El ciudadano común observa desde fuera con indiferencia, cuando no con desconfianza.

Y esa desconfianza tiene razones.

Muchos de quienes hoy buscan convertirse nuevamente en referentes políticos fueron parte de gobiernos cuestionados, protagonizaron divisiones internas o simplemente desaparecieron cuando la ciudadanía más necesitaba una defensa firme de sus derechos.

La renovación exige generosidad. Exige que algunos den un paso al costado para permitir el surgimiento de nuevas generaciones y de nuevos liderazgos.

Porque el objetivo no debe ser rescatar partidos políticos. El objetivo debe ser fortalecer la democracia.

Una oposición fuerte no es enemiga del gobierno; es aliada del país. Señala errores, propone soluciones y obliga a gobernar mejor. Cuando la oposición desaparece o pierde legitimidad, también pierde la ciudadanía, porque desaparecen los equilibrios indispensables para cualquier sistema democrático.

Quizá ese sea el verdadero reto de los próximos años. No reconstruir una alianza electoral, sino reconstruir la confianza pública.

Y esa confianza no se compra, no se decreta y tampoco se hereda. Se gana.

Si los partidos entienden ese mensaje, todavía podrán desempeñar un papel importante en el futuro político de México. Si insisten en presentar los mismos rostros, repetir los mismos discursos y proteger los mismos intereses, la sociedad continuará buscándolos... pero solamente para recordarles por qué dejó de creer en ellos.¿ no cree usted?.

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La historia demuestra que los gobiernos siempre encuentran buenas razones para justificar mayores controles. Hablan de combatir la desinformación, de evitar campañas de odio o de proteger a la población. Sin embargo, la línea que separa la regulación de la censura suele ser muy delgada. Cuando el poder político adquiere la facultad de decidir qué puede decirse y qué no, el riesgo de abuso es evidente.

Los medios de comunicación, con todos sus aciertos y errores, cumplen una función indispensable. Informan, cuestionan, investigan y sirven como un contrapeso frente al ejercicio del poder. Lo mismo ocurre con las redes sociales, que hoy representan un espacio donde millones de ciudadanos expresan opiniones, denuncian irregularidades y participan en el debate público. Limitar esos espacios significa reducir la capacidad de la sociedad para vigilar a quienes gobiernan.

Si realmente existe preocupación por la calidad de la información pública, el primer paso debería ser fortalecer la transparencia desde el propio gobierno. La información oficial debe ser clara, verificable y completa. Los funcionarios tienen la responsabilidad de hablar con precisión, evitando declaraciones ambiguas que generan incertidumbre y confusión.

Un ejemplo reciente es la forma en que el Secretario de Finanzas se ha referido al tema de las pensiones, señalando que las decisiones dependerán de “lo que digan los líderes”. Las preguntas son inevitables: ¿Cuáles líderes? ¿Quiénes los reconocen? ¿A quién representan? En asuntos que afectan los derechos de miles de trabajadores y jubilados no caben las generalidades ni las frases imprecisas. La ciudadanía merece nombres, representaciones claras y explicaciones completas. Hablar en abstracto puede ser una estrategia política conveniente, pero no contribuye a construir confianza. Por el contrario, alimenta la sospecha y deja espacio para interpretaciones que podrían evitarse con información puntual y verificable. La transparencia comienza por llamar a las cosas por su nombre.

Resulta paradójico que se pretenda regular con mayor severidad lo que publican periodistas, analistas y ciudadanos, mientras los propios funcionarios continúan realizando declaraciones que muchas veces carecen de datos suficientes, contexto o precisión. La exigencia de responsabilidad debe ser para todos, empezando por quienes ejercen el poder público. Una democracia sólida no teme a las preguntas incómodas ni a las críticas. Las acepta porque entiende que el debate abierto fortalece a las instituciones. Intentar controlar el flujo de información rara vez produce gobiernos más eficaces; generalmente produce ciudadanos más desconfiados.

El derecho a la información no pertenece a los medios de comunicación, sino a la sociedad. Es el ciudadano quien tiene derecho a conocer distintas versiones de los hechos, a contrastar opiniones y a formar su propio criterio. Nadie debería decidir por él qué puede leer, escuchar o compartir.

La mejor respuesta frente a la desinformación no es la censura, sino más información, más transparencia y mayor rendición de cuentas. Los gobiernos democráticos deben convencer con argumentos, no imponer silencios mediante regulaciones que puedan convertirse en instrumentos de control político.

Defender la libertad de expresión no significa estar de acuerdo con todo lo que se publica. Significa reconocer que una sociedad libre necesita voces diversas, incluso aquellas que incomodan al poder. Porque cuando comienza a limitarse el derecho de unos a expresarse, tarde o temprano el derecho de todos termina estando en riesgo. ¿No cree usted?

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La cifra confirma el acelerado cambio climático del planeta a una velocidad que supera la capacidad de adaptación de muchas sociedades. Los océanos almacenan niveles récord de calor, el nivel medio del mar continúa elevándose y la concentración de gases de efecto invernadero sigue aumentando. Algunos de estos procesos persistirán durante siglos, incluso si las emisiones disminuyeran de manera inmediata.

Con frecuencia se asocia esta crisis con imágenes de glaciares que desaparecen o especies en peligro de extinción. Sin restar importancia a esos fenómenos, el impacto más inmediato se mide en términos humanos. Sequías prolongadas comprometen la producción de alimentos; inundaciones destruyen infraestructura crítica; incendios forestales desplazan comunidades enteras; olas de calor saturan los sistemas de salud y reducen la productividad económica. El cambio climático ya no representa únicamente un desafío ambiental: se ha convertido en un problema de seguridad alimentaria, estabilidad económica, salud pública y gobernabilidad.

Paradójicamente, mientras la ciencia acumula evidencias con una precisión cada vez mayor, buena parte de las decisiones políticas continúa respondiendo a horizontes de corto plazo. Las inversiones necesarias para acelerar la transición energética suelen enfrentarse a intereses económicos inmediatos, mientras que los beneficios de actuar se perciben en décadas. Esa diferencia de tiempos explica, en buena medida, por qué el conocimiento avanza más rápido que las respuestas institucionales.

La OMM advierte que el calentamiento de los océanos y el aumento del nivel del mar tendrán efectos que persistirán durante cientos de años. No significa que el destino esté escrito, pero sí que algunas consecuencias ya forman parte de nuestra realidad. Cada año de retraso incrementa el costo económico, social y humano de la adaptación.

Conviene evitar tanto el alarmismo como la indiferencia. El primero paraliza; la segunda resulta irresponsable. La historia demuestra que la humanidad ha superado enormes desafíos cuando ha sido capaz de reconocerlos a tiempo. Sin embargo, ninguna sociedad puede resolver un problema cuya magnitud decide ignorar.

El cambio climático dejó de ser un asunto exclusivo de científicos, ambientalistas o gobiernos. Determinará la disponibilidad de agua, el precio de los alimentos, los movimientos migratorios, la infraestructura de nuestras ciudades y la competitividad de las economías durante las próximas décadas. En otras palabras, hablar del clima es hablar del futuro de nuestra propia organización social.

El debate y la discusión académica obligan a preguntarnos: ¿estamos preparados para enfrentar sus consecuencias? Tristemente, la respuesta es no, por los intereses geopolíticos y económicos de la industria de los combustibles fósiles y su gran poder político, como el de las empresas del petróleo, gas y carbón, y la dependencia energética de muchos países que han detenido su inversión en energías limpias, reorientando su gasto al equipamiento armamentístico para enfrentar conflictos armados que generan emisiones masivas de carbono.

Tal vez la lección más importante de los recientes informes científicos sea también la más incómoda: el planeta no está esperando nuestras decisiones para transformarse. Lo seguirá haciendo con o sin acuerdos, con o sin discursos, con o sin calendarios políticos. La diferencia radica en si decidimos anticiparnos a esa transformación o limitarnos, una vez más, a contabilizar sus consecuencias. © 2026 Imagen - Excélsior. Todos los derechos reservados. El contenido de este sitio y de la edición impresa está protegido por la Ley Federal del Derecho de Autor. Prohibida la reproducción total o parcial sin autorización previa y por escrito. El material de terceros conserva sus propios derechos.

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¿Por qué la mentira? ¿Por qué se ha vuelto tan fácil ofrecer una versión de los hechos que poco tiene que ver con la realidad? ¿Por qué quienes ejercen el poder parecen pensar que los ciudadanos aceptarán cualquier explicación, por contradictoria que resulte? Son preguntas que millones de mexicanos se hacen todos los días.

Basta observar la realidad cotidiana. Los ciudadanos despiertan con noticias de hechos violentos, accidentes, desapariciones y problemas de seguridad. En Morelos, como en muchas otras entidades, la percepción de inseguridad forma parte de la vida diaria.

Las familias escuchan de nuevos homicidios, de robos y de hechos que generan preocupación. Sin embargo, con frecuencia el discurso oficial presenta un panorama muy distinto, como si las cifras y la experiencia cotidiana hablaran de dos estados completamente diferentes.

Ese contraste es precisamente el origen de la desconfianza. No se trata únicamente de discutir porcentajes o estadísticas. Los datos son importantes, desde luego, pero aún más importante es la credibilidad. Cuando una autoridad afirma que todo mejora mientras la población percibe lo contrario, el problema deja de ser solamente la inseguridad y se convierte también en una crisis de confianza.

Los gobiernos tienen la obligación de informar con claridad, incluso cuando las noticias no son buenas. Gobernar no significa ocultar problemas ni presentar una realidad maquillada. Significa reconocer las dificultades, explicar qué está ocurriendo y, sobre todo, ofrecer soluciones. La ciudadanía es mucho más madura de lo que algunos creen. Puede comprender que existen desafíos complejos, pero difícilmente perdonará sentirse engañada.

La mentira produce un efecto devastador: rompe el vínculo entre gobernantes y gobernados. Una vez perdida la confianza, cualquier anuncio oficial comienza a ser recibido con escepticismo. Aunque posteriormente exista información verdadera, el daño ya está hecho porque la duda se instala como una reacción natural.

Desde hace siglos, pensadores como Nicolás Maquiavelo fueron interpretados como defensores de la idea de que el fin justifica los medios. Esa lectura ha servido para que muchos políticos crean que cualquier recurso es válido con tal de conservar el poder. Sin embargo, una democracia moderna no puede sostenerse sobre ese principio. La legitimidad de un gobierno depende tanto de sus resultados como de su capacidad para hablar con honestidad a los ciudadanos.

Ninguna estrategia de comunicación puede ocultar indefinidamente la realidad. No se puede tapar el sol con un dedo. Las calles, las colonias, los comercios y las familias viven diariamente las consecuencias de las decisiones públicas. Esa experiencia pesa mucho más que cualquier campaña publicitaria o cualquier discurso cuidadosamente elaborado.

En Morelos conocemos bien esa sensación. Cuando la realidad contradice el mensaje oficial, la distancia entre gobierno y sociedad crece. Y esa distancia termina afectando todo: la participación ciudadana, la confianza en las instituciones y hasta la esperanza de que las cosas puedan mejorar.

La política es una actividad noble cuando se ejerce con responsabilidad. Es el instrumento mediante el cual una sociedad organiza su presente y construye su futuro. Pero pierde su esencia cuando sustituye la verdad por la propaganda y la información por el maquillaje de los hechos.

Los ciudadanos no necesitan gobiernos perfectos. Necesitan gobiernos sinceros. Nadie espera que desaparezcan todos los problemas de un día para otro. Lo que sí se espera es que exista transparencia para reconocerlos y voluntad para enfrentarlos. La verdad puede ser incómoda, incluso dolorosa, pero siempre será un mejor punto de partida que cualquier mentira.

Quizá ha llegado el momento de recuperar el valor de la honestidad en la vida pública. De exigir que las cifras reflejen la realidad, que los discursos correspondan a los hechos y que la comunicación gubernamental deje de ser un ejercicio de convencimiento para convertirse en un verdadero ejercicio de rendición de cuentas.

Porque una sociedad informada puede participar, exigir y colaborar. Una sociedad engañada solamente acumula frustración, enojo y desencanto. Y cuando la mentira se convierte en costumbre, la democracia comienza a debilitarse. Por eso, más allá de partidos o ideologías, la verdad debería volver a ser el principal compromiso de quienes aspiran a gobernar. Sin ella, la política deja de servir a los ciudadanos y termina sirviéndose únicamente a sí misma. ¿No cree usted?

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En Morena, todo indica que la contienda interna se ha reducido prácticamente a dos figuras. Por un lado, el senador Víctor Mercado, quien desde hace tiempo mantiene una presencia constante en el escenario político estatal. Por el otro, la diputada federal Megui Salgado, quien también ha construido una estructura importante y aparece como una de las aspirantes con mayores posibilidades. Se menciona además al ex panista Javier Bolaños, al que algunos identifican como el perfil impulsado desde el gobierno estatal, aunque su eventual candidatura todavía genera dudas.

En el papel, Morena continúa apareciendo como el partido con mayor fuerza electoral. Sin embargo, una cosa son las encuestas y otra muy distinta el ánimo ciudadano. La percepción de inseguridad sigue siendo uno de los principales factores que pueden modificar el comportamiento del electorado y en Cuernavaca sigue siendo muy alto.

Los hechos de los últimos días vuelven a colocar ese tema en el centro del debate. Los desmembramientos de cuatro ciudadanos registrados recientemente; la balacera ocurrida el fin de semana pasado en las inmediaciones de la estación y Plan de-Ayala; y los homicidios que continúan registrándose prácticamente todos los días, contrastan con el discurso oficial que insiste en que la violencia ha disminuido. Cuando la experiencia cotidiana de la población no coincide con los mensajes gubernamentales, el costo político suele ser elevado.

No basta con afirmar que los indicadores mejoran, o que todos los días están pendientes las autoridades de la inseguridad; eso no importa si la ciudadanía sigue sintiendo miedo al salir a las calles. Esa diferencia entre la estadística oficial y la percepción social puede convertirse en uno de los principales desafíos electorales para Morena durante los próximos meses. A ello se suma otro asunto que ha generado un amplio rechazo: la discusión sobre el futuro de las pensiones y jubilaciones de los trabajadores del estado. La propuesta de modificar el sistema ha despertado preocupación entre miles de jubilados que consideran que los derechos adquiridos no pueden alterarse después de décadas de servicio.

Los trabajadores argumentan que sus pensiones fueron ganadas con años de esfuerzo y cotizaciones, mientras que el gobierno sostiene que enfrenta una complicada situación financiera. Sin embargo, desde la óptica ciudadana, resolver los problemas económicos de la administración corresponde precisamente a quienes hoy ocupan los cargos públicos. Esa responsabilidad difícilmente puede trasladarse a quienes ya concluyeron su vida laboral.

En la oposición, también comienzan a definirse los escenarios. En el PAN, Daniel Martínez Terrazas aparece como uno de los perfiles más sólidos para disputar la alcaldía de Cuernavaca. Su partido mantiene una estructura importante en la capital y buscará conservar uno de sus principales bastiones políticos. También sobresale Andy Gordillo, quien ha demostrado capacidad electoral al obtener el respaldo ciudadano en dos ocasiones dentro del Segundo Distrito. Su experiencia representa un activo importante para Acción Nacional en la estrategia rumbo a 2027.

Por otra parte, Morena tampoco tendrá un camino sencillo en el Primer Distrito. Diversos nombres han sido mencionados, aunque algunos analistas consideran que ciertas decisiones políticas recientes podrían complicar su posicionamiento frente a determinados sectores del electorado.

Mientras tanto, otra figura que comienza a ganar presencia es Matías Nazario. Desde el Partido Verde ha intensificado su actividad política y no son pocos quienes consideran que buscará seriamente la Presidencia Municipal de Cuernavaca. Su experiencia administrativa y legislativa le permite competir con conocimiento del terreno político y seguramente dará una batalla importante durante el proceso interno y, eventualmente, en la elección constitucional.

En el PRI, por el contrario, todavía persisten las interrogantes. No termina de definirse si la candidatura recaerá en Lucy Meza, o Jorge Meade. Esa falta de definición puede convertirse en una desventaja frente a partidos que llevan varios meses posicionando públicamente a sus aspirantes.

Mientras tanto, el gobierno estatal enfrenta un desgaste que no puede ignorarse. La gobernadora mantiene una intensa agenda de trabajo y recorre diariamente distintos municipios. Sin embargo, la percepción ciudadana es que varios integrantes de su equipo no están ofreciendo los resultados esperados. Cuando las respuestas institucionales no llegan al mismo ritmo que las demandas sociales, el desgaste político termina alcanzando a toda la administración.

Conforme avance el calendario y se definan las candidaturas hacia septiembre, el margen de maniobra del gobierno también comenzará a reducirse. Es una constante en la política mexicana: conforme se acerca una elección, la capacidad de influencia del Ejecutivo disminuye y la atención pública se concentra cada vez más en quienes aspiran a suceder o disputar el poder. A ello se suma un fenómeno preocupante. Aunque la ley electoral prohíbe los actos anticipados de campaña, prácticamente todos los aspirantes realizan actividades de promoción política. Mientras tanto, tanto el INE como el Impepac son señalados por diversos actores de actuar con excesiva tolerancia frente a estas conductas. Cuando las reglas existen pero no se aplican de manera uniforme, la confianza ciudadana en las instituciones electorales también se debilita.

La batalla por Cuernavaca apenas comienza. Todavía falta mucho camino por recorrer y pueden surgir nuevos protagonistas. Sin embargo, una cosa parece clara: la inseguridad, el desgaste gubernamental y las decisiones que se tomen en materia de pensiones podrían convertirse en factores determinantes para definir quién conquistará la capital morelense en 2027. Porque, al final, en política no siempre gana quien empieza adelante, sino quien logra convencer a una ciudadanía cada vez más crítica y exigente. ¿No cree usted?

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Con frecuencia pensamos que una fiesta temática consiste únicamente en decorar un espacio o elegir un color predominante. Sin embargo, detrás de una experiencia bien lograda existe un proceso mucho más complejo. El diseño no organiza solamente objetos; organiza significados y experiencias comunes que se guardan en la memoria.

La decoración construye el ambiente; la música marca el ritmo emocional de la convivencia; los alimentos refuerzan la narrativa; el vestuario convierte a los asistentes en parte de la historia que se convierte en memoria; las galletas personalizadas, los recuerdos y hasta la forma de presentar la comida mantienen la coherencia del concepto. Incluso la participación, como bailar, deja de ser algo espontáneo y se vuelve parte de una experiencia cuidadosamente diseñada. Cada elemento comunica.

Aquí aparece una disciplina poco conocida: el diseño de experiencias. Su propósito no es crear un objeto aislado, sino coordinar múltiples elementos para provocar determinadas emociones y construir recuerdos duraderos. Pero esta experiencia también involucra otra área fundamental: el diseño de ambientes. La distribución del espacio, la iluminación, el sonido, la decoración, los materiales, las texturas y los objetos que rodean a las personas generan una atmósfera que influye en la manera en que percibimos el lugar. Un mismo salón se transforma por algunas horas en un escenario y, con cada fiesta temática, el mismo espacio es distinto; es decir, el espacio se flexibiliza y dinamiza para generar experiencias diferentes. No porque el espacio haya cambiado físicamente, sino porque el diseño transformó nuestra forma de interpretarlo. Cada fiesta temática demuestra que un mismo lugar puede adquirir significados completamente distintos según la experiencia que se diseñe.

Lo más interesante es que ninguna de estas decisiones funciona por separado. Si la música fuera clásica, la comida japonesa y la decoración tropical, probablemente la experiencia perdería coherencia. El éxito de una fiesta temática depende de que todos los elementos cuenten la misma historia y estén coordinados hasta en el más mínimo detalle.

En diseño llamamos a esto coherencia comunicativa. Cuando todos los estímulos apuntan en la misma dirección, nuestro cerebro deja de percibir objetos aislados y comienza a experimentar un ambiente completo, es decir, un diseño de experiencias.

Quizá por eso recordamos algunas reuniones durante años. No porque hubiera un centro de mesa bonito o porque la comida fuera excelente, sino además porque todo parecía pertenecer al mismo universo. Durante unas horas aceptamos las reglas de ese pequeño mundo y nos convertimos en parte de él. Son una de las capacidades más fascinantes del diseño: transformar un espacio cotidiano en un lugar donde las personas construyen recuerdos. Lo que permanece en la memoria es la experiencia vivida y compartida que el diseño fue capaz de construir.

Nos vemos pronto para seguir hablando de diseño.

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El escurrimiento de sangre se derrama por laderas de colonias y poblados en el estado de Morelos. Crímenes sin resolver. Violaciones, estrangulamientos, desapariciones forzosas y desmembramientos, ocurren a plena luz del día. Más de 40 mujeres en los últimos tres meses han desaparecido. Han dejado a sus familias. Simplemente ya no están. El gobierno de Cuauhtémoc Blanco a destacado por su absoluta ineptitud en el esclarecimiento de estos homicidios de mujeres que aparecen a diario mutiladas y embolsadas en plena vía pública.

Las muertas de Morelos es un capítulo de nuestra realidad en la entidad. Las mujeres en pleno estado de indefensión alzan la voz, se manifiestan y reclaman a las autoridades detener las atrocidades cometidas a su género. Y a pesar de este clima de violencia son sometidas por las policías municipales con mayor violencia, como los hechos ocurridos hace unos días con un colectivo de mujeres en La Paloma de La Paz.

El año pasado la cifra total de feminicidios cometidos en territorio estatal fue de al menos 77 de acuerdo con la Comisión Independiente de Derechos Humanos (CIDH), organización civil que reportó que durante el arranque de este año los indicadores de violencia contra la mujer no han disminuido y siguen siendo los mismos. Mientras que de acuerdo con las cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en el 2021 se cometieron 107 feminicidios.

En los primeros tres meses de 2022, según cifras oficiales, se han cometido casi 40 crímenes, lo que pone al descubierto las limitaciones en materia de prevención y persecución del delito. Peor aún, el 80 por ciento de los asesinatos no están aclarados y menos hay detenidos. Ni la Fiscalía General de Justicia del estado, a cargo de Uriel Cármona Gandara ni la Comisión Estatal de Seguridad Pública muestran el seguimiento de cada denuncia. No hay seguimiento de los hallazgos y menos aún resultados en torno a las pesquisas o líneas de investigación.

Mientras tanto, Isela Chavez, presidenta de la organización” Mujer Nunca Permitas” en Morelos, estableció: Que en la entidad matan a una mujer cada tres días, sin embargo, no toda la culpa la tiene el gobierno porque muchas de estos asesinatos son cometidos, por el primer círculo de confianza de la mujer.

“Ya basta, nos están matando, nos están violando, nos están desapareciendo”, advirtió Isela Chavez, quien refirió que el colectivo de mujeres que preside, recibe un sin número de casos que están siendo atendidos en coordinación con algunas autoridades estatales para detener esté fenómeno que crece en la entidad.

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